Bajo la mirada escrutadora de las autoridades judiciales de Estados Unidos, el poderoso Grupo Hank reanudó su hostigamiento contra la periodista mexicana Dolia Estévez, a quien acusa de "encabezar una conspiración" para dañar su reputación en ese país.

El caso es grave pues es la primera vez que una periodista mexicana serñia acusada en tribunales estadounidenses por una nota que envió a otro país.
Estévez, corresponsal de El Financiero y el noticiario radiofónico Monitor, publicó el 31 de mayo de 1999, un avance de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, dependiente del Departamento de Justicia, titulada Tigre Blanco.

El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, una dependencia estadounidense que produce información de alto nivel para consumo de las distintas agencias gubernamentales de ese país, formuló el documento Tigre Blanco con la hipótesis de que la familia Hank utiliza sus relaciones para hacer negocios y que incluso algunas operaciones financieras podrían tener relación con el tráfico de estupefacientes.

"La familia ha amasado un portafolios financiero estimado en varios miles de millones de dólares y ha ejercido una enorme influencia en sectores políticos y empresariales mexicanos", establecía el análisis.

Esa sospecha continúa latente en Washington, por lo pronto la Drug Enforcement Administration (DEA), la siempre activa agencia antidrogas, declaró que existe una '"investigación en curso sobre los sujetos y asuntos" que analiza Tigre Blanco.

Presión en EU
Gary Jacobs, el presidente del Laredo National Bank, y Carlos Hank Rhon demandaron al investigador Donald E. Shulz --un antiguo profesor del Colegio de Guerra del ejército estadounidense-- por "invasión de la privacidad" y exigieron como reparación 88 millones de dólares.

Según Jacobs y Hank Rhon, el investigador Shulz filtró a la prensa --The Washington Post, Dallas Morning News y El Financiero-- un resumen ejecutivo de Tigre Blanco y por eso lo llevaron a los tribunales. Dolia Estévez fue citada para que presentará su agenda personal, con citas, direcciones y teléfonos, copia de sus correos electrónicos y, además, revelará quién le proporcionó copia de Tigre Blanco.

Dolia Estévez

Shulz, un hombre mayor, académico de toda la vida, cedió a las presiones de los dueños del Laredo National Bank. En un acuerdo fuera de tribunales, que permite la legislación estadounidense, reconoció el pasado 17 de abril que él proporcionó Tigre Blanco a los tres periódicos. Además, para hacer el caldo más gordo al mayor del clan Hank asegura que "el informe contiene suposiciones y está plagado de errores".

Las presiones contra Shulz debieron ser enormes, pues sostiene que existe una conspiración en EU para perjudicar a Hank Rhon y Jacobs, y asegura que la encabeza la periodista mexicana Dolia Estévez.

La demanda original de 88 millones de dólares por invasión a la privacidad fue reducida a 8 millones por los abogados de los Hank.

A cambio, el profesor Shulz se comprometió a colaborar para limpiar el nombre de Hank y su socio texano Jacobs, a fin de "disipar información falsa y errónea sobre ellos, propagada por algunos miembros inescrupulosos de los medios informativos" y "exponer la conspiración de Estévez y otros para perjudicar a los demandantes y a Carlos Hank Rhon".

Libertad de prensa
Entrevistada al respecto, Dolia Estévez, corresponsal de El Financiero en Washington desde hace 14 años, afirma que se trata de un caso evidente de hostigamiento y coacción contra la libertad de prensa.

El 31 de mayo de 1999, El Financiero me publicó una investigación que tiene como base un análisis de inteligencia. Se trató de un tema de interés público para la opinión pública de México y EU y un ejercicio responsable de la libertad de prensa, menciona la periodista.

"En lugar de proceder legalmente en México, donde se publicó el artículo, el grupo Hank optó por hacerlo en Estados Unidos, argumentando `daños irreparables´ ante la opinión pública estadounidense", agrega la corresponsal mexicana originaria de Sonora.

El 9 de enero del 2002, alrededor de las 10 de la noche, cuenta Dolia Estévez, llamaron a la puerta de mi casa para que testificara y revelara fuentes en el juicio contra Schulz en Ohio judicial. El caso me convirtió en la primera periodista mexicana en hacer una defensa legal en los tribunales estadounidenses, de los principios y valores de la libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Privilegio calificado
El juicio contra Schulz se alargó casi dos años. Como parte del proceso de investigación del juicio, la reportera mexicana fue citada por los abogados del grupo Hank para que revelara sus fuentes de información y entregara copia casi de todos sus archivos.

El 19 de marzo del 2002, el juez Welton Curtis Sewell, de Virginia, emitió su fallo a favor de la libertad de prensa.

Hank Rhon

Señaló que "esta Corte reconoce el privilegio calificado que existe bajo la cláusula de libertad de prensa para evitar que periodistas revelen sus fuentes de información y otros medios de recabar noticias".

La reportera mexicana señala que el "veredicto inicial sentó un importante precedente y descalificó, de antemano, cualquier presión futura de limitar el trabajo periodístico y la libertad de expresión en los tribunales de Estados Unidos como resultado de notas publicadas en México".

Reacio, el grupo Hank decidió apelar la decisión el 4 de abril del año pasado y enfocó sus baterías contra el investigador Donald E. Shulz, quien cedió el 17 de abril pasado y de acusador se transformó en defensor de la honra de los Hank.

Ahora la que está en la mira es Dolia Estévez y con ella la libertad de expresión, el respeto al secreto profesional y la amenaza de que la justicia estadounidense alcance a periodistas nacionales por sus notas en medios mexicanos. "Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera", advierte la periodista mexicana.

El Tigre sigue vivo
En realidad, se trata de una batalla por la libertad de prensa que apenas comienza y está relacionada íntimamente con uno de los temas más sensibles de la agenda entre México y EU: narcotráfico, seguridad binacional y corrupción.

Aunque alejados momentáneamente por los gobiernos de Vicente Fox y George W. Bush, esos temas recobrarán pronto su nivel.

En ese marco, se inscribe la investigación sobre los Hank, pues es una respuesta a una petición de las oficinas de la DEA y el FBI en San Diego, California, que aprobó el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del Departamento de Justicia estadounidense, el 9 de diciembre de 1997.
Desde entonces la DEA no quita el dedo del renglón.

El pasado 18 de julio, Rogelio Guevara, jefe de operaciones de la DEA, declaró que para la agencia antinarcóticos Tigre Blanco está vivo.

Existe una "investigación en curso sobre los sujetos y asuntos" señalados en el Resumen Ejecutivo, dijo Guevara ante un juez.

En realidad, desde el último decenio del siglo pasado el Grupo Hank está bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Incluso Carlos Hank fue sancionado por la Reserva Federal (Fed, banco central).

El 31 de mayo del 2001, la institución que dirige Alan Greespan impuso a Carlos Hank una multa de 40 millones de dólares, lo obligó a renunciar a la presidencia del Laredo National Bancshares, le prohibió participar en otras instituciones financieras sin previa autorización de la Fed. Pero logró mantenerse con el 70 por ciento de las acciones del banco texano.

Alan Greespan

La Fed fijó la multa en dos partes, una por 10.75 millones de dólares a Hank Rhon e Incus, su holding personal en Islas Vírgenes, que tiene la mayoría de acciones del Laredo National Bancshares. El pago lo realizó ese mismo año al Departamento del Tesoro y los restantes 29.25 millones diferidos en siete años.

El pleito se originó por una acusación de venta ilegal de acciones del Laredo National Bancshares y otras violaciones a las leyes bancarias estadounidenses.

Tigre Blanco atribuía a la mala reputación de Carlos Hank Rhon no haber obtenido la aprobación de la Reserva Federal para comprar Mercantile Bank de Brownsville, cuando la solicitó en 1996 y que la Fed nunca resolvió.
Pero éstas y otras imputaciones que contiene Tigre Blanco, dice el profesor Donald Shulz que son "suposiciones y está plagado de errores".

Secretos verdaderos

En la búsqueda de información, los periodistas acuden a fuentes reservadas. Muchos informantes, generalmente funcionarios con acceso a información privilegiada, piden que el reportero mantenga su identidad en secreto. La solicitud es clara, porque con frecuencia corren el riesgo de ser amonestados e incluso perder el trabajo y hasta en ocasiones la vida.

Otras profesiones tienen reconocido el secreto profesional --abogados, curas y médicos--. En México, el secreto profesional para el periodista es prácticamente desconocido,

El joven doctor en derecho Ernesto Villanueva dice que el secreto profesional del periodista "constituye al mismo tiempo una reivindicación periodística de naturaleza deontológica y un instrumento legal correlativo a las libertades de expresión e información en todo el mundo".

Según Villanueva, el secreto profesional no trata de brindar privilegios o protecciones especiales a los periodistas per se, en aras de satisfacer sus intereses particulares o gremiales, sino en establecer mecanismos en beneficio del interés general de la sociedad".

El también profesor de la Universidad Iberoamericana afirma que "el secreto profesional representa una contribución importante para aumentar la cantidad y calidad de los textos informativos que recibe el público para normar su criterio y participar en los asuntos públicos, pues de no garantizar el anonimato de las fuentes, mucha información a la que regularmente se tiene acceso estaría restringida en perjuicio de la sociedad toda".

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