La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobada por la LVIII Legislatura, pone en riesgo el medio ambiente y la salud de los seres vivos al “pretender convertir a México en un cementerio de desechos tóxicos”, denuncia Greenpeace capítulo México.

Pese a que la organización ambientalista ha encontrado en alimentos como lácteos, pescado, carnes y mantequillas sustancias tóxicas como dioxinas y furanos --generados a partir de la producción o incineración de sustancias o compuestos con cloro--, su advertencia no fue tomada en cuenta para la aprobación de dicha ley, que permite la incineración como método de eliminación de residuos.

En la ley se establece un proceso para reducir el volumen de los residuos y descomponer o cambiar su composición física, química o biológica, aunque también se advierte del riesgo de que existan emanaciones peligrosas por este motivo.

Además, contempla la instalación de confinamientos para albergar cenizas y elementos generados por la incineración, así como otros desechos, que según Greenpeace, ocasionarían daños al medio ambiente y a la salud: deformaciones prenatales, alteración de funciones biológicas, de comportamiento, aprendizaje y cáncer.

Mariana Boy

Para Mariana Boy Tamborrel, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace México, uno de los problemas que no prevé esta ley es que en México las empresas no se hacen responsables de los daños que causan a la población y al medio ambiente con estos métodos de eliminación.

Incluso, alerta sobre la cantidad de residuos que desechan las industrias: “Se están generando cuatro millones de toneladas anuales. Estimamos que la cifra puede ascender hasta ocho millones”.

Señala que en el listado de “industrias sucias” el primer lugar lo ocupa Petróleos Mexicanos, en todas sus actividades, ya que cuenta con varios incineradores dentro de sus predios.

Lo mismo sucede en la industria cementera, que también está quemando residuos peligrosos a manera de combustible alterno, y en las industrias química, de plásticos y farmacéutica.

En su investigación “Incineración, la raíz de cáncer invisible”, realizada el año pasado, Boy enumera las cementeras que llevan a cabo prácticas de incineración: “Apasco”, en Monterrey, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal y Tabasco; “Del Yaqui”, en el Estado de México; “Guadalajara”, en Jalisco; “Maya”, en Mérida; “Mexicanos”, en Monterrey, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo y San Luis Potosí; “Portland de México”, en Hidalgo y Morelos; “Tolteca”, en Hidalgo, Puebla y Jalisco; Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo y Oaxaca.

El estudio enlista también a la Comisión Federal de Electricidad, en Baja California Sur, y a las empresas Petroquímica Morelos, en Coatzacoalcos, y Francisco de la Barrera Mares (antes manufacturas Alicas, S. A. de C.V.), Procesos Ambientales Alfa y Quest Internacional de México en el Distrito Federal.

La ecologista plantea que otro punto negativo de la ley es que en México no existe tecnología suficiente para monitorear los contaminantes más peligrosos creados por los seres humanos y que pertenecen al grupo de los orgánicos persistentes, como son las dioxinas y los furanos.

Héctor M. Poggi Varalado

Los especialistas José Luz González Chávez y Héctor M. Poggi Varalado, destacan que la incineración y el confinamiento son métodos de tecnología avanzada en la eliminación de residuos, hoy en práctica en países de primer mundo, donde se cuenta con los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

Poggi Varaldo, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), aclara que “en cualquier tecnología de eliminación de residuos la palabra ´eliminación´ no debe ser tomada en un contexto absoluto. Lo que existe es una reducción. Uno piensa en términos ideales en eliminación completa, pero siempre queda algo. En todo caso, uno trata de que quede inocuo, comparado con el residuo que entró”.

Según Gónzalez Chávez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “depende de qué tanto control se tenga en el proceso de incineración, pues actualmente se cuenta con la tecnología adecuada para hacer procesos totalmente controlados”.

Un punto más en esta controversia es la instalación de confinamientos de residuos y cenizas con las características necesarias para que los elementos no se transminen, ya que podrían convertirse en agentes tóxicos al contacto con el aire, el suelo o el agua. Aquí habrá de disponerse de zonas de bajo o nulo riesgo sísmico y de suelos sin porosidad para evitar fisuras.

José Luz González Chávez

González Chávez, también inspector de armas químicas de la Organización de Naciones Unidas durante la guerra de Estados Unidos contra Irak, dice que otro de los problemas de esta ley es la falta de tecnología para realizar la eliminación de residuos, que en la mayor parte de los casos es importada. Además, destaca la falta de apoyo a los investigadores nacionales para desarrollar los avances tecnológicos adecuados.

Otra vertiente del problema es la intromisión de intereses políticos. “Ahí está el caso de contaminación por cromo en Tultitlán, Estado de México, desde hace 30 años, donde estuvo Cromatos de México. Hay suelos y acuíferos contaminados. Se han hecho evaluaciones, se ha politizado demasiado ese problema. Y cada vez que va a haber elecciones entran todos los partidos políticos con promesas de solucionarlo, pero sigue ahí”.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos obtuvo un total de 318 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones, más la ausencia de 138 diputados. Con su aprobación, el Congreso de la Unión dio paso a una controversia ambientalista.

El Senado de la República modificó sustancialmente el fondo de la minuta remitida por la Cámara de Diputados, despreciando las consideraciones que en materia de protección ambiental y de salud pública habían establecido algunos legisladores, precisa el diputado Diego Cobo Terrazas, presidente de la comisión del ramo.

La ley “no tiene como objetivo central la minimización en la generación de los residuos y fomenta métodos y sistemas de tratamiento inadecuados y peligrosos para la salud pública, como es el caso de la incineración de residuos que emiten a la atmósfera dioxinas y furanos, que son elementos altamente tóxicos”, advierte.

Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la inspección industrial revela que en México se han identificado 33 mil 800 fuentes contaminantes. De éstas, 4 mil 35 van a la atmósfera, 28 mil son generadoras de residuos, 840 prestan sus servicios relacionados con su manejo y 6 mil 400 realizan actividades altamente riesgosas.
Así, Greenpeace ha encontrado sustancias tóxicas como dioxinas y furanos en alimentos como lácteos, pescado, carnes importadas de diversos países y en las mantequillas mexicanas. Con todo, la Ley entrará en vigor en enero de 2004.