El Instituto Politécnico Nacional (IPN) atraviesa por una de las crisis más severas en su economía, los motivos son los altos salarios que reciben los funcionarios de la institución, el burocratismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para devolver los recursos autogenerados y el bajo presupuesto otorgado a la educación por el gobierno de Vicente Fox, quien en el 2000 prometió la autonomía financiera de la institución.

Los cinco mil 928 millones de pesos asignados para subsidiar al organismo público, que imparte educación gratuita a 175 mil jóvenes en los niveles medio y superior, no son suficientes para cubrir las urgencias como el acondicionamiento de las escuelas, avance en los proyectos de investigación y la compra de equipo que permita una enseñanza de calidad a los alumnos.

Por ello, los 200 millones de pesos que genera anualmente la comunidad politécnica representan un modo de sobrevivencia en los primeros cuatro meses de año, mientras Hacienda lleva a cabo la tramitología correspondiente para entregar los recursos asignados a por la federación.

Sin embargo, el dinero generado por los politénicos en la asistencia que ofrecen las carreras de medicina, odontología, biología e ingenierías, además de la venta de tinta indeleble que se utiliza en los comicios, no puede ser utilizado por los mismos trámites burocráticos que lleva a cabo Hacienda para registrarlos y posteriormente devolverlos.

En el 2000, el presidente Vicente Fox había prometido la autonomía financiera del IPN. No obstante, el ofrecimiento no ha sido cumplido. Por el contrario, a partir de entonces, la SHCP exige anualmente a las autoridades politécnicas los recursos que forman parte del patrimonio que produce la comunidad politécnica.

Miguel Ángel Correa Jasso

Ante esta problemática y a dos meses de terminar su gestión, Miguel Ángel Correa Jasso, director general del IPN, continúa la lucha por recuperar la “autonomía” que el gobierno de Vicente Fox quitó de sus manos, cuando la SHCP comenzó a exigir la entrega de los recursos generados por la segunda institución educativa a nivel superior más importante en México.

“El poli era autónomo en todo, hasta el año 2000, con el nuevo gobierno las cosas cambian. Todo se derrumbó porque empezamos a trabajar en un marco de normas muy diferentes, donde el Politécnico no estaba capacitado, ni preparado para enfrentar esa normatividad; de ahí tantos tirones y peleas con Hacienda de que no me quites los autogenerados, que antes se le dejaban, porque se le definía en los hechos como autónomo”, asevera Correa Jasso.

En su oficina tapizada en madera, alfombrada y con una pequeña sala cubierta en piel, Correa Jasso señala que los 200 millones que genera el IPN no son suficientes para cubrir las urgencias en infraestructura y los avances en investigación, pero significan “la salvación para que el poli siga funcionando, cuando no hay recursos fiscales”.

Actualmente, la institución, fundada por el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1936, tiene la capacidad de autogenerar hasta 500 millones de pesos anuales con los servicios que otorgan a la comunidad.

Sin embargo, el también ex investigador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, denuncia que hay un “desaliento” de los investigadores para crear e involucrase en nuevos proyectos, ya que los recursos que generan estas actividades, tienen que ser entregados a la SHCP.

Por ello, Correa Jasso, ex director de la Escuela Superior de Economía (ESE), añora las administraciones priistas en las que “el poli vivía como todas las universidades autónomas, las escuelas podían vivir, y sobre todo se invertía dinero en gastos de operación, se pagaban salarios y se compraban los insumos de los laboratorios”.

Al reclamo se suma el secretario administrativo del IPN, Rubén Vílchis Melgarejo, quien explica que “nosotros creemos que la obligación que nos ha impuesto Hacienda de devolver los autogenerados no está debidamente fundamentada porque, según nuestra Ley Orgánica vigente, somos un órgano desconcentrado del gobierno federal, pero tenemos patrimonio propio y personalidad jurídica, al tener estas atribuciones no tendríamos obligación de devolver los recursos”.

Vilchis Melgarejo advierte que el presupuesto federal asignado a la institución no alcanza porque se ocupa más del 80 por ciento en el pago de salarios a personal académico, administrativo, mandos medios y superiores.

De acuerdo con la información proporcionada en la página de transparencia del IPN, de los cinco mil 928 millones de pesos otorgados este año para el funcionamiento de la institución, el 85 por ciento se destina al pago de nómina, cinco mil 29 millones 518 mil 164 pesos; 0.02 por ciento, 141 millones 412 mil 164 pesos a materiales y suministros; 0.08 por ciento, 449 millones 866 mil 934 pesos a servicios generales; 0.01, 57 millones 61 mil 428 pesos a ayudas y transferencias y el 0.04 por ciento, 250 millones 668 mil 256 pesos para bienes e inmuebles.

Con todo esto y a casi tres años de haberse generado la crisis financiera por la tramitología que lleva a cabo la SHCP, las autoridades hacendarias declararon no contar con información oficial al respecto.

Por lo que el área de comunicación social señaló que debían ubicar quién podría ser el funcionario que manejara el tema, ya que carecían de un vocero oficial y los mandos superiores se encontraban ocupados en los eventos de la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional.

La otra cara
A la burocracia de Hacienda se suma el reproche a la administración correista de recibir salarios que se equiparan a los de un secretario de Estado, según denuncia Antonio Jiménez Sánchez, profesor de la ESE por casi de 20 años.

Jiménez Sánchez acusa a Correa Jasso de “contribuir al estancamiento en la investigación y vida académica, violar constantemente las condiciones generales de trabajo del personal docente y de apoyo, además de desvío de recursos”.

Asevera que entre las causas que merman la economía politécnica se encuentran los salarios de los mandos medios y superiores que ascienden a 146 mil 257, Dirección General; 112 mil 864 pesos, para cada uno de los seis secretarios; 85 mil 858 pesos, coordinadores generales y directores de área; 43 mil 541 pesos, subdirecciones y jefaturas de división y 25 mil 989 pesos para jefes de departamento.

En contrapartida, dice, los sueldos que reciben los profesores en sus distintas clasificaciones son: Titular “A” de 40 horas, 11 mil 45 pesos; titular “A” de 30 horas, 8 mil 283 pesos; titular “A” de 20 horas, 5 mil 522 pesos y técnico en informática, 7 mil 463 pesos.

Así, inmiscuida en números, riñas y acusaciones, la educación queda en segundo término, tanto para las autoridades gubernamentales, como las de la propia institución.