Al poco tiempo se habló de varios cargos en su contra: malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, entre otros, por los que fue encarcelado en noviembre de 1993 y llevado a Consejo de Guerra.

El general brigadier José Francisco Gallardo contrató para su defensa al único abogado civil capaz de enfrentar a las autoridades militares: Félix Garza, que logró para él una serie de amparos que le valieron su traslado a una prisión civil y finalmente su excarcelación, al demostrarse que los delitos eran fabricados, previa recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno y ejército mexicanos por irregularidades en el proceso judicial.

El del general Gallardo es quizá el caso más evidente de las irregularidades ejercidas dentro del sistema de justicia militar, de las que hablan algunos especialistas.

En opinión del doctor Omar Darío Ariza, autor del libro Justicia militar y sus inconstitucionalidades, en un Estado en que se habla de democracia los asuntos penales que involucran a los militares deben ser ventilados en juzgados civiles, a fin de que no se presenten irregularidades que burocraticen un proceso judicial: “Como sucede en los tribunales militares, donde se continúa con prácticas antiguas que no fortalecen la legitimidad de la justicia penal militar, como el que todos los involucrados en un proceso se rijan por una misma línea de mando”.

La directriz hacia la que apunta la designación de juzgador y juzgado por el mismo mando, agrega el abogado y miembro del Centro Internacional de Criminología, implica la inexistencia de garantías para el procesado, al no existir independencia entre jueces y fiscales.

Y resume: “La justicia castrense no es objetiva, sino subjetiva. Y, sobre todo, carente de lugar en un Estado de derecho”.

General incómodo
Francisco Gallardo acepta que trastocó un orden, pero no el legal, dice, sino el que impera de manera tácita dentro del círculo castrense, y pagó un alto precio por ello: ocho años y tres meses en habitaciones de prisión y entre pasillos de juzgados, de militares y civiles. De los primeros, enumera enésimos casos de mandos inferiores al suyo, y muchos de la tropa, que no podían pagar un defensor y se apegaban a los designios de la defensoría de oficio, que por ellos hizo muy poco, casi nada.

“Los mandos medios y la tropa sujetos a juicios no tienen los elementos suficientes para su defensa ni las pruebas, y mucho menos la posibilidad de demostrar probable inocencia. En los juzgados militares se encubren violaciones y trastocamiento al orden jurídico por parte de los altos mandos.”

La ausencia de pruebas, el lento trámite de solicitudes para revisiones, el retraso de audiencias son citadas por Gallardo como las principales causas que desvirtúan los procesos judiciales dentro del ámbito militar.

Subordinar al ejército
Para acabar con las irregularidades en las que incurre el ejército en materia de impartición de justicia, alega el general brigadier, la autoridad civil debe subordinarlo, “anclarlo en el cauce constitucional y hacerlo respetuoso de las leyes, porque la defensa nacional no es un asunto exclusivo de los militares, sino de todos los mexicanos”.

Para José Luis Píneyro, experto en asuntos militares y seguridad nacional, aunque desde la administración zedillista comenzaron los procesos judiciales en contra de militares con alto grado (Jesús Gutiérrez Rebollo, Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo), en México aún no se puede confiar en la aplicación de la justicia militar, por su dependencia total y directa del secretario de la Defensa Nacional.

Pineyro, conferencista del Centro de Estudios Navales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, señala la urgencia de reformar el sistema de justicia militar, y agrega que en el caso de delitos como el narcotráfico, contra la salud o violaciones a los derechos humanos, es decir, que involucran de manera directa a la población en general, éstos debían llevarse ante las autoridades civiles.

“El público debe saber el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El sistema judicial militar requiere de una profunda reforma en la que los jueces, magistrados y ministerios públicos actúen con apego a derecho, de forma imparcial y objetiva, porque hay crímenes que superan las jurisdicciones territoriales”, concluye.

Consejos de Guerra a militares del 2000 a la fecha
Delito	Número
Abuso de autoridad	15
Abuso de autoridad causando la muerte	3
Homicidio	33
Lesiones	12
Abandono de servicio	24
Falsificación	8
Delitos contra la salud	21
Inhabilitación y desobediencia	2
Insubordinación causando lesiones	31
Insubordinación	4
Robo	22
Extravío de lo perteneciente al ejército	2
Infracción de deberes especiales de aviadores, causando daños	3
Deserción en actos de servicio	14
Cohecho	9
Fraude y malversación	26
Infracción de deberes militares a los que están obligados a servir en el ejército	10
Homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad	4
Violencia contra las personas causando homicidio	4
Venta de armas de fuego sin licencia	2
Daños a propiedad ajena	1
Allanamiento de morada	5
Abuso sexual	1
Uso de documentos falsos	1
Violencia contra un vigilante	3
Falsedad de declaraciones judiciales	3
Desobediencia	3
Extorsión	1
Atentados al pudor y deserción	1
Retención de haberes	1
Violación a la Ley General de Población (transporte de extranjeros en el país)	1
Ejercicio indebido de servicio público	1
Merodeo	1
Lesiones simples	1
Lesiones por culpa	1
Insubordinación con vías de hecho causando la muerte del superior	1
Lesiones calificadas	1
Deserción por abandono de plaza	1
Lesiones culposas	2
Homicidio culposo	2
Robo calificado de mariguana	1
Encubrimiento del delito de homicidio	1
Homicidio simple	3
Homicidio en riña	1
Abandono de comisión	3
Deserción	1
Robo simple	1
Abandono de servicio y lesiones	1
Homicidio imprudencial	3
Cómplice de robo calificado	1
Violación	1
	Total 299
Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional