Unos 400 mexicanos acusados por delitos graves esperan ser repatriados a nuestra nación para ser juzgados, mientras que 260 extranjeros están retenidos en México en espera de ser repatriados, según informes de Procuraduría General de la República (PGR).

El subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos, dice que México honra sus compromisos internacionales y asegura que siempre que se localiza a un fugitivo requerido por otro país se le inicia un proceso de extradición, sin importar si es delincuente común, terrorista o guerrillero.
“Claro que a los criminales peligrosos, se les tiene mayor precaución para evitar fugas o accidentes, pero no hay un proceso especial para etarras o terroristas”, apunta.

Afirma que las autoridades mexicanas actúan cuando se les solicita y reconoce que existe una decadencia en los procesos mundiales para la extradición de personajes sospechosos de un delito.

“El problema de las extradiciones es de evolución del derecho internacional y de las naciones, porque los primeros tratados se gestaron en tiempos de dictaduras y represiones en Estados en formación. Por esta razón existía una preocupación de proteger a los extraditables, para que no fueran perseguidos políticos o devueltos a un estado de esclavitud o de violación a sus derechos humanos.”

La complejidad en la aplicación de procesos de extradición y la decadencia de las leyes hacen de México un paraíso para homicidas, narcotraficantes, violadores o defraudadores extranjeros, según el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, quien plantea abrogar las leyes y actualizarlas.
Documentos confidenciales revelan que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) da entrada a cientos de solicitudes de extradición y muchas de ellas carecen de información básica, legal o fundamentada para pedir que un presunto delincuente sea repatriado.

Romeo López Dimas está acusado en Texas de homicidio capital, secuestro calificado y homicidio, delitos que se castigan con prisión de 5 a 99 años, cadena perpetua o pena de muerte, sentencias que no son aplicables en México. El juez tercero de Distrito en materia de amparos, negó su extradición. En respuesta, la embajada de Estados Unidos envió una carta en la que se comprometía a no aplicar ninguna de esas penas.

“Aunque la sentencia máxima en Texas por los delitos que se acusa a López está denominada bajo el código penal como “prisión vitalicia”, el gobierno de Estados Unidos asegura a México que López no recibirá cadena perpetua.”
Para el abogado internacionalista Francisco Trueba Fuster, este tipo de cartas diplomáticas del gobierno estadounidense no se aplica en el estado donde es requerido el acusado.

“Si el inculpado es extraditado conforme al protocolo entre ambos gobiernos, no hay garantía de que Texas respete el acuerdo y no lo sujete a las leyes locales, sobre todo si sabemos lo duro del gobernador texano Rick Perry.”
Plantea que si Perry desairó una recomendación enviada por los tribunales internacionales de La Haya para evitar la ejecución de tres mexicanos, “¿qué se puede esperar de un acuerdo diplomático como éste?”.

El subprocurador Alejandro Ramos indica que nunca ha ocurrido un caso así, aunque reconoce que existen posibilidades de que algún estado de la Unión Americana pueda desconocer un acuerdo bilateral y por tanto el reclamo se le tendría que hacer al gobierno estadounidense.

Burgoa Orihuela añade que los vicios y la corrupción en diferentes esferas del gobierno mexicano han dado lugar a situaciones que afectan las garantías elementales de los seres humanos, como la vida.

De acuerdo con Trueba Fuster, hay una clara violación a los artículos 22 y 119 de la Constitución, relativos a la aplicación de penas inusitadas y a la regulación del proceso de extradición; así como al artículo 14 de la Ley de Extradición de México, que se refiere los sujetos y condiciones de la extradición en el país.

“Aquí parece que existe un choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial debido a que la SRE, sin contar con los elementos de juicio, emite acuerdos de extradición sin tomar en cuenta la opinión de un juez federal.”
Agrega que la mayoría de los tribunales colegiados del país utilizan el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación según el cual ninguna persona podrá ser enviada a su país si se le aplica una pena que no esté contemplada en México.

En medio de esta complejidad, en la que las anomalías en la solicitud de extradición se aplican a mexicanos y extranjeros por igual, en la SRE se informó que la dependencia “sólo actúa como correo” entre la autoridad que reclama a una persona y la PGR.

Un ejemplo de ello es el cubano nacionalizado estadounidense Mario Betancour, perseguido desde el año 2000 por el asesinato de dos norteamericanos en Florida. Mezclado entre los reos de alta peligrosidad del Reclusorio Oriente, sobrevive pagando protección y servicios como televisión, radio y utensilios de cocina.

“Mi crimen fue racial”, confiesa. “Logré subir hasta un puesto ejecutivo en una empresa donde todos eran hombres blancos y racistas. Había mucho hostigamiento, no me podían perdonar que un latino hubiera llegado a un alto nivel. Después de meses de insultos y peleas, el 11 de enero del 2000, tras una golpiza, saqué de mi vehículo una pistola 9 milímetros y disparé en contra de Kenneth Conklin y del dueño de la compañía Richard Mashler.”

Tras el crimen huyó a Nueva York, luego a Los Ángeles y finalmente a Cancún, donde fue detenido por la Interpol y para enfrentar un juicio de extradición. Florida es uno de los estados que mantiene la pena de muerte y teme que éste sea el castigo que se le intenta imponer.

