Despojos de tierras, rentismo de parcelas, jornaleros agrícolas explotados igual o peor que en el porfiriato, migración creciente a Estados Unidos; 30 mil disputas interejidales, y el descontento contra la apertura comercial pintan un panorama sombrío para el gobierno de Vicente Fox.

Si bien el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es un gran problema para el campesinado, también lo es el hecho de que a partir de 1992, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, se reformó el Artículo 27 Constitucional con la intención de privatizar la tenencia de la tierra; desde ese momento desaparecieron las categorías de “imprescriptibles” e “inalienables” de los 27 mil terrenos propiedad social de los ejidatarios y comuneros del país.

A partir de entonces la tierra se empezó a vender. Aunque también, agobiados por las deudas, los campesinos rentan sus predios a empresarios nacionales y extranjeros, quienes dominan actualmente hasta 80 por ciento de las zonas de riego del norte de la República, las más ricas para competir con su producción en el mercado internacional.

Más abajo, en el centro del territorio nacional, quien recorre el trayecto de México a Veracruz se encuentra con los anuncios que rematan una hectárea, con árboles, a 10 mil pesos; y si se va por la carretera México-Cuautla, saliendo de la capital, las gangas de predios ejidales llegan a ofrecer los cien metros cuadrados a “únicamente cinco mil pesos”.

José Luis Calva, investigador de la UNAM, explica que ante esto el gobierno de Fox no sabe qué hacer, pues por una parte está presionado por las organizaciones campesinas para demandar la revisión del TLC y, por otra, tiene la conflictividad agraria, sin agenda de solución.

La disputa por la selva de Los Chimalapas entre Oaxaca y Chiapas; el despojo de casi 42 mil hectáreas que denuncian los indígenas yaquis del estado de Sonora; la venta de islas de Baja California, el problema de “La Purísima”, cuyos ejidatarios están amenazados de ser despojados de sus tierras por parte de empresarios norteamericanos; la disputa mixe por la posesión de terrenos; expropiaciones para la construcción de aeropuertos o carreteras, a dos pesos metro cuadrado, a campesinos de Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala con motivo del Plan Puebla-Panamá (PPP).

A ello hay que agregar el desalojo de campesinos, hace dos meses, de la reserva Biosfera Montes Azules, Chiapas, situación que, de acuerdo con la organización Global Exchange, se repetirá en los próximos días debido a que el gobierno pretende explotar comercialmente las maderas de la región.

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Según la organización, las autoridades usan el pretexto de que los indígenas “amenazan” la integridad de la reserva con el único objetivo de entregar los recursos de esa parte de la Selva Lacandona a compañías extranjeras dedicadas al turismo o a convertir los árboles en papel.

Esto, dice Global Exchange, “es resultado de una larga historia de conflictos no solucionados por la tierra, ya que muchos de los padres y abuelos de los actuales asentados migraron a Montes Azules para escapar de las condiciones opresivas y degradantes de trabajo”.

Situación parecida es la que caracteriza al asunto de Bernalejo de la Sierra, donde la disputa es por 5 mil 465 hectáreas que por decreto presidencial de Ernesto Zedillo se entregaron a ejidatarios zacatecanos pero reclaman como suyas los tepehuanos, que a la fuerza se han apoderado de ellas sin que pueda hacer gran cosa la Policía Federal Preventiva (PFP), enviada por la Secretaría de Gobernación.

Indígenas Tepehuanos, mantienen guardia en el camino.

A los problemas por límites de tierras de Durango y Zacatecas hay que añadir los conflictos que existen por el agua entre Nuevo León y Tamaulipas; el estado de México y Guerrero con el Distrito Federal; Sonora con Baja California; y la misma Tamaulipas con Texas, Estados Unidos.

Como parte de la conflictividad agraria que se le desborda al gobierno destaca el caso, uno de muchos, del estado de Puebla, donde durante más de 30 años los comuneros de San Lorenzo Anecatla, del municipio de Cuauhtlasing, piden que se les restituyan las tierras que son de su propiedad. 34 empresas que venden sus productos a Volkswagen se apropiaron de los terrenos en perjuicio de 832 campesinos que desde 1964 demandan la restitución.

Problemas como éste son parte de la petición que el pasado 7 de agosto hizo el Instituto Nacional Indigenista ante la Procuraduría Agraria de la Federación, cuyo escrito señala que hasta el año 2000 se contaba con 16 mil 810 controversias, de las cuales solamente 38 han sido resueltas.

Sin embargo, la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) reconoce que, a partir de la modificación al 27 constitucional, la dependencia dejó de tener atribuciones para resolver conflictos que tienen que ver con la disputa por la tierra entre comunidades del país.

Problemas similares se dan en Chiapas, Oaxaca, Durango, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Sonora, entre otros, donde es necesario dar una solución para que la violencia no estalle.

Según la SRA, en el país solamente hay 400 conflictos agrarios calificados de “gravedad”, al tiempo que la propia dependencia confronta muchos juicios. Uno de ellos es el del senador panista Diego Fernández de Cevallos, quien pretende cobrar más de mil 214 millones de pesos a esa secretaría por una supuesta afectación de tierras ubicadas en el sur de la ciudad.

El juicio está pendiente y cabe aclarar que la SRA, con todo y el presupuesto que recibió este año, no podrá funcionar si liquida el adeudo con Fernández de Cevallos. El mismo personaje que se ha erigido como un agrarista en contra y es mencionado en el despojo de los ejidos de Punta Diamante, en el puerto de Acapulco, donde según los ejidatarios del lugar se apropió de más de 200 hectáreas turísticas.

A todo esto hay que añadir la condena que la Central Campesina Cardenista (CCC) hace en contra de “la actitud del Tribunal Superior Agrario por la política represiva que ha adoptado en contra de los dirigentes de esta organización”.

En un escrito, Max Correa, líder de ese organismo, denuncia que esa institución protege los intereses de los latifundistas y caciques, al grado de que quienes luchan por la tierra tienen órdenes de aprehensión.

La anarquía agraria que hay en el país alcanza incluso a la familia presidencial, ya que el 17 de septiembre pasado campesinos de Guanajuato se apostaron frente al rancho San Cristóbal, lugar de descanso del presidente Vicente Fox, para exigir la restitución de 300 hectáreas que les dotó la Reforma Agraria en 1937.

Ejidatarios de Hidalgo, Rechazo al nuevo aeropuerto.

Con papeles que presentaron al reportero, el comisariado ejidal Rafael Gómez Pacheco, junto con otros campesinos, exhibió “el decreto presidencial que nos dota de las tierras que tienen ahí los Fox”. El documento tiene fecha de 12 de octubre de 1937 y obliga a José Luis Fox Pont, padre del presidente de la República -entonces propietario de la Hacienda San Cristóbal-, a entregar a favor de 215 ejidatarios el número de las hectáreas mencionadas.

Otros despojos, igual de agravantes, tienen que ver con los campesinos del municipio de Escobedo, Nuevo León, a quienes se les expropió en 1990 de 204 hectáreas de riego y uso agrícola para la construcción de un parque ecológico y una terminal de autobuses, en Monterrey. De acuerdo con Luis Cabazos Segura, uno de los inconformes, cada campesino recibió 2.77 pesos por metro cuadrado, el mismo que hoy se comercializa hasta en mil 700 pesos.

Problemