Con más
de dos decenios de retraso, se ha reglamentado el derecho a la
información. Ni entonces ni ahora ha sido una concesión.
Fue y es una conquista
individual y colectiva de la nación, al entrar en plena
vigencia este 12 de junio la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental. Y obliga,
pues, a los tres poderes de la federación: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, con sus respectivos órganos descentralizados,
desconcentrados y con autonomía. De la Presidencia de la
República, todas sus secretarías, su consejería
jurídica; la secretaría particular y sus diversas
oficinas de asesoría.
La citada ley reglamentaria,
para facilitar el acceso a la información que posee y produce
el supremo poder de la federación, fue iniciativa presidencial
y que, discutida y aprobada por la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión –para obligar a los servidores
públicos federales a proporcionar la información
a todos los mexicanos que la soliciten--, contiene resabios autoritarios
en la excesiva cantidad de arsenales que permanecerán bajo
la secresía de información “reservada o confidencial”.
Con todo, es un paso más hacia la democratización,
por la vía de la liberalización de cuanto esté
permitido obtener como información pasada y presente.
Para el ejercicio
de las libertades de prensa, ese acceso a la información
es fundamental. El periodismo de investigación tiene cientos
de vetas para penetrar las minas vírgenes de los poderes
públicos.
Los reporteros,
al fin, podrán abrir la Caja de Pandora mexicana, clausurada
por siglos, y averiguar, rastrear y examinar la información
en sus fuentes para darla a conocer a la opinión pública.
Eso permitirá fundamentar la información en la veracidad;
con lo cual las reflexiones, sobre ese material, de analistas,
columnistas y demás opiniones: orales, escritas y audiovisuales,
tendrán mayores y mejores sustentos.
No obstante ese
legal acceso a la información, que abarca investigar y
pedir información; así como cuestionar más
a fondo sobre el quehacer de los servidores públicos, no
impide que el periodismo de investigación indague sobre
actos y omisiones que los involucre, y que mayormente ahora con
el acceso a la información, pretendan ocultarla bajo “las
siete llaves” del manejo discrecional de que es “información
reservada o confidencial”.
El que se facilite
el acceso a la información no quiere decir que de la noche
a la mañana los que detentan los poderes, vayan generosa,
desprendidamente, a proporcionar toda la información solicitada.
Habrá resistencias.
Así que
los periodistas, cumpliendo con su deber, seguirán echando
mano de los recursos permitidos por la ley y de los no prohibidos
por ella, para continuar informando a la opinión pública.
Ésta necesita
conocer y recibir la mayor información y “la información
más importante que debe recibir el pueblo es la referente
a la mala conducción del gobierno” (David M. O’Brien:
El derecho a la información). Y sobre todo y ante todo,
información sobre los abusos del poder, mediante el periodismo
de investigación de la prensa como contrapoder.