Su defensor, Alberto Elizondo Espinosa, dice que el juicio de extradición fue ganado ante los tribunales mexicanos, pero cabe la posibilidad de que su cliente sea detenido al salir de la cárcel y entregado a Estados Unidos. Este es un vacío legal de la justicia mexicana para aquellos que buscan garantías en nuestro país, argumenta el litigante.

En otros casos, los expedientes no son integrados adecuadamente por el Departamento de Justicia norteamericano, a pesar de lo cual México les da entrada y los envía a los juzgados de Distrito.

Joseph A. Mann, (a) “Andy”, está acusado de diversos cargos, entre ellos de defraudar a la Bolsa de Valores de Nueva York, lavado de dinero y conspiración. Fue detenido en Cancún y trasladado al Reclusorio Oriente, al dormitorio 9, donde los privilegios son evidentes.

Rodeado de frondosos jardines, en una mesa cubierta por una sombrilla, con servicio de cafetería y restaurante, Josehp alega que el gobierno de su país ha cometido infinidad de violaciones para solicitar su extradición, mismas que el gobierno mexicano ha permitido.

En la orden de arresto enviada a la SRE se establece que su aprehensión fue solicitada por el juez de Nueva York, Michael H. Dolinger. Sin embargo, no está firmada por éste como le exige el protocolo binacional, ni por el asistente de la corte, James M. Parkison, sino que tiene un sello con el nombre de Melani L. López.

El documento contiene datos falsos del inculpado. Refiere que su identificación de seguro social es el número 492-38-2819, pero su número real es 090-28- 5614 y ubica su fecha de nacimiento el 15 de diciembre de 1938, cuando su pasaporte marca el 23 de enero de 1938.

----------------
Antesala del patíbulo

México cuenta con 699 expedientes de extradición, 441 de los cuales son peticiones de nuestro país. De éstas 417 son a Estados Unidos, lo que significa que 95.5 por ciento de los delincuentes que cometen un delito y se fugan están en el vecino país del norte, acusados de narcotráfico, homicidio, asaltos bancarios, secuestros y peculado. El resto, 28 casos, están en otros países del mundo, principalmente Europa y Centroamérica.

En tanto, 258 sospechosos de otras naciones han encontrado en nuestro país un refugio ante la persecución judicial de sus respectivos países. De éstos, 240 son requeridos por Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, y Alemania.

Encabeza la lista de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley, del Departamento de Estado norteamericano, el jefe del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, detenido hace unos días en el país. Le sigue Joaquín, (a) el Chapo, Guzmán, Mario Villanueva Madrid; Alcides Ramón Magaña, (a) el Metro; Ismael Higuera Guerrero; sus sobrinos Rigoberto y Ariel Llanes Guerrero, Bernardo Araujo, (a) el Jabalí, Alfredo Nahim Salman, Gilberto García Mena, (a) el June, y los hermanos Adán, José Luis y José de Jesús Amezcua Contreras.

También Benjamín Arellano Félix, Arturo Guzmán Loera, el Pollo, hermano del Chapo Guzmán; el colombiano Herbert Alberto Cruz Ruiz, (a) Gino Brunetti; Ricardo Bonilla Arizmendi; Francisco Javier Cambero, (a) el Chito y Miguel Caro Quintero.

Para Francisco Trueba, el gobierno estadounidense presiona a México para contrarrestar el fallo de la SCJN, que prohibió las extradiciones de mexicanos o extranjeros que puedan ser víctimas de penas inusitadas, como cadena perpetua o de muerte.

En el documento “Estrategia Internacional del Control de Drogas, México”, el Departamento de Estado norteamericano condena la decisión de la SCJN, emitida en enero del año 2002, que exige garantías formales de que el probable extraditado no enfrentará una sentencia de cadena perpetua o de muerte en el país que lo requiera.

Para Estados Unidos esta decisión de la corte mexicana es contraria al tratado de extradición entre ambas naciones firmado en 1978, el cual remite a la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Drogas, de la que México es integrante.

La decisión de la SCJN ha sido el freno para enviar a presuntos capos de manera “express”, como ocurrió con el exlíder del Cartel de Golfo, Juan García Ábrego, en 1995, que fue trasladado a Estados Unidos por instrucciones directas de Ernesto Zedillo y hoy está sentenciado a varias cadenas perpetuas.

Después de Estados Unidos el país que más ha solicitado extraditables a México es España, principalmente exguerrilleros y terroristas integrantes de la ETA y del Ejército Guerrillero de Povo Galego Ceibe.

La extradición más reciente fue la de Manuel Quintans López, considerado el cabecilla del Ejército Guerrillero de Povo Galego Ceibe, acusado en España de cometer atentados contra autoridades locales, tenencia ilícita de armas y explosivos y secuestro.

Otros presuntos etarras expulsados o extraditados a España son Miguel Santiago Azpura García, (a) “Mikel”, Josu Gozton Larrea Elorriaga, Mikel Arrieta Llopis, José Ángel Ochoa de Eribe Landa, Óscar Cadenas Llorente y Leiré Martínez Pérez. Todos ellos purgan sentencia en prisiones de Europa.
La lista de otros presuntos integrantes de grupos terroristas vascos españoles es larga y de sus nombres ni la PGR ni la SRE dan información de su condición en nuestro país

info@contralinea.com.mx