Nadie dijo que el acceso a la información gubernamental federal, de los estados y de la administración bajo la jefatura del gobierno de la capital geopolítica del país y de la República sería fácil.

En todo caso se dijo que resultaría difícil. Pero no que podría ser imposible. Sin embargo, y aunque sea prematuro, porque recién acaba de entrar en vigor la Ley --de larguísimo nombre y cortísimos alcances-- Federal de Acceso a la Información, que constitucionalmente reglamenta el último párrafo del artículo 6 de la Ley Suprema de toda la Unión respecto a que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, está encontrando muy serios obstáculos burocráticos.

Si ya de por sí la función reglamentaria es, “por esencia, limitación de la libertad” y la facultad de ejecutar las leyes mediante los reglamentos implica altas dosis autocráticas (Hans Kelsen: Teoría general del Estado; Alfredo Gallego Anabitarte: Ley y reglamento en el derecho público occidental, y Marta Lorenzo y Sariñena:

La voz del Estado), todavía más se limitan los derechos autoritariamente. Presas del miedo a ser fiscalizados y cada vez más vigilados por medio de órganos de control, recurren a toda clase de artimañas políticas para impedir dar cuenta y razón de sus actos y omisiones.

Ya la administración foxista ha puesto reparos al cumplimiento del acceso a la información. Igual o muy parecido está sucediendo en los gobiernos estatales y municipales, donde se promulgó dicha obligación.

Unos y otros se han asido al clavo ardiente y antidemocrático de la interpretación autoritaria y autocrática de la “información reservada y confidencial” para neutralizar lo que debería ser la máxima libertad para dar y recibir información pública a quienes la solicitan. Y en el caso del gobierno del Distrito Federal, con maniobras y abusos de mala fe de los recursos legales, hasta se quiere posponer, ad infinitum, la instalación del Consejo de Información equivalente al Instituto Federal de Acceso a la Información.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, acaba de sostener que todavía es “muy temprano” para evaluar el cumplimiento del acceso a la información, como lo reportó Daniel Millán (Reforma: 15/VII/03). Por lo que hace a López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se ha opuesto, desde siempre y sistemáticamente, al cumplimiento de esa ley.

En las entidades donde está en vigor esa norma jurídica de acceso a la información las cosas andan por el mismo tenor.

Eso quiere decir que los ciudadanos que demandan información, al ejercer su derecho a recibirla y hacer cumplir la obligación gubernamental a darla, tienen una tarea más: conquistar el cumplimiento, hasta sus últimas consecuencias, de la Ley de Acceso a la Información.

Nuestros gobernantes siguen pertrechados en el “obedézcase, pero no se cumpla”. Pero los mexicanos han de insistir en romper este círculo vicioso antidemocrático para poder penetrar y conocer la máxima información que esconden los gobernantes.