Cancún, Q. Roo.- Una inversión superior a los 200 millones de dólares podría convertirse literalmente en escombros si las autoridades locales ceden ante la exigencia ciudadana de demoler el complejo hotelero Riu, construido de manera irregular en pleno corazón de la zona hotelera.

La obra empezó en mayo del 2002. Al cabo de diez meses, mil 500 trabajadores levantaron dos hoteles de lujo justo frente a Plaza Caracol: Riu Cancún, de 15 niveles, con 569 suites, y Riu Palace, de 11 pisos y 380 suites.
No obstante la falta de permisos de construcción, la obra siguió su curso hasta el pasado febrero, en que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) detectó la irregularidad y ordenó suspenderla.

En una inspección realizada el 19 de febrero por el director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ricardo Juárez, se descubrió que formalmente sólo se contaba con autorización para construir un edificio, que se transgredieron las normas ambientales que impiden la construcción de hoteles mayores de doce pisos, cuando la obra registraba un avance de 90 por ciento.

Ese mismo día el funcionario federal obtuvo una orden de suspensión de la obra y al pretender llevarla a cabo, con apoyo de autoridades municipales y estatales, la situación se desbordó. Los trabajadores impidieron el acceso a los inmuebles y estuvieron a punto de enfrentarse a golpes con los funcionarios.

Corrupción
Las primeras investigaciones arrojan evidencias de corrupción por parte de autoridades municipales, estatales y federales, que se presume recibieron dinero a cambio de guardar silencio. Hasta ahora los indicios apuntan a la ex alcaldesa priista Magaly Achach de Ayuso, así como a Luis Sánchez Cataño y Fernando Hoil Escamilla, respectivos delegados de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Ante las acusaciones, la ex alcaldesa ha salido a defenderse por la acusación del cobro y oscuro manejo del millón de dólares que indebidamente reclamó el municipio de Benito Juárez como "cuota" para otorgar el permiso de construcción a los empresarios españoles Riu.

--Si me critican porque en lugar de impedir el proyecto opté por cobrar una cuota para las arcas municipales, bueno pues entonces acepto que preferí institucionalizar la corrupción, dijo con ironía la ex funcionaria el pasado 26 de febrero en entrevista radiofónica.

La noche del 3 de abril del 2002, horas antes de concluir su mandato, Achach convocó a una sesión de Cabildo para aprobar el permiso de construcción del hotel Río Cancún de 15 niveles. Según ex regidores que participaron en la votación, el proyecto fue confuso de origen y nunca se hizo alusión expresa acerca del segundo edificio.

Partícipe de la autorización de la obra, el ahora ex regidor Tomás Contreras confirma que nunca fueron informados de que el proyecto incluía dos edificios.

"Siempre se manejó como un solo edificio que tendría una densidad de 569 cuartos, un máximo de 15 niveles y 48 metros de altura. Algunos no estuvimos de acuerdo porque las medidas rebasaban la densidad y la altura permitidas por el Ordenamiento Ecológico del Sistema Lagunar Nichupte. Sin embargo, aceptamos la cuota de un millón de pesos que pagaron los dueños", explica.

Contra los funcionarios federales, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) abrió una investigación por “hacer y dejar pasar múltiples irregularidades que dañarán de manera irreversible” la ecología del destino turístico más importante del país. La presión fue tanta que en marzo pasado Sánchez Cataño renunció y desapareció de la escena pública. En su carta de renuncia, el ex delegado omitió aclarar las razones por las que no informó a sus superiores sobre las irregularidades.

Después de que la Secodam inició la investigación contra los delegados federales, los inversionistas acudieron ante el procurador federal de Protección al Ambiente, José Campillo, y aceptaron haber incumplido la normatividad ambiental, fomentado la confusión sobre la construcción y no aclarar la situación.

Los riesgos
Entre las anomalías se observa la falta de la manifestación del impacto ambiental, con lo cual se violaron los ordenamientos del parque marino occidental Isla Mujeres-Punta y Cancún-Punta Nizuc.

Además se pasaron por alto los lineamientos de ordenamiento del Sistema Lagunar Nichupte, que como efectos inmediatos supondrá desabasto de agua potable y racionamiento del líquido a los más de 800 mil habitantes de Cancún.

La falta de agua en esta localidad se padece desde hace varios años, pues sus habitantes reciben agua potable por medio del sistema de “tandeos”, con horarios restringidos por zonas de tres a cuatro horas diarias.

En el nivel local, el asunto mantiene polarizadas las opiniones. Mientras, los sectores privado y social demandan la demolición inmediata de los hoteles, dados los problemas urbanos que generaría.

Por su parte, el gobernador Joaquín Hendricks Díaz y el alcalde de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea, se manifiestan en favor de corregir los “errores” mediante una multa de dos millones de pesos a los hoteleros Luis y Carmen Riu, para no ahuyentar la inversión ni perder las fuentes de empleo.

Las críticas arrecian principalmente contra García Zalvidea, alcalde proveniente del Partido Verde Ecologista de México, quien coronó su triunfo montado en una estrategia publicitaria de luchador incansable por la conservación ecológica del municipio.

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