Fortunato Álvarez Enríquez recomendó en el 2002, después de una auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), regresar a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte créditos ilegales por 37 mil millones de pesos.

Álvarez Enríquez era el responsable del órgano de control interno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que dependía de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), a cargo de Francisco Barrio.
En entrevista, Fortunato reflexiona:

“Fue una oportunidad de conocer una época muy difícil para el país, que en mi concepto personal no se manejo adecuadamente. Efectivamente, hubo una crisis financiera, pero no se hizo el rescate, ni los apoyos financieros, con transparencia. Hubo mucha discrecionalidad, mucho aprovechamiento ilegítimo de mucha gente”.

--¿Eso es lo que se pretende evitar ahora en el IPAB?

--Se debió haber evitado desde entonces, es algo que yo lo remarqué muy puntualmente en todos mis informes.

Álvarez Enríquez lamenta la decisión de la Suprema Corte de no descontar a Banamex los créditos ilegales que se detectaron hasta que no se resuelva otro amparo por el que los bancos objetan, precisamente, que el IPAB haga esas revisiones.

“Yo lamento esa decisión de la Suprema Corte, pero a final de cuentas son aspectos jurídicos. Pero real y documentalmente hay instrumentos y elementos para hacer que los bancos realmente absorban esas irregularidades”, afirma.

El presidente Vicente Fox, interpuso una controversia constitucional para saber si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede realizar esas auditorías y emitir ordenamientos.

La ASF, que depende del Congreso de la Unión, también hizo una auditoría al rescate bancario y encontró irregularidades por alrededor de 64 mil millones de pesos, a precios actuales. En el 2002, Álvarez Enríquez dio vista de su revisión a la ASF.

--¿Es incorrecta la posición del Ejecutivo?, ¿debería reconocer que la ASF tiene facultades para hacer la revisiones al rescate bancario?

--Mi opinión personal es que esto debe transparentarse. Deben darse todas las facilidades y los mecanismos para que se transparenten las operaciones, y si se comprueban las irregularidades, que se acepten.

Creo que el pueblo de México requiere cuando menos una explicación completa de lo que pasó.

“Pero creo que el fondo de todo esto es disminuir el costo fiscal y combatir la impunidad, que debe desaparecer de la función publica”.

Roberto González Barrera

--En el caso de Banamex, estamos hablando de Roberto Hernández; en el de Bancomer, de Eugenio Garza Lagüera; en el de Bital, de Antonio del Valle, y en el de Banorte, Roberto González Barrera…

--Ellos son las cabezas, pero son muchos socios que hay ahí que se aprovecharon.

Banamex y Bancomer, que son las dos instituciones de crédito más grandes del país, “vendieron a extranjeros (Citigroup y BBVA) las acciones de los bancos que capitalizó el pueblo de México”, sin beneficios para el país ni para los mexicanos.

La auditoría
Álvarez Enríquez fue subsecretario y secretario general de Gobierno de Baja California; director general de Issstecali y diputado federal en la LVII Legislatura, antes de que el titular de la Secodam, Francisco Barrio, lo nombrara el 1 de junio de 2001 responsable del órgano de control interno del IPAB.

Poco tiempo duró en el cargo, casi un año; de manera inexplicable renunció el 30 de junio de 2002. Se especuló que el motivo se debió al escándalo que provocó con la auditoría al Fobaproa y el malestar de los banqueros.

Pero él asegura que ni lo despidieron ni lo obligaron a renunciar, sino que tuvo la oportunidad de regresar a su tierra y a su casa cuando se le ofreció ser delegado del IMSS en Mexicali, su actual trabajo.

La auditoría de Álvarez al Fobaproa considera conceptos específicos relacionados con las reservas de los bancos, los créditos relacionados y los intereses moratorios. Encontró irregularidades por alrededor de los 37 mil millones de pesos del 2002.

Los rescates más importantes, de acuerdo con esa auditoría, son los de Banamex y Bancomer.

Fobaproa entregó a Banamex recursos por 15 mil millones de pesos a cambio de su cartera vencida. De esta cantidad, 2 mil millones correspondían a intereses moratorios que no debió asumir el Fobaproa, de acuerdo con la circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1991.

