Cuando las sociedades pudieron establecer las rutas hacia la modernidad después de la Guerra Fría, para saber que el nuevo destino se sustenta en un nuevo liberalismo que arrincona al hombre en el ejercicio de su libre albedrío entre las leyes del mercado y la trama de la globalización financiera, las sociedades criminales, mafias o cárteles se desarrollaron de forma tan vigorosa que hubo etapas en las que se anticiparon a la transformación de la comunidad internacional para generar su propio sistema neoliberal criminal.

Entonces el crimen ya no fue una institución artesanal o comercial; abandonó sus orígenes rurales y fue más allá de los límites de sus regiones para convertirse en una empresa industrial de amplitud global, haciéndose de la materia prima, de los medios de producción y, sobre todo, de los sectores lícitos financieros para fortalecer sus estructuras.

Frente a la capacidad criminal organizada, los Estados fueron a la zaga porque atendían generalmente a sus propias instituciones constitucionales, penales y procesales. El orden jurídico internacional no permitía la reunión de los esfuerzos para captar la patología y el desarrollo de la pandemia.

La capacidad industrial del crimen organizado generó desde fortunas hasta leyendas. En las vicisitudes sociales de los países periféricos, de los que abandonaron la organización social asentada en los sistemas marxistas y la consolidación de las potencias occidentales, se dieron contradictoriamente condiciones muy favorables para que los delitos contra la salud pública, conocidos comúnmente como narcotráfico, avasallaran lo mismo al campesino humilde que al hombre poderoso del Estado.

A esto debe agregarse que las economías fortalecieron los mercados para consumir las drogas en forma exorbitada.

La Organización de las Naciones Unidas, que se ha orientado con el criterio definido de los Estados Unidos de Norteamérica, tanto en lo político como en lo jurídico, tendió las primeras líneas para que el hecho criminal se comprendiera como un hacer internacional que sólo era posible combatir con la unión de las naciones y la construcción de un derecho internacional. Los estudios, discusiones y resultados no siempre fueron comprensibles.

Todavía hoy se discute el contenido de la Convención de Viena de 1988, que entre otros suscribió el gobierno mexicano y ratificó el Senado de la República.

La adopción del documento internacional sin mayor deliberación interna es una de las causas por las cuales las leyes penales y los mecanismos de investigación, persecución y juzgamiento de los delitos relacionados con la producción, comercialización y consumo de las drogas y sus consecuencias en el ámbito financiero mediante los mecanismos de lavado de dinero explican en gran medida las derrotas morales y los fracasos jurídicos de las instituciones federales encargadas del combate al flagelo.

La Convención de Viena abarca precisamente los dos campos, narcotráfico y lavado de dinero en los sectores financieros lícitos. El documento internacional adolece de virtudes políticas y jurídicas.

Por si fuera poco lo anterior, la persecución del hecho criminal es deficiente y generadora de injusticias, mientras que los mercados financieros quedaron atrapados en la normatividad asfixiante que surgió de los temores y el crimen creció desmesuradamente... incontenible.

En México, la ausencia de una deliberación democrática sobre la construcción de un sistema político-jurídico punitivo para combatir el crimen organizado se expresó en una legislación ambigua e inoperante a la que han escapado con facilidad los narcotraficantes, mientras se hunde el sistema financiero entre servicios deficientes, complicidades inexplicables y desconfianzas sin fin.

Por esta razón, la debilidad de la autoridad es manifiesta, el narcotráfico disfruta de la opulencia y el sistema financiero se ve desconcertado porque no logra distinguir a quién sirve.

El gobierno del régimen actual ha convertido el combate al narcotráfico en una especie de acto deportivo. Con este espíritu, festina los decomisos y las aprehensiones de las infanterías criminales, cuando el decomiso es solamente una de las finalidades de la convención vienesa y los jefes del crimen permanecen intocables.

A los goles anotados, la autoridad deberá descontar los autogoles recibidos, como los 26 mil millones de dólares que se lavan anualmente en los circuitos financieros mexicanos, casi una economía paralela.

Todavía se desconoce el destino final de las drogas que se sustrajeron de diferentes instalaciones de la Procuraduría General de la República. Lo cual confirma la quiebra moral de una institución que se corrompe de la misma manera cuando la conducen civiles o militares.

Por todo ello, es recomendable que el próximo Congreso intervenga en la dirección de las acciones y la construcción de los medios eficientes para lograr resultados eficaces en consonancia con el nuevo orden jurídico que propuso precisamente.

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