Los altos mandos del ejército no confían en la justicia militar. Enjuiciados, en distintos momentos de su proceso, los generales José Francisco Gallardo, Francisco Quirós Hermosillo y Jesús Gutiérrez Rebollo buscaron la defensa de un abogado civil, rechazando el beneficio a uno militar, como lo marca el Código de Justicia Militar, y eligieron a Félix Francisco Garza Martínez, quien habla de las fisuras del sistema de justicia castrense.

-¿Por qué los generales no creen en la justicia militar?
-Porque la conocen -dice de forma simple y llana.

Garza Martínez señala que en México la justicia militar se aplica de manera parcial y está llena de fisuras e irregularidades, ya que somete a su fuero únicamente a elementos que le son incómodos a los altos mandos. El principal obstáculo, agrega, es que responde a una línea de mando y de grados, sujeta a la intención del secretario de la Defensa Nacional.

“Lo usual en los juicios es que los altos mandos utilicen a los militares de baja graduación como testigos de las imputaciones que hacen contra los militares de alto rango. Tenientes, subtenientes, mayores y hasta capitanes declaran en contra de sus superiores. Nunca he visto a un general declarar en contra de otro general.”

Jueces ignorantes y arbitrarios
Basta una simple acusación o insinuación, o que un militar con alto grado señale a un mando inferior que le resulte incómodo para que la Procuraduría de Justicia Militar inicie una averiguación previa y dicte auto de formal prisión en contra del inculpado. El delito no importa.

El proceso de los generales

Dentro de la prisión, al detenido se le asigna un defensor de oficio (por lo regular con el grado de mayor) para que lleve adelante la defensa en uno de los seis juzgados que se ubican ex profeso en la Ciudad de México.

En los juzgados militares ningún juez cuenta con el grado de general brigadier, indispensable para cumplir dicha función, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, con lo que los mismos magistrados violentan la ley.

Los jueces castrenses son, en opinión de Garza, parte de una fórmula creada para dictar condena, aun cuando los abogados defensores aporten las pruebas necesarias para probar una posible inocencia.

“Los jueces militares son personas que ignoran, por un lado, lo que es el derecho y, por otro, los procedimientos; amén de que es común que dicten resoluciones de poca monta, delitos que no pueden trascender a un año, porque los que trascienden a más son puestos ante un Consejo de Guerra. Los jueces militares solamente confeccionan condenas.”

Aunque esta falta de conocimiento en materia del derecho es un punto a favor de aquellos abogados que, desafiando a la autoridad militar, llevan el caso de sus defendidos más allá del dominio de las fuerzas castrenses y tramitan amparos en el ámbito federal, dice el especialista en fuero de guerra.

“Los errores cometidos en los tribunales militares casi siempre se corrigen en los colegiados, donde se conceden los amparos a los militares quejosos, al quedar claro que la sentencia dictada en el fuero militar no fue la correcta.”

Abogado insumiso
Reconocido en el medio como un abogado audaz. Para él las autoridades castrenses representan únicamente un grado de respeto, pero “nunca de sumisión y jamás de avasallamiento”, enfatiza orgulloso.

Durante 27 años ha enfrentado a los miembros del círculo hermético que integran el sistema de justicia militar. Las discrepancias las resume en un razonamiento tajante:

“Diferimos porque los universitarios tenemos la característica de poseer una mente abierta y no una mente cuadrada. Yo no respeto ni lo que me diga el presidente de la República ni lo que me diga el presidente de la Corte, porque mi trabajo es poner en tela de juicio toda disposición de autoridad. Y los militares no lo hacen, no pueden contravenir su línea de mando.”

Francisco Garza Martínez

La afrenta más fuerte de Félix Francisco Garza Martínez hacia la justicia castrense se dio cuando acudió a litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos, para acreditar que en contra de su defendido, el general José Francisco Gallardo, se habían cometido diversas violaciones a los derechos humanos contenidas en el Tratado de San José: persecución, acoso, difamación y una campaña de hostigamiento.

Por primera vez el Ejército Mexicano fue puesto en el banquillo de los acusados en una corte internacional, a partir del incumplimiento de la recomendación emitida en febrero de 1997 por la CIDH para la liberación de Gallardo.

Narcogenerales
Preso desde 1997 en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, acusado de su presunta vinculación con el Cartel de Juárez, el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo es otro de los clientes de Félix Francisco Garza, quien tomó su caso en el mismo año de su detención.

La defensa del general de división Francisco Quirós Hermosillo, acusado de delitos contra la salud (preso desde octubre de 2000), también está a su cargo desde agosto del 2001. Aunque en noviembre pasado un Consejo de Guerra dictó una sentencia de 16 años de prisión, Garza sigue al frente de la defensa del general al que diversas organizaciones civiles imputan por lo menos 20 desapariciones forzadas en el estado de Guerrero.

El abogado de los generales, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, no hace ninguna diferencia entre sus clientes: “Cada caso tiene características que los hacen únicos y especiales”.

“Mi trabajo ha sido acreditar que mis defendidos no son penalmente responsables, aun cuando se haya cometido un delito, robo, violación o lo que sea: acreditar que la persona que yo defiendo no realizó la conducta de la cual está siendo acusada.”

El Código de Justicia Militar vigente data de 1934, y fue decretado por el entonces presidente sustituto Abelardo L Rodríguez, sin haber pasado por el Poder Legislativo para su aprobación, lo que en opinión de los especialistas le da el carácter de inconstitucional.

Al respecto, Garza añade: “Tenemos una ley penal militar que es inconstitucional. No obstante que los propios militares lo primero que juran es respetar la Constitución, se integran a una institución cuyas leyes se basan en la inconstitucionalidad.

“Es aberrante que todos los jueces, procuradores, agentes del Ministerio Público, policías judiciales militares, policías militares, directores de prisión, defensores de oficio, peritos y hasta los auxiliares de la justicia militar dependan del secretario de la Defensa.

“Yo secretario te voy a procesar, te meto en mi cárcel, te acuso con mi Ministerio Público y te defiendo con mi defensor de oficio. Entonces es ilegal privar de la libertad a cualquier militar, basándose en un código de justicia inconstitucional.”
Los delitos más comunes dentro del ejército son, en orden de frecuencia: malversación de fondos o bienes, robo, delitos contra la salud y la deserción. Inculpar a un militar por esta última, concluye Garza Martínez “son pendejadas”.