Se le dio un “trato preferencial” al permitirle disminuir las reservas mínimas a las que se había comprometido. Banamex negó tener créditos relacionados y, sin embargo, Álvarez los detectó en el caso del grupo Sidec-Situr por casi 2 mil millones de pesos. Y es que el accionista principal de este grupo, José Martínez Güitrón, era consejero propietario de Banamex.

Las irregularidades encontradas a Banamex sumaron 5 mil 300 millones de pesos, que a precios del 2002 se convirtieron en 17 mil 600 millones.

Bancomer

Con respecto a Bancomer, el Fobaproa adquirió cartera vencida por 15 mil 600 millones de pesos, consintiendo la integración de intereses moratorios. El comité técnico del Fobaproa le permitió reservas menores.

Álvarez Enríquez también encontró créditos relacionados a favor de empresas del grupo de Martínez Güitrón por 702 millones de pesos. La cartera chatarra endosada al Fobaproa fue por 2 mil 700 millones de pesos. En total, se detectaron irregularidades por 5 mil 630 millones de pesos, que a valor del 2002 son 18 mil 400 millones de pesos.

En el caso de Bital, Fobaproa le compró cartera vencida por 7 mil 390 millones de pesos. También registró intereses moratorios por 70 millones de pesos. El banco tampoco cumplió con el monto de reservas acordado.

A diferencia de Banamex y Bancomer, no presentó créditos relacionados. Las irregularidades detectadas fueron por 314 millones de pesos, que a valores del 2002 sumaron 986 millones.

El caso de Banorte, en realidad, no resultó relevante. Los montos encontrados de apoyos irregulares eran de alrededor de 70 millones de pesos.

Cuatro grandes
En su auditoría, Álvarez recomienda “iniciar las gestiones ante las citadas instituciones bancarias para que se apliquen los ajustes en las obligaciones de pago a cargo del Instituto y se instruya al área jurídica para que evalúe y ejerza las acciones legales pertinentes que se pudieran determinar”.

Además de los créditos ilegales, hay otras irregularidades que la auditoría consideró y cuya sanción económica falta por evaluar. Por ejemplo, ni Banamex ni Bancomer no calificaban para ser rescatados. “En efecto, dice, tenían suficiente capital de trabajo para no haber requerido apoyos financieros”.

Para hacer su auditoría, Álvarez tomó en cuenta la revisión que hizo el auditor canadiense Michael Mackey al rescate bancario, contratado por la Cámara de Diputados. “Yo corroboré y revisé también los balances tanto de Banamex como de Bancomer y mis observaciones coinciden con la de Mackey”.

Sin embargo, las ilegalidades encontradas por él son diferentes, en monto, a las registradas por el Auditor Superior de la Federación, que las ubica en alrededor de 64 mil millones de pesos. Álvarez Enríquez explica que se debe a que este último tomó conceptos, actualizaciones y valores distintos.

Los créditos ilegales por 37 mil millones de pesos que detectó Álvarez son resultado de la revisión a un tramo del rescate por 200 mil millones de pesos, pero todavía hay otro tramo de 500 mil millones que se destinaron a rescatar bancos que ya desaparecieron y que poco se sabe de su manejo y de las irregularidades que se cometieron.

“Sí”, enfatiza, “hay muchísimas demandas que se pusieron, denuncias penales inclusive, civiles y mercantiles de mucha gente. Eso dice ahí en materia de la revisión de las liquidaciones de Banca Cremi, de Banca Unión, de Bancrecer, de Banco del Centro, de todos los bancos que desparecieron, etcétera”.

--¿Está pendiente esta tarea?

--Queda pendiente el seguimiento. Definitivamente no ha acabado. Pero esa información ahí la tienen en el IPAB.

--Por su auditoría, ¿el IPAB sabe lo que pasó con esos 500 mil millones de pesos?
--Sí, así es.

--¿Qué pasa con los bancos? ¿Por qué piensa usted que se resisten a que se haga efectivo el Quinto transitorio de la ley del IPAB para que se les hagan las auditorías?

--Obviamente, porque derivado de la revisión del IPAB hay elementos para que se reduzcan los montos de los pagarés y en el intercambio que tiene que hacerse derivado del cumplimiento del Quinto transitorio, los bancos se resisten porque pretenden que el canje se haga por los mismos montos y en las mismas condiciones.

--Como si no hubiera irregularidades.

--Así es. Ellos se sustentan en las auditorias de Mackey que, dicen ellos, son las que ordena el Quinto transitorio y Mackey, sostienen, no encontró irregularidades.

--Encontró operaciones reportables
Álvarez se ríe: “Eso es parte de la discusión de lo que se considere reportable e irregular o ilegal, cosa que habría que irse a las enciclopedias para ver los términos semánticos”.

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Créditos ilegales, la puntita nada más

Si bien la atención pública se ha centrado en los créditos ilegales de los bancos, existen peores irregularidades en el rescate bancario, de acuerdo con las revisiones al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que en su momento hicieron el canadiense Michael Mackey; Fortunato Álvarez, de la Secodam, y la ASF.

El IPAB, empero, deberá considerarlas en la revisión que el Congreso ha planteado hacer a las instituciones de crédito previa a la implementación al artículo Quinto transitorio de la ley del IPAB.
Estas son:

--Banamex y Bancomer, debido a su alta capitalización, no calificaban, según los “bank reports” del auditor Michael Mackey, para participar en el programa de capitalización y compra de cartera del Fobaproa. En ese mismo documento se señala que Banamex hizo un pago de dividendos a pesar de que no lo permitían las reglas del programa.

--El Fobaproa, por ley, tampoco debía pagar los intereses moratorios de los créditos que absorbió, y lo hizo.

--Las irregularidades que detectó la ASF por 50 mil millones de pesos, a valor presente, son parte de los 200 mil millones de pesos del programa de compra de cartera del Fobaproa.

Pero se desconoce qué hay de los otros 500 mil millones de pesos del rescate, sobre los cuales poco se sabe de las irregularidades que se cometieron. Estos recursos prácticamente se perdieron, porque muchos de los bancos que se rescataron ya no existen, pero la auditoría del IPAB puede revelar qué pasó y cuáles podrían ser las responsabilidades en caso de existir.

A este alcance que pudieran tener las revisiones del IPAB a las instituciones de crédito, se oponen Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, porque generan -indicaron en su comunicado del 13 de agosto pasado-- “una extraordinaria incertidumbre dada la impresión y amplitud de su términos”.

El IPAB, además, deberá conciliar las tres revisiones que en su momento hicieron al Fobaproa el auditor Mackey, a petición de la Cámara de Diputados; el contralor interno del IPAB -dependiente de la entonces Secodam-, Fortunato Álvarez, y la del Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.

EL IPAB, de hecho, así se lo planteó en la revisión que iba a realizar en el 2002 -y por la cual se ampararon las instituciones de crédito- conocida como GEL: “una revisión de gestión, de existencia y de legalidad”.

En virtud de circunstancias y objetivos diferentes, los montos de las irregulares que detectaron las tres revisiones independientes también lo son:
--Los créditos reportables de Mackey, que sumaron 70 mil millones de pesos, tienen que ver no sólo con Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, sino con todos los bancos “rescatados”.

Este auditor, habiendo mencionado que su reporte no era una auditoría, reconoció que su trabajo no había sido completo porque, tanto los bancos como las autoridades, no le permitieron el acceso a toda la información necesaria.

--Álvarez Enríquez detectó irregularidades por 37 mil millones de pesos a valor presente, que incluye principalmente intereses moratorios, un concepto que se denomina “perdón por adhesión”, créditos doble A (detectados por Mackey) y créditos relacionados.

--La ASF detectó créditos irregulares que, a valor presente, suman 64 mil millones.

De acuerdo con el interés del Congreso de la Unión, el IPAB tendrá qué considerar, además, el impacto económico que tendrán las ilegalidades que se cometieron en el Fobaproa al absorber créditos de bancos que no estaban calificados para ser rescatados y los intereses moratorios de las carteras de las instituciones de crédito.