La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inicia un proceso inédito para designar a su rector de los próximos cuatro años. Los grupos políticos que se disputan el piso seis de la Torre de Rectoría son los mismos que la han gobernado durante las últimas tres décadas.

La propia forma de gobierno de la máxima casa de estudios, establecida por la legislación universitaria -Ley Orgánica y Estatuto General de la UNAM-, les ha permitido enquistarse en su estructura y tomar las decisiones más importantes sin rendir cuentas a nadie, de no ser a ellos mismos.

Investigadores y catedráticos ven en el próximo proceso de auscultación la oportunidad para que la reelección de Juan Ramón de la Fuente o la designación de un sucesor sea “realmente autónoma” y no haya “sugerencias”, “recomendaciones” o “abiertas injerencias” del presidente de la República en turno a este respecto.

Sin embargo, reconocen que esto no implica que el proceso se abra a la comunidad universitaria, y mientras no se realice la reforma de la Universidad los tres grupos políticos representados mayoritariamente en el Consejo Universitario y en la Junta de Gobierno seguirán disputándose entre ellos los principales cargos.

Los 15 miembros de la Junta de Gobierno que formalmente eligen al rector después de un proceso de auscultación entre la comunidad universitaria son electos, a su vez, por el Consejo Universitario, dominado por las autoridades universitarias, aunque ahí estén representados también académicos, estudiantes y trabajadores.

El politólogo Carlos Lozano Ángeles, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), explica que de manera paralela al proceso formal de auscultación, que le da legalidad a la designación del rector, la competencia por el poder se desarrolla en otro terreno y tiene dos ámbitos.
“Uno -expone- es el externo, que se ha vinculado hasta ahora al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente en turno; y el otro es el ámbito interno, en donde los grupos de poder de la Universidad son los que ejercen una presión para designar al futuro rector. Estos procesos se inician mucho antes que el proceso formal.”

Por su parte, el doctor en ciencia política Leonardo Figueiras, autor de Del gremialismo al antisindicalismo en la UNAM, considera que “el proceso de auscultación para elegir rector y directores de escuelas, facultades e institutos es una farsa, pues el rector en turno predetermina con los gremios corporativos de médicos, abogados y científicos, representados en la Junta de Gobierno, quiénes serán las autoridades universitarias y quiénes formarán parte de la propia Junta de Gobierno”.

El investigador y responsable del área de Comunicación Política del Centro de Estudios de la Comunicación de la FCPS agrega que “estos grupos se conforman de profesionales egresados de la Universidad que tienen grandes consultorios, hospitales, despachos, consultorías. Todos estos gremios son los grupos de poder, los que en la práctica cotidiana están tomando decisiones por encima de los universitarios”.

“El proceso de auscultación- continúa- es falso. Lo único que intenta es legitimar una decisión que ya fue negociada y pactada por estos grupos. Aunque la comunidad se manifieste por un candidato, este hecho no es tomado en cuenta. La elección de rector y directores es un proceso que no tiene nada de transparente y es profundamente antidemocrático.”

Los grupos, que ya han iniciado la lucha por el control de la Rectoría, son identificados por académicos y estudiantes como el de los médicos, el de los abogados y el de los científicos.

Juan Ramón de la Fuente

En la actualidad, el “Grupo Medicina”, que encabeza Guillermo Soberón -rector de 1973 a 1981 y secretario de Salud durante el sexenio de Miguel de la Madrid-, tiene a uno de los suyos en la Rectoría: el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien de la dirección de la Facultad de Medicina (1991-1994) pasó al frente de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Regresó a la UNAM como rector el 17 de noviembre de 1999, casi tres meses antes de que la Policía Federal Preventiva tomara las instalaciones universitarias para terminar con la huelga estudiantil.

A este grupo también pertenece el ahora director del Instituto de Biotecnología Francisco Xavier Soberón Mainero, el exdirector de la Facultad de Medicina Alejandro Cravioto Quintanar y el director de esa facultad, José Narro Robles, además de Ramón de la Fuente, padre del actual rector, exdirector del Centro Mexicano de Salud Mental, exjefe de Psiquiatría del Hospital Español, exasesor de la Organización Mundial de la Salud y exvicepresidente de la World Psychiatric Association y único profesor titular del curso de especialización en psiquiatría que él mismo fundó hace 60 años.

Octavio Rivero Serrano, rector de la Universidad de 1981 a 1984, también es parte de este grupo. Al término de su administración al frente de la UNAM fue designado embajador de México en Italia.

Francisco Barnés de Castro

José Sarukhán Kermez, rector de 1989 a 1996, y Francisco Barnés de Castro, sucesor de Sarukhán y antecesor de De la Fuente, son las cabezas más visibles del “Grupo Ciencias”. La huelga estudiantil de abril de 1999 a febrero de 2000 sacó a este grupo de la Rectoría, por lo que ahora tiene escasas oportunidades de volver a ocupar el máximo cargo universitario.

En 1992, Salinas de Gortari designó a Sarukhán presidente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el gobierno de Vicente Fox lo nombró Comisionado para el Desarrollo Social. Por su parte, Barnés de Castro es actualmente subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía.

El “Grupo Derecho” tiene como figura principal a quien fuera rector de 1985 a 1989, Jorge Carpizo Mc Gregor. De la Rectoría de la UNAM, Carpizo pasó a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990-1993), y luego fue procurador general de la República (1993-1994) y secretario de Gobernación (1994), cargos que ocupó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En este grupo se inscribe también Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1998 y exprocurador general de la República, cargo que ocupó en relevo de Carpizo, en 1994. Al actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, también se le ubica aquí, así como a Emilio Chuayffet Chemor, quien fuera secretario de Gobernación cuando la masacre de Acteal en 1997, hoy diputado electo del PRI.

Sin embargo, el politólogo Valeriano Ramírez Medina, secretario técnico del Centro de Estudios Políticos de la FCPS, identifica a este grupo como el de “Ciencias Sociales” y agrega a estos nombres el del actual director de la FCPS, Fernando Pérez Correa, quien fuera subsecretario de Gobernación cuando Manuel Bartlett despachaba en Bucareli durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Grupos estudiantiles de la FCPS lo tildan de ideólogo de la Policía Federal Preventiva y en los muros de la facultad hay pintas alusivas a él: “fuera, policía”.

Valeriano Ramírez señala a “un cuarto grupo que, aunque fue importante para la Universidad y tiene miembros en la Junta de Gobierno”, ha estado marginado desde hace 30 años: el “Grupo Ingeniería”. Javier Barros Sierra, rector de 1966 a 1970, ha sido el último de esta casta en despachar desde la Torre de Rectoría.

Los investigadores coinciden en la necesidad de una reforma que impida que los aspirantes a la Rectoría vean en ella “un trampolín político” o que les sea atractiva sólo por el salario que perciben los rectores y al que tienen derecho durante los tres años siguientes al término de su administración. El sueldo neto del rector de la UNAM, sin bonos de compensación, es de 115 mil 208 pesos mensuales.

El coordinador del Centro de Estudios Políticos de la FCPS, el doctor en ciencia política Carlos Sirvent, opina que el rector tiene que ser cada vez más un líder académico y cada vez menos un líder político: “El problema de la Universidad no es que sea democrática la elección del rector, sino que el rector sea un líder académico”.

“El procedimiento democrático -continúa- no le va a dar al rector liderazgo académico. Si acudimos a un procedimiento político, como es la democracia, vamos a caer en la producción de liderazgos políticos: el que mejor manipule es el que va a ganar. ¡Imagínese que llegara un Fox a la Rectoría por hacer una campaña de mercadotecnia!” Sirvent plantea que deben llegar a la Rectoría sólo los mejores.

A este respecto, Leonardo Figueiras evalúa: “Las estructuras y formas de gobierno de la Universidad son políticas y, como tales, deben democratizarse. De lo contrario, nos quedaremos atrás de la sociedad, que ya ha logrado iniciar un proceso de apertura democrática a nivel nacional. De hecho, la forma de hacer política en la Universidad es herencia del viejo régimen. Y esto no es contradictorio con la aceptación de que el conocimiento no es democrático, porque estamos hablando de cosas distintas”.

El investigador propone como mecanismo para la elección de las autoridades universitarias “el sufragio real, secreto, universal y libre” de los académicos: “No digo que los estudiantes no participen, pero que ellos lo reivindiquen”.
Alejandro Canales, maestro en ciencias del Instituto Politécnico Nacional, observa que es necesaria una reforma que modifique el proceso de elección del rector. “El actual método tal vez funcionó en algún momento, pero ya no es el mejor.

Tendríamos que encontrar un procedimiento intermedio, que no sea un proceso de 15 personas y tampoco un procedimiento de asamblea”, dice.
Y concluye: “En los procesos sociales y en las estructuras institucionales cada vez más las personas tienen mayor capacidad de decisión en las estructuras de gobierno. No podemos seguir nosotros con estructuras o procedimientos que no corresponden a lo contemporáneo”.