Los empresarios quieren un Congreso a su modo. Desean un Poder Legislativo que promueva sus intereses y que sea expedito para concretar "un gobierno sin empresas y una máxima desregulación de la actividad económica."

Para los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no es suficiente que el Poder Ejecutivo lo encabece un empresario ni que al frente de la Secretaría del Trabajo se encuentre uno de los suyos, Carlos Abascal, quien firmó, junto con la CTM, el antecedente de la actual iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, “Hacia una nueva cultura laboral”, en 1995.

Los patrones buscan influir, "legítimamente", en los próximos comicios para que "lleguen" a la Cámara de Diputados "los hombres y mujeres que México necesita". Para ello han desarrollado el Programa cívico 2003-2004 Que el Congreso funcione, el cual se extiende hasta el 2006 con el programa Adopta un diputado.

Buscan proteger y fomentar sus privilegios desde el Poder Legislativo: "Como organismo gremial empresarial, tenemos el legítimo derecho de defender nuestros intereses, salvo aquellos que vayan en contra del bien común, del interés general", señala Gabriel Funes Díaz, director de estudios de la Coparmex, y quien se encargó de coordinar al equipo que diseñó el programa cívico.

Para el empresario, la defensa de los intereses de sus compañeros implica necesariamente pugnar por el bien común. "No sólo queremos que se hagan realidad nuestras propuestas, sino que éstas contribuyan a la creación de un México más justo, libre y próspero", dice.

Desde 1994, cuando la Coparmex participó por primera vez en los procesos electorales como observador ciudadano, su actividad política se ha venido incrementando.

En los comicios de 1997, además de ser observador, realizó conteos rápidos; las mismas actividades realizó en los comicios del año 2000 y, el 8 de noviembre pasado, el entonces presidente de la Coparmex, Jorge Espina, instaló una mesa frente a la Cámara de Diputados para reclamar su incapacidad para concretar las reformas estructurales. Además, les dijo que estaban reprobados en su trabajo con una calificación promedio de 5.3. Las peores "evaluaciones" las obtuvieron los legisladores de menos afinidad ideológica con los patrones.

Ahora, a decir de Funes Díaz, "para este 2003 tenemos que ir más allá de lo que ya veníamos haciendo. (Debemos) ser innovadores y hacer una contribución de más valor. Así fue como diseñamos este nuevo programa, que está dividido en cinco etapas y que va más allá de la elección de julio."

Para la doctora en Ciencia Política y especialista en empresarios, María Cristina Puga Espinosa, no es extraño que los empresarios de la Coparmex participen abiertamente en los procesos electorales. "Son los que tienen un programa más orientado a la política y cuentan con un programa ideológico bien definido.

La Coparmex es la única (de las organizaciones empresariales) que ha sostenido un programa educativo orientado a la introducción de valores morales, la defensa de la familia, la formación integral del individuo honrado, puntual, trabajador".

Según Puga Espinoza, la Coparmex "es la que ha dado voz a las principales demandas empresariales que tienen que ver con las reformas estructurales, y que, básicamente, son la privatización de la industria eléctrica y las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Esas son las cuestiones que más les interesan."

La primera etapa del programa, "Promoción del voto razonado", inició en marzo y culminará en julio. De acuerdo con Funes Díaz, tiene como objetivo "concientizar al empresariado y a la ciudadanía sobre el tipo de hombres y mujeres que México necesita para conformar el Congreso 2003-2006".

Los empresarios difundirán el "perfil del diputado" idóneo, según la visión de la Coparmex, y reparten tarjetas flyers, donde se caracterizan a los distintos tipos de candidatos y se invita a votar por los mejores. Así, se tiene, por ejemplo, por un lado al "candidato girito" y, por el otro, al "candidato tortugón".

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¿El perfil del mejor candidato? "Básicamente –señala Funes– tiene cuatro elementos: capacidad para vincularse con la sociedad, disposición en favor de la transición y de las reformas estructurales, un gran prestigio social y capacidad jurídico-legal".

Durante la segunda etapa, "Opinión de los candidatos", de mayo a junio se "invitará a los candidatos" a que contesten un cuestionario elaborado por la Coparmex en el que asienten su posición respecto a las reformas fiscal, energética, laboral y del propio Congreso.

Aclara que "nosotros no queremos promover a ningún candidato o partido político en particular. Simplemente, ofrecer la información al empresario, al ciudadano, de cuáles son los compromisos del candidato; para que libremente decidan por quién". Dice que no apoyarán con recursos económicos ni publicitarios a persona o instituto político alguno.

Cuestionario (Clic para agrandar)

La "observación electoral" que se realizará el 6 de julio, constituirá la tercera etapa del programa cívico. Los empresarios serán "testigos de calidad" del desarrollo de la jornada electoral en aquellas regiones donde persisten prácticas de inducción al voto.

Con la cuarta etapa inicia el programa Adopta un diputado. El objetivo es "dar seguimiento personalizado al trabajo legislativo del candidato una vez electo, considerando las exigencias del cambio jurídico requerido, sus compromisos de campaña y su posición respecto de las reformas estructurales buscadas".

Funes Díaz agrega que "esta es una etapa clave, central. Lo que queremos es que en todo el país, los empresarios sigan la pista a uno de sus diputados: si está asistiendo a la Cámara, cómo está votando." Esta etapa inicia en julio de 2003 y termina en abril de 2006.

La quinta etapa, ‘Rendición de cuentas’, "ha llamado mucho la atención y viene amarrada con el trabajo que estamos haciendo de cabildeo en la Cámara. Es decir, necesitamos estar en contacto permanente con nuestros representantes, estar pidiéndoles cuentas de lo que están haciendo.

Vamos a evaluar el trabajo de los diputados en función de los compromisos que hayan hecho, de su papel en el Congreso, que estén impulsando o no las reformas que el país necesita y daremos nuestra opinión de cómo vemos el trabajo legislativo".

A decir de la investigadora Cristina Puga "el programa Adopta un diputado es una forma válida de cabildeo. Sin embargo, el resto de la sociedad debe participar de igual manera, para que los candidatos no se vean obligados a responder exclusivamente a los empresarios."

Agrega que "el riesgo de que los diputados lleguen con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien a un grupo empresarial es un riesgo del sistema capitalista. El que haya intereses económicos que estén buscando beneficios propios e impulsen medidas en este sentido sólo podrá atenuarse si el resto de la sociedad está atenta y tiene la capacidad también de exigir un freno a estas medidas".

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