Era teniente coronel de infantería. Tenía antecedentes honrosos como profesional de la ley y la aptitud para enfrentar los hechos, a los procesados y sus habilísimos defensores y sobre todo a la historia. Era un militar jurista: Manuel Aspíroz.

Lo acompañó un hombre que poseía habilidades medievales: escritura rápida y clara; el soldado Jacinto Meléndez era el escribano cuidadoso. Como una sombra, donde la oscuridad tuerce las razones y las leyes, Joaquín M. Escoto, el jurista militar que cumple con dureza los rigores de su oficio: aconsejar para cercar a los presos.

Manuel Aspíroz sobre todos creó el adjetivo mexicano de militar sensible al derecho. Estudioso del derecho nacional del siglo XIX para investigar y acusar a los usurpadores de la intervención francesa, presintió que el aire nuevo de los derechos humanos se respiraba en las oficinas de la justicia militar y en el teatro Iturbide para la presentación teatral del Consejo de Guerra.

Fue respetuoso sin perder habilidad; astuto sin violencia, sugestivo, pulcro y eficaz. Los defensores elogiaron dos de sus mejores virtudes: su juventud y su conciencia. Todo ello fue el fundamento para celebrar un Consejo de Guerra ejemplar.

Ningún mexicano ha tenido que bajar la vista o borrarse el rubor de la cara por la investigación, el juzgamiento y la muerte de Maximiliano, Miramón y Mejía. El trabajo de Aspíroz fue impecable. Fue el militar jurista del decoro republicano.

El Ejército Nacional Mexicano a lo largo del siglo XIX y del XX tiene a su cargo conducir con sus criterios, para bien y para mal, la vida del país. De la república civil se valió para construir la dictadura y luego caminar por todas las zonas de la rebelión.

Algunos historiadores aseguran que fueron los propios militares quienes cedieron a los civiles los caminos de la historia para conducir al país. En sus gestas y en sus debilidades se puede encontrar la explicación de lo que lo hace respetable y de lo que impide que la sociedad crea cabalmente en ellos.

Sus procedimientos de justicia, en los últimos tiempos ofrecen con amplitud dos etapas que pueden considerarse a la luz de los principios jurídicos mexicanos.

En la época post-revolucionaria, la delincuencia militar era de ¡puaf! Si se busca en los archivos se encontrarán juicios sobre pillaje, insubordinaciones, deserciones y homicidio sin heroísmo en los cuales el inferior --a veces entre copa y copa-- privaba de la vida al superior.

Lo destacable en esta época es que la justicia militar logra convertir sus procedimientos de investigación y juzgamiento en una lenta y parda labor oficinesca de burócratas civiles y uniformados. No hay requerimientos para ejercer grandes habilidades litigiosas o elevados conocimientos filosófico-jurídico, sino simplemente la tenacidad y en última instancia pedir la consideración del presidente de la República o de la Suprema Corte de Justicia para que no se prive de la vida al encopado letal.

Después vinieron los tiempos de la impunidad. Todo se explicó y justificó en nombre del deber cumplido o del cumplimiento de la orden jerárquica. Entonces el ejército inspiró no solamente desconfianza sino temor. Sus órganos de justicia nunca rindieron cuentas de su intervención en los hechos de los años sesenta y setenta.

Es innegable la lealtad de las fuerzas armadas a las instituciones políticas del país. Así ha sido una y otra vez. Este es el cumplimiento de su deber. Esta fidelidad llevó a los últimos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional --a veces en términos muy discutibles en orden a las disposiciones constitucionales-- a abrirles espacios para llevar a cabo tareas cívicas o policiacas.

El régimen actual que en sus veleidades no pierde de vista su origen y sus propósitos de un gobierno nutrido en la ideología de derecha más clara y precisa, fue mas allá y le confió a los militares el Ministerio Público Federal. Rafael Macedo de la Concha está tan lejos de Manuel Aspíroz como de Jared Borguetti, según se ve en su desempeño como procurador y en el área penal del equipo contrario

Cuando se le encomendó al Ejército Mexicano llevar a cabo tareas para perseguir al crimen organizado relacionado con los delitos contra la salud, los riesgos para la institución y para la vida civil fueron mayores. Los militares se corrompieron y los ciudadanos vieron acercarse a los hombres de uniforme a las funciones que son propias de los civiles.

Cuando los males fueron mayores, la justicia militar tuvo que abandonar en la oscuridad de sus oficinas burocráticas para levantar el escenario donde lleva a cabo los dramáticos y teatrales Consejos de Guerra en los que ha procesado a miembros destacados de sus altos mandos.

Al principio sintieron que eran las víctimas propiciatorias de enfrentamientos políticos: el sistema atacaba su prestigio involucrando a militares de alta jerarquía en actos de corrupción, violencia y deslealtad. La promiscuidad y las riquezas quedaron exhibidas cuando los militares aparecieron como sicarios de los líderes de las mafias criminales.

A ello, han agregado los juicios por las muertes del pasado. El procurador militar, los consejos de guerra y los jueces han dejado ver que el Ejército carece lamentablemente de juristas.

El foro militar no ha vuelto a repetir la producción de juristas célebres, de jueces citables o de abogados que puedan respirar con prestigio en el ambiente cerrado de sus instalaciones de justicia.