La descomposición del tejido social en México permitió la conformación de una industria particularmente organizada que hizo del secuestro una fuente generosa de recursos para quienes participaron en ella hasta los primeros meses del 2001.

De febrero de 2001 a junio de este año, las bandas delictivas llegaron a exigir un total de 3 mil 740 millones 317 mil 200 pesos, acumulados en 264 casos de secuestro denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La coordinación entre la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR y el Área Antisecuestros de Inteligencia Militar redujo 95 por ciento el monto de las exigencias económicas de estas bandas delictivas, que sólo recibieron 194 millones 227 mil 461 pesos del total demandado.

Pero con este golpe judicial al crimen organizado los grupos delictivos regresaron a sus raíces. Así, el robo de valores y asaltos bancarios, a camiones de carga, robo de vehículos, a casa habitación y a transeúnte se disparó en el país en los últimos meses con altos índices de violencia, según un informe de la AFI, fechado el 14 de julio de 2003.

José Luis Santiago Vasconcelos

El titular de la UEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, dice en entrevista que para llegar al secuestro hubo en los delincuentes un proceso evolutivo que inició con el robo a transeúntes y casas habitación, con un fuerte incremento en la carga de violencia y riesgo.

Asegura que los autores intelectuales de los secuestros son regularmente profesionistas que vieron una oportunidad de obtención de recursos cooptando a los agentes operativos del delito, quienes se encuentran cercanos a las víctimas, de las que comúnmente conocen hábitos y montos económicos que manejan.

La PGR opera en función de la negociación entre las partes como base fundamental para obtener los datos que permitan hacer eficaz la detención de los autores intelectuales del delito. De esta manera, se otorgan beneficios a los eslabones más débiles de la cadena delictiva, precisa Vasconcelos.

Además, para enfrentar la corrupción de jueces que incurren en la liberación de delincuentes, la PGR desarrolló una estrategia jurídica llamada “de remache”, la cual consiste en acusar al presunto secuestrador simultáneamente en tres juzgados distintos, por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, lo que impide que las componendas no penetren a toda la estructura jurídica y se garantice, por lo menos, 20 años de prisión.

La Unidad de Manejo de Crisis de la PGR ha atendido en lo que va del año 90 casos de secuestro y ha logrado la detención de 46 personas que conformaban ocho bandas.

En la primera mitad del sexenio se han integrado 364 fichas criminales y 402 registros de voz de negociadores. La desarticulación de 29 bandas ha traído consigo la captura de 181 presuntos secuestradores.

La AFI señala en su informe que bajo el esquema de la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial se desmembraron 13 bandas en Tlaxcala, Morelos, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Actualmente están identificadas, investigadas y perseguidas ocho bandas dedicadas al secuestro en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal.

Secuestro y guerrilla
Entre las bandas identificadas está el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el cual financia sus actividades guerrilleras con el secuestro y a cuyos miembros se les ha observado mayor seguridad, organización y menos violencia en el trato hacia sus víctimas y en la negociación en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde tienen mayor presencia.

Avances en materia policial

En Tecoanapa y Ayutla de los Libres, Guerrero, fueron detenidos seis integrantes del ERPI que habían participado en actos de secuestro. Dos de sus víctimas fueron Miguel Flores Gatica y Juan Dimayuga Canales. La actividad del grupo guerrillero fue calificada por la PGR, como “de alto impacto”.

Al ERPI le fueron aseguradas 12 armas de fuego, nueve largas y tres cortas; 2 mil 146 cartuchos de diferentes calibres, principalmente para fusil AK-47; 11 cargadores para armas de diferentes calibres; cuatro uniformes tipo militar; un teléfono satelital, y un comunicado fechado el 7 de marzo de 1999.

Industria a la baja
En la práctica del pedir y el dar, la industria del secuestro en México llevó las de perder en el 2001, cuando la exigencia de más de mil 544 millones de pesos, se redujo a 78 millones; en el 2002, de mil 54 millones 250 mil pesos, se pagaron 57 millones, y en 2003 han sido demandados por los secuestradores 564 millones 71 mil pesos, de los cuales sólo se les entregaron 26 millones 754 mil 100.

La alta incidencia en materia de secuestros obligó a las autoridades judiciales a conformar una triple alianza para acabar con el crimen organizado. A la fecha, éstas calculan una disminución de 50 por ciento en la incidencia de esta industria delictiva.

Avances en materia policial