Cara ovalada, nariz recta, tez blanca, cabello castaño oscuro, lacio y largo; ojos grandes rasgados color café, cejas triangulares, complexión delgada. En la fotografía Mayra Yesenia Nájera Larragoiti aparece sonriente. Con la mano izquierda se toca el mentón en una expresión despreocupada.

La joven de metro y medio de estatura y quince años de edad no imaginó que la gráfica formaría parte del archivo de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar su posible asesinato.

Mayra desapareció el 10 de agosto de 2002, en la tierra del célebre Señor de los cielos, el narcotraficante Amado Carrillo: Ciudad Juárez, Chihuahua. La última vez que se la vio vestía pantalón de mezclilla en color azul deslavado, blusa blanca de tirantes de cuello holgado y tenis azules con franjas blancas. Llevaba arracadas de plata y tres anillos de oro.

Entre el 3 de noviembre de 2002 y el 3 de febrero de 2003, en un paraje de Chihuahua, conocido como El Cristo Negro, fueron localizados los cadáveres de seis mujeres, uno de los cuales, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJECh), era el de Mayra.

Una denuncia anónima ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), acerca de que la delincuencia organizada participaba en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, originó que la PGR atrajera 14 casos bajo una sola línea de investigación: el tráfico de órganos.

Con el acta circunstancial PGR/UEDO/176/2003, el pasado 16 de abril comenzaron las indagatorias, a las que se integró la información aportada por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) sobre la presunta declaración de Miguel Ángel Vázquez Villegas.

En calidad de testigo, el 14 de abril, ante la Fiscalía Especial para la Investigación de Mujeres en Ciudad Juárez, aseguró que en 1999 había “levantado” a tres mujeres para llevarlas a Hernando Valles, y que junto con éste y Javier García, alias el Canario, dieron muerte a las jóvenes para extraerles algunos órganos, luego de lo cual tiraron sus cadáveres en un campo de algodón.

La declaración de Vázquez Villegas fue reforzada por una testigo: Rosa Alicia Leyva Delgado, quien ante la misma Fiscalía, el 13 de abril, reconoció al presunto autoinculpado como la persona que le ofreció en venta un teléfono celular, el que según informes de la PGJECh perteneció a Mayra Yesenia Nájera Larragoiti.

Así, por la sola evidencia de un teléfono celular, Manuel Nájera Candela y Ana Isabel Larragoiti Romo recibieron la noticia de que el supuesto cadáver de su hija había sido encontrado en los terrenos de El Cristo Negro, a casi seis meses de su desaparición.

Con la declaración de Miguel Ángel Vázquez, la PGR graficó la estructura de la organización delictiva pretendidamente dedicada al tráfico de órganos. En ésta incluía a siete personas: Miguel Ángel Vázquez Villegas, Javier García Chihuahua, Hernando Valles Contreras, Williams, el Gringo, José Alfredo Gutiérrez, “el Doctor”, Juan Valles, el Sobrino, y una mujer con el alias de la Morena. Sobre los cuatro últimos, agentes de la AFI trataron de localizarlos, sin que se pudiera acreditar su existencia.

Además del caso de los seis cadáveres descubiertos en El Cristo Negro, la PGR atrajo ocho casos más, de los restos encontrados en noviembre de 2001 en un campo algodonero, que fueron relacionados con la declaración de Miguel Ángel Vázquez.

El 16 de abril, la PGR detuvo a Miguel Ángel Vázquez Villegas y a Hernando Valles Contreras. Al día siguiente, Vázquez Villegas ratificó su declaración sobre su participación en una organización delictiva dedicada al tráfico de órganos, pero Valles Contreras negó todas las imputaciones en su contra. A partir del 18 de abril, ambos permanecieron en arraigo domiciliario de 90 días, que venció el pasado 17 de julio, a las 21:00 horas, hora de Ciudad Juárez.

Durante el arraigo, Vázquez Villegas se retractó de su declaración inicial, argumentando que todo lo había inventado, desde los nombres de los involucrados, testigos y hechos, y que lo había dicho por temor a ser torturado: “Pues sabía de las investigaciones que la autoridad llevaba a cabo respecto de muertes de mujeres en Ciudad Juárez”, según registra un informe interno de la PGR sobre el tráfico de órganos como línea de investigación para esclarecer los homicidios de 14 mujeres.

Aun con la retracción de Vázquez Villegas (20 de abril), el día 29 de ese mismo mes un grupo de la AFI localizó y detuvo a Javier García Chihuahua, alias el Canario, con los cargos de delincuencia organizada y tráfico de órganos. García Chihuahua fue arraigado durante 90 días el 30 de abril, por orden del Juez 6º de Distrito de Chihuahua. Su término venció el 29 de julio.

Tropiezos de la PGR
Sin tener los elementos básicos, como la identificación de cadáveres y los informes médicos forenses, el 10 de mayo la PGR dio a conocer que los 14 casos se trataban de muerte por tráfico de órganos, aun cuando la Secretaría de Salud rechaza tajante que en México se registre dicha práctica.

El 31 de mayo concluyó el dictamen médico forense sobre los 14 cadáveres, el cual señala que en ninguno hay indicios de extracción de órganos, aunque sí mutilaciones por depredación de animales grandes, como perros o coyotes.
En el documento de la PGR se acepta que en las fotografías de los cadáveres se puede apreciar que tampoco existe una sola incisión médico-quirúrgica para la extracción de órganos.

Otro de los tropiezos de la investigación de la PGR se registró el 24 de junio de 2003, con la detracción de Rosa Alicia Leyva Delgado, en su calidad de testigo, al desconocer a Vázquez Villegas como la persona que le intentara vender un teléfono celular, lo mismo que a los demás involucrados.

Al mal rumbo que tomó la investigación efectuada por la PGR, se sumó otro agravante, de mayores estragos e impacto moral entre los familiares de las víctimas: haber dado un nombre a un cadáver, sin tener las pruebas suficientes para su identificación.

Cuando a Manuel Nájera Candela y a Ana Isabel Larragoiti Romo les informaron que el cadáver de su hija había sido localizado en el paraje El Cristo Negro, no dudaron. Aunque la única prueba con la que contaban las autoridades era la localización de un teléfono celular. En Juárez, de acuerdo con informes de organismos de derechos humanos, cada semana desaparece una mujer.

Las mujeres jóvenes y sus familias viven con la zozobra latente. Los padres esperan ver regresar a sus hijas de la fábrica, la escuela, la oficina, el paseo con las amigas, las compras en algún centro comercial, aunque nunca están seguros de ello.

Cada segundo cuenta. Si ese día la esposa, la hija, la hermana regresó a casa, la familia puede estar tranquila, y no tendrá que acudir a reportar una desaparición, y un probable nuevo crimen.

Durante ocho meses los padres de Mayra Yesenia lloraron su desaparición, y los siguientes 60 días, a un cuerpo marcado con el número 239/02, que les informaron era el de su hija. Pero el dictamen de genética forense (del 26 de junio de 2003) concluyó que no se trataba de la joven, por lo que Mayra aún está en calidad de desaparecida.

De los restos óseos señalados con el número 239/02 lo único que se sabe es que pertenecen a “un individuo del sexo femenino”. Cuando se logre la identificación, los resultados vendrán acompañados de un nuevo luto para otros padres.

Entre tropiezos e irregularidades, la PGR no pudo sostener el tráfico de órganos como la causa del asesinato de las 14 mujeres. Aun así, la dependencia ha hecho saber que continuará con las investigaciones, aunque prácticamente tendrá que partir de cero puesto que ni siquiera cuenta con la identificación de las víctimas, punto de partida para esclarecer cualquier homicidio.

En entrevista, José Luis Santiago Vasconcelos, director de la UEDO, luego de descartar el tráfico de órganos como línea de investigación, recaba información sobre las averiguaciones previas para formular una hipótesis acertada. Podría ser la de narcotráfico, “como fuente generadora de hechos”.

Aunque la UEDO destaca que ninguna de las mujeres asesinadas tuvo relación directa con bandas o con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, “algunas tienen antecedentes de consumo de drogas, y esto es muy importante porque al momento de hacer los análisis en materia de psiquiatría, criminalística y criminología se hace un análisis multidisciplinario, y los forenses nos pueden delinear un perfil sobre los asesinos”.

Santiago Vasconcelos subraya que las nuevas indagatorias de la UEDO se abocarán a establecer el perfil de los asesinos: “Volvemos al problema de raíz. El crimen organizado no solamente está especializado en narcotráfico en Juárez, sino que confluyen manifestaciones de delincuencia organizada, armas, migrantes, lavado de dinero y narcotráfico, como actividades prioritarias, y secuestros”.

En una evaluación general sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, considera que hay distintas razones para que desde hace una década se presenten en el mismo punto fronterizo: “Hay diversos factores que anidan en esto. Uno, la actividad que existe de delincuencia organizada desde hace mucho tiempo, que degeneró en un tejido social podrido. Hay que reconstituirlo, revitalizarlo y volverlo a tejer”.

“Cultural y socialmente hay un machismo exacerbado que no lo vemos en otras latitudes de nuestra República. Esto también incide. A la mujer no se le da su lugar ni se le valora, se le trata con desprecio”, concluye.

Escuela de impunidad
Con la teoría de grupos de hombres que están asesinando a mujeres desde hace una década en Ciudad Juárez guiados por un sentido de misoginia coincide Bárbara Yllán Rondero, subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJDF.

“Sin lugar a dudas -dice-, Ciudad Juárez nos está mostrando un punto muy delicado: varios años de crímenes que quizá comenzaron con un grupo de hombres que decidieron meter en cintura a aquellas mujeres que se atrevieron a tener una actividad propia en la maquila, y como no fueron detenidos, como no hubo persecución, empezó algo muy perverso, la educación de la impunidad.”

Afirma que el negligente proceder de las autoridades respecto de la no solución real de estos casos es un mensaje claro al mundo entero de que en México “se puede matar mujeres”.

“Se debe poner énfasis en resolver los primeros crímenes, porque éstos son los que van a arrojar pruebas sobre el comportamiento de los asesinos, que yo percibo se trata de grupos tipo Ku Klux Klan, que ultiman mujeres. Pero en las investigaciones ha habido muchos errores.

Homicidas inexistentes
A los errores cometidos en el curso de las investigaciones se suman diferencias entre las distintas instancias de justicia, desde las descalificaciones hasta omisiones sobre la responsabilidad de a qué dependencia corresponde resolver los crímenes. Mientras las autoridades se tropiezan, los asesinos siguen libres.

En Juárez los cuerpos siguen apareciendo, no así las manos ejecutoras.
Aun a ojos de la Procuraduría Estatal de Justicia, la UEDO, la AFI y hasta del FBI, los asesinos extienden sus prácticas burlando la vigilancia en la tierra donde lo más grande no es el desierto, sino la impunidad.

Al mediodía del 14 de julio, en el paraje Los Cuernos de la Luna de la ciudad de Chihuahua, fueron descubiertos restos de un cuerpo que las autoridades determinaron era el de Neyra Azucena Cervantes, de 19 años de edad.

El 13 de mayo, Neyra acudió a su clase de computación en la escuela Era, ubicada en el centro de la ciudad. Fue la última vez que se le vio con vida.

El 15 de julio, 30 minutos antes del mediodía, un grupo de agentes de la Dirección de Seguridad Pública acudió al paraje mencionado, después de haber recibido una llamada de un número de emergencias para reportar el hallazgo de un nuevo cadáver.

A las 22:00 horas, en el servicio médico forense, Patricia Cervantes, mamá de Neyra, reconoció la ropa de su hija (pantalón de gabardina color beige, blusa negra, tenis y un anillo de plata con el nombre “Ever”). El cadáver tenía de seis a ocho semanas sin vida, y un orificio en el cráneo por arma de fuego.

Alejandro Santos Rubio, director general de Servicios Periciales y Medicina Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dio por válida la identificación, aunque sin las pruebas de ADN correspondientes, estudio que podría tardar hasta seis semanas.

Y sin la certeza plena de que se tratara del cadáver de Neyra, esa misma noche, elementos de la PGJECh detuvieron a David Meza Argueta (originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), como presunto responsable del homicidio.

Luego de que David Meza permaneciera incomunicado en las instalaciones de la procuraduría, un informe de esta dependencia dado a conocer por el subprocurador, Jesús Antonio Piñón, indica que Meza Argueta contrató a dos personas (de quienes no se ha revelado su identidad) para plagiar a Neyra y mantenerla secuestrada en una casa, que intentó violarla y finalmente le disparó en la cabeza y enterró su cuerpo en una parte del terreno conocido como Los Cuernos de la Luna. La dependencia no ha proporcionado mayores datos sobre el caso “para no entorpecer las investigaciones”.

La forma en que la PGJECh está manejando el caso de Neyra Azucena es, a decir de la Comisión Mexicana de Denuncia y Promoción de los Derechos Humanos, “a todas luces irregular”, ya que ni siquiera se tiene la certeza de que la osamenta sea la de la joven señalada, con el antecedente de que en muchos de estos homicidios ha habido incluso cambio de ropa entre las víctimas.

Jimena Andoni Ibáñez, coordinadora para el área de denuncias de dicho organismo, descalifica por completo la actuación de la PGJECh y plantea que ante la presión de la sociedad civil, la instancia, lejos de investigar, fabrica culpables.

“Es muy grave además porque estos chivos expiatorios son personas a las que se les están violando todas sus garantías individuales. La Procuraduría de Justicia de Chihuahua siempre ha utilizado estas mismas técnicas, pero creo que es una grosería para la sociedad el que estas autoridades piensen que nosotros vamos a seguir creyendo en sus teorías prefabricadas y que vamos a seguir permitiéndolas.

Las autoridades creen que al resolver un crimen que está haciendo mucho ruido van a cambiar su imagen, pero la verdad se trata de un problema muy complejo que requiere de muchas opciones.”

Jimena Andoni remarca también que las indagatorias efectuadas tanto por la PGJECh como por la PGR son irreales, puesto que en la mayoría de los casos no se ha establecido siquiera la identidad de las víctimas, aunque sí supuestos victimarios: “En muchos casos donde la víctima no ha sido identificada, sí hay un presunto responsable, y entonces es un responsable de la muerte de quién sabe quién, lo que jurídicamente es erróneo.”

La falta de seriedad que la PGJECh ha demostrado para el esclarecimiento de estos homicidios se registra en un hecho simple. De 1993 a 1997, los expedientes, que incluían declaraciones y fotografías, se guardaban en una bodega que sufrió inundaciones y algunos de los archivos se mojaron y fueron desechados. De los cuerpos de las primeras víctimas se extrajeron fragmentos de ropa, piezas de bisutería y algunos otros objetos para su identificación. Un día a alguien se le ocurrió desecharlos. Las evidencias también se perdieron.

Los ojos sobre Juárez
La presión nacional e internacional sobre el caso, que parece no tener freno, obligó a estructurar un programa integral de seguridad en Juárez, aplicado a partir del martes 22 de julio, en el que participan la secretarías de Gobernación, de Salud y de Relaciones Exteriores, la PGR, las policías Federal Preventiva (PFP), estatal y municipal, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque no habían ni 24 horas cuando tres nuevos cuerpos fueron localizados a unos metros de una camioneta último modelo con placas de Texas, Estados Unidos en la parte del desierto conocida como Arenales de San Agustín.

Se trataba de Candelaria Karina Ramos González, Miriam García Solorio y Margarita Gema Alamillo González de 20, 21 y 22 años de edad respectivamente, quienes se presume viajaban en compañía de Felipe de Jesús Machado de quien se ignora su paradero. Aunque estos nuevos crímenes “no deben” sumarse a la larga lista del fenómeno conocido como “ Las Muertas de Juárez”, dice en entrevista Mauro Conde Martínez, vocero de la subprocuraduría de Justicia de Chihuahua.

“Estos tres crímenes son claramente un ajuste de cuentas al estilo del narco”, concluye.