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De
acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía
(SE), la Inversión Extranjera Directa (IED)
en el campo es de apenas 0.3 por ciento en relación
con el total de IED en el país: asciende a
265.2 millones de dólares, distribuidos en
252 empresas, 1.1 por ciento de las 23 mil 110 que
cuentan con participación de capital foráneo
en sus activos. Y esto, porque el campo nacional representa
riesgos a la inversión, tanto económicos
como políticos y sociales, dice el investigador
Gerardo Gómez González, doctor en economía
de la Universidad Autónoma de Chapingo.
El
investigador detalla: por cuestiones geográficas
y climáticas, la inversión en el agro
es riesgosa. Huracanes, sequías, heladas y
plagas obligan al uso intensivo de plaguicidas, todo
lo cual encarece los costos y causa incertidumbre.
Hay
que tomar en cuenta, añade Gómez González,
que en nuestro país uno de los más añejos
reclamos sociales que no ha sido satisfecho es la
dotación de tierras, lo que provoca constantes
movilizaciones por parte de quienes demandan un pedazo
de terreno para producir: más de 3 millones
de campesinos. Si a esto agregamos que en México
no existen las condiciones que buscan los extranjeros
--como grandes extensiones de terrenos bien comunicados--,
nos explicamos el porqué del fracaso de la
reforma salinista, que empobreció aún
más a la población rural en lugar de
favorecerla.
Lo
anterior se refleja, asegura José Luis Calva,
doctor en economía de la UNAM, en las cifras
de la inversión extranjera directa en estas
actividades, pues de las 252 empresas con IED en el
sector, 41.3 por ciento están dedicadas al
cultivo de hortalizas y flores; 11.5 por ciento a
la acuacultura; 8.3 por ciento a la avicultura; 7.1
por ciento al cultivo de árboles frutales;
5.6 por ciento a la pesca en altamar; 4.4 por ciento
a la cría de porcinos, y 2 por ciento a ramas
asociadas con la producción agrícola
y ganadera.
De
esta forma, 71 por ciento de las firmas del sector
agropecuario que operan en la República Mexicana
son de procedencia estadounidense, y 93.3 por ciento
de la IED en esta actividad viene también de
Estados Unidos.
José Luis Calva afirma que Sonora es la entidad
que concentra la mayor porción de la IED sectorial,
con 42.9 por ciento; seguida por Sinaloa, con 23.2
por ciento; Jalisco, con 10.9 por ciento; Colima,
con 6.6 por ciento, y Estado de México, con
3.5 por ciento. El restante 12.9 por ciento se ubica
en las demás entidades del país.
En
cuanto a los inversionistas mexicanos, el Fideicomiso
Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA)
pretende colocar al concluir este año unos
30 mil 406 millones de pesos en el sector rural. A
la fecha, la institución ha entregado poco
más de 11 mil millones de pesos.
Un
caso: el pasado 19 de mayo, el Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat y el FIRA firmaron un convenio de colaboración
para financiar a productores y empresarios de los
sectores agropecuarios, pesquero y forestal.
Con
estas acciones, Scotiabank Inverlat proyecta aumentar
el financiamiento al sector agropecuario en 80 por
ciento respecto del 2002, lo que representa una derrama
crediticia de mil 100 millones de pesos, mismos que
serán fondeados por FIRA.
Uno
de los objetivos de estos convenios es buscar que
las pequeñas poblaciones rurales accedan más
fácilmente al financiamiento en cualquier actividad
económica que desarrollen.
La
Confederación Nacional Campesina también
hace esfuerzos para gestionar recursos. Para ello
anunció la creación de una red de intermediarios
financieros rurales con el propósito de integrar
al desarrollo empresarial a los productores del campo.
Por lo pronto, logró que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público destinara
este año recursos federales por más
de 100 mil millones de pesos al agro, lo que permitirá
apoyar un total de 6.9 millones de hectáreas
y beneficiar a cerca de 2 millones de productores,
principalmente de escasos recursos económicos.
El
subsecretario de la SHCP, Agustín Carstens,
ha detallado que el Programa de Créditos y
Subsidios para 2003 de las instituciones financieras
públicas que tienen que ver con el campo dispone
de más de 60 mil millones de pesos, 12.5 por
ciento más en términos reales respecto
del año anterior. El Programa de Coberturas
y Seguros comprende otros 40 mil millones de pesos,
lo que significa un incremento de 16 por ciento comparado
con el 2002.
De
esta manera se dan los primeros pasos en un esquema
cuyo objetivo es impulsar una nueva cultura de financiamiento
rural, en la que las organizaciones de productores
sean dueñas de las cadenas de intermediarios
por medio de las cuales el gobierno canalizará
sus recursos al campo.
Héctor Padilla Gutiérrez, secretario
de Crédito y Aseguramiento de la CNC, explica
que el nuevo modelo hace acopio de las experiencias
desarrolladas en países como España
y Brasil, en donde las organizaciones de productores
se han convertido en empresas de intermediación
financiera con el objetivo de combatir la pobreza.
Padilla
Gutiérrez comenta que, para integrar una red
similar en México, la CNC cuenta con 450 empresas
económicas, 70 despachos técnicos, 50
procreas, 288 organismos de crédito rural,
ramas de producción y, principalmente, con
la responsabilidad de los cenecistas para el pago
de las deudas contraídas.
Entre dichos intermediarios, advirtió, se crearán
fondos de garantía y aseguramiento, ya considerados
para una etapa del 2004 al 2007. Además, se
buscarán alianzas internacionales con bancos
cooperativos de España, Holanda y Alemania.
Acuerdos
de este tipo se pactarán más adelante
con estructuras financieras de Estados Unidos para
el manejo de las remesas de los migrantes que trabajan
en ese país, con lo que el dinero le llegará
a la gente con un mayor valor.
A decir
de Padilla Gutiérrez, lo que se busca con todo
esto es sacar al país de la severa crisis rural
en que se encuentra, ya que el financiamiento rural
ha ido en picada a partir de 1988, cuando la cobertura
en superficie llegaba a los 7.5 millones de hectáreas,
hasta caer a 2.2 millones en 2002.
También,
la meta es cambiar el esquema de crédito altamente
concentrado, pues en la actualidad los grandes productores
y empresas agroalimentarias se llevan casi 70 por
ciento del financiamiento destinado al sector rural,
en tanto que el porcentaje restante se distribuye
en 95 por ciento del país.
La
SHCP hizo saber que el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2003 contempla más
de 30 programas coordinados por seis dependencias
distintas dirigidos a atender las necesidades básicas
de quienes dedican su vida productiva al campo.
Esto
implicó, según la SHCP, el incremento
de 50 por ciento que dispuso este año el Congreso
de la Unión para los programas productivos
generales del sector agrícola, y el aumento
de 29 por ciento al gasto productivo total y de 19
por ciento del gasto para fomentar el desarrollo rural.
A pesar
de estas acciones, el líder de El Barzón,
Alfonso Ramírez Cuéllar, sostiene que
el gobierno mexicano “nos quiere hacer competir
en situaciones desventajosas con los productores de
Estados Unidos y Canadá, obligado por el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Los
hombres del campo son los que desde el inicio de nuestra
nación han llevado el alimento más necesario
a los mexicanos. Y ahora, por una política
entreguista y de franca desarticulación de
la cadena alimenticia de nuestro país, nos
condena a competir en condiciones desventajosas, llevándonos
irremediablemente a la desaparición”.
Al
respecto, un documento de la Empresa Integradora Consultoría
Profesional de Desarrollo advierte: “En nuestro
campo es cierto que hace falta el crédito,
y mucho, pero también es verdad que se necesita
tener acceso a otro tipo de herramientas, como mecanismos
de ahorro, de seguros, de transferencias de recursos,
de factoraje y pignoración, entre varios más.”
Su
consideración es que el sistema financiero
necesario en México debe contemplar y emprender
tareas que faciliten el acceso a créditos de
avío y refaccionarios, para fomentar la producción
agrícola, pecuaria, forestal y de servicios
en el ámbito rural. Asimismo, debe simplificar
el acceso a créditos de capital de trabajo
para apoyar la comercialización de las cosechas
y excedentes productivos. Y por supuesto, medios que
permitan el ahorro local.
Isabel Cruz Hernández, de la Asociación
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social
A.C., reconoce un rezago estructural de más
de 100 años respecto de los países desarrollados.
Y alerta: si queremos una solución real en
el terreno financiero, hay que atender a casi 32 millones
de personas que
viven
en unas 190 mil localidades con menos de 15 mil habitantes.
Un cálculo elemental, remarca, arroja la necesidad
de construir cerca de 10 mil instituciones financieras
rurales en los próximos 20 años. En
suma, este nuevo sistema financiero requiere de una
reforma institucional de la banca de desarrollo, porque
el FIRA y la nueva Financiera Rural no pueden coexistir
como banca de segundo piso, a riesgo de distorsionar
más los frágiles mercados financieros.
capitales@contralinea.com.mx
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