El gobierno de Vicente Fox profundizó la “privatización” de las becas-crédito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), denuncian ex becarios que son acosados con amenazas de embargos por despachos jurídicos para que paguen el dinero que recibieron para realizar maestrías y doctorados en el extranjero.

Ex becarios, que pidieron el anonimato y quienes han cambiado hasta tres veces de domicilio por la persecución, dicen que la política de becas del Estado ha “recrudecido” los requisitos para apoyos en maestría y doctorado, convirtiendo lo que era "un servicio social en una empresa privada con recursos del pueblo".

Así se explica que de 1996 a la fecha, los becarios deban firmar pagarés y presentar un aval que respalde el crédito recibido, que por lo general es un bien inmueble, cuando originalmente existía un fondo revolvente que permitía subsidiar el programa de becas, agregan.

También se modificaron los criterios para obtener una beca, los cuales hacen hincapié en si el solicitante tiene o no dinero para reembolsar los fondos, lo cual cierra las puertas a los estudiantes de excelencia de origen humilde, destacan.

Prueba de ello es que hasta hace algunos años se publicaba la lista de los becarios y hoy se oculta para evitar que se conozca la identidad de los beneficiarios, en su mayoría, ‘estudiantes pudientes’.

“Se trata de becas para los ricos, subsidiadas con dinero de los pobres y se convirtió en una política desarrollada por el presidente Vicente Fox”, advierten. Dicen que también se da el desplazamiento de estudiantes de excelencia por influencia política.

Además, se penaliza y se persigue a los becarios que por distintas razones no pueden pagar el crédito.

Conacyt no es banco
El diez por ciento de los tres mil becarios anuales que viajan a estudiar de uno a tres años a Canadá, Europa y Estados Unidos, adeudan cada uno cantidades que fluctúan entre los 400 mil y un millón y medio de pesos al Conacyt, dice por su parte la directora de Formación de Científicos y Tecnólogos, Judith Zubieta García.

Judith Zubieta García

“Conacyt no es un banco, carece de tradición de cobrar y su función es formar cuadros técnicos y científicos de calidad para dejar de importar tecnología”, replica.

Sostiene que la política de la institución es recuperar la inversión de los cientos de becarios mediante diversas modalidades y niega que haya persecución judicial.

Una de las formas es recuperar en efectivo el 50 por ciento del monto otorgado, el resto se cubre mediante su aportación a la academia mediante cursos durante un tiempo determinado, explica.

Otra forma es la recuperación del crédito a través de fondos mixtos de los gobiernos estatales y el Conacyt, así como la elaboración de proyectos y cursos que impartan los ex becarios en instituciones de educación superior.

La funcionaria reconoce que los recursos de la institución destinados a becas en el extranjero --unos mil 600 millones de pesos--, representan una inversión nacional porque su impacto redunda en beneficios directos en recursos humanos de excelencia para la industria, el comercio y la academia, así como en importación de tecnología.

Así, los tres mil 500 becarios que hay en el extranjero y nueve mil en el país, constituyen una inversión de capital intelectual invaluable, añade Zubieta García, quien detalla que una beca de maestría en México tiene un costo de 5 mil 700 pesos mensuales, en tanto que una de doctorado es de seis mil 800 pesos, en promedio.

En el extranjero, las becas de doctorado alcanzan hasta un millón 300 mil pesos anuales e incluyen hospedaje, manutención, colegiatura y seguro médico.

Zubieta dice que Conacyt recuperó, en el 2002, de los morosos, unos 35 millones de pesos, en tanto que en 2001 fue de 33 millones de pesos. En ese periodo se bonificaron 120 millones de pesos.

Destaca que mientras el Congreso de la Unión no apruebe destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología --hoy es sólo de 0.4 por ciento--, la institución tendrá que seguir enfrentado limitaciones, no sólo de espacio, sino del número de solicitantes de becas que son rechazados anualmente.

Gabriel Pineda Olguín, miembro del Corporativo Jurídico de México (uno de los despachos que fungen como apoderados legales del Conacyt), asegura que no hay tal persecución, sino sólo “una exhortación” para que liquiden lo que el Estado les financió para realizar sus estudios.

Precisa que su función “no es legal, sino extrajudicial; no tenemos instrucciones de Conacyt de actuar jurídicamente”, sino sólo mediante “exhortos” a los ex becarios para que paguen sus deudas.

En el caso de los becarios que se quedan en el extranjero –dice Pineda Olguín- automáticamente se les reclama la devolución del monto del financiamiento, a través de sus familiares en México, con la notificación de que no habrá persecución judicial.

Sin embargo, a través de la directora de Administración del Programa de Becas-crédito del Conacyt, Lourdes Castelazo Sinencio, se advierte a los ex becarios que “en caso de no iniciar los trámites señalados en un plazo de 30 días, su asunto será turnado a un despacho externo para el trámite del cobro respectivo”.

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