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A 31 años
del decreto, la reserva, que va desde San Quintín, hasta
la zona lacandona, ha perdido 70 por ciento de su extensión
original, debido a la tala de árboles y los asentamientos
humanos.
Las pérdidas
son irreparables, admite Mauro Valle, director de Áreas
Naturales del Instituto de Historia Natural y Ecología
del gobierno chiapaneco. “El 80 por ciento de la fauna silvestre
está en peligro de desaparecer debido a la deforestación”.
La explotación
de Montes Azules data de 1850. Grandes cargamentos de maderas
preciosas eran traficados todos los días hacia Europa.
En el siglo XX, Luis Echeverría declaró la zona
como reserva ecológica, ya habían sido desmontadas
2 millones 100 mil hectáreas, destinadas al cultivo de
maíz, y actividades ganaderas.
Actualmente la
tierra se desmonta para pastizales en la cría de ganado
y para la siembra de maíz, frijol y café. En extensiones
de hasta dos kilómetros se construyen potreros para dos
o tres cabezas de ganado, difíciles de vender por la
falta de caminos. San Quintín, el poblado más
cercano para su comercialización, está a 16 horas
a pie.
En 1994, con
la irrupción armada del EZLN, el Ejército Mexicano
se convirtió en el mayor deforestador del lugar, al replegarse
para instalar sus campamentos en Ibarra, San Quintín
y Río Perlas. Tras dos décadas de sobrevolar la
región, el piloto aviador Javier Tovar cuenta que los
incendios cotidianos también están destruyendo
la reserva. Narra que durante abril y mayo los incendios son
incontables, sobre todo entre Marqués de Comillas, Luis
Espinoza y el Cañón de Livingstone.
Primeros
asentamientos
Candelaria fue fundada por indígenas tzeltales que salieron
de Rosario Pakaya y de las fincas del Valle de Ocosingo, entre
ellas la de El Rosario, propiedad de Enrique Solórzano
(rico finquero de la región cuya familia hizo fortuna
con la explotación del chicle en San Quintín).
Aquí se asentaron además algunos guatemaltecos
que entraron a México por la Selva del Petén en
su huida de la persecución de los kaibiles, el grupo
más temible del ejército de ese país.
En 1984,
el gobierno federal intentó trasladar a los guatemaltecos
de Candelaria a Campeche y Quintana Roo, pero éstos se
negaron a salir y quedaron como refugiados dispersos, sin recibir
ayuda de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Los habitantes
de este poblado, al igual que la mayoría de los otros
que están dentro de la biosfera, no tienen servicios
médicos suficientes. Si la enfermedad se torna grave,
lo más probable es que el niño muera sin que siquiera
se haya dado fe de su existencia. Ni el INEGI conoce el número
exacto de personas que habitan estos poblados. El acceso a la
educación es más limitado aún.
Si bien
los asentamientos en la reserva son ilegales, el gobierno estatal
tuvo conocimiento de ellos desde sus orígenes.
El gobierno
de Absalón Castellanos se comprometió con los
habitantes de Montes Azules a regularizar los títulos
de propiedad, y hasta los dotó de láminas para
que pudieran arreglar sus chozas. Después los lugareños
no volvieron a saber de gobiernos sino hasta Zedillo, con la
llegada del Plan Puebla-Panamá, y con ello de los desalojos.
La comunidad lacandona, la zona de reserva |
Nuevo San
Isidro es otro de los poblados. Sus habitantes, indígenas
tzotziles, se niegan a abandonar la Reserva. Sebastián
Jiménez Clara, recuerda que su familia llegó allí
desde el año 1934, cuando a su abuelo, Eusebio Jiménez,
le otorgaron “un pedazo de tierra”, producto del reparto agrario
de Lázaro Cárdenas.
“Cuando salió la gente de la finca a todos les dijeron
que tenían derecho a una tierra para vivir y trabajar.
En la Secretaría de Desarrollo Agrario a mi abuelo le
dijeron que agarrara este terreno, sólo que no nos han
dado los títulos de la propiedad”, detalla.
Estrategias
fracasadas
A partir del año 2001 el gobierno estatal propuso la
reubicación de los poblados asentados en la Reserva.
Sólo 54 familias de Rodolfo Figueroa y Nueva Argentina,
de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC),
respondieron al llamado y se reubicaron en Comitán, donde
permanecieron varias semanas en albergues, hasta que el gobierno
les entregó un total de 80 hectáreas cerca de
La Trinitaria, en un terreno poco productivo, donde escasea
el agua en tiempo de calor y que se inunda durante las lluvias.
El arroyo más cercano se ubica a casi tres kilómetros,
de tal manera que sembrar por lo menos maíz, el alimento
básico, es todo una proeza.
En esas
condiciones fue fundada la comunidad Guadalupe El Plumajillo,
que por cierto carece de servicios médicos. Sin alternativa
real de vida, casi todas las familias decidieron, al cabo de
unos meses, regresar de nuevo a la biosfera, con las mismas
pertenencias: ropa, trastes, herramientas y animales.
Así,
los intentos gubernamentales de desalojo en Montes Azules han
fracasado una y otra vez. En lo que han sido consideradas acciones
al vapor, parece que sólo se busca dejar libre la zona.
A sus habitantes se les dota de la primera tierra que parece
sin dueño, igual que sucedió hace casi cinco décadas,
con estos mismos indígenas a los que se les entregó
la tierra para responder a la demanda del reparto agrario.
El gobierno
del estado reconoce la gravedad del conflicto y lo complejo
de una solucion, tanto, que tan solo estructurar y plantear
una estrategia real podria tardar hasta dos a;os, evalua Pablo
Muech, director general del Instituto de HIstoria Natural y
Ecologia de Chiapas.
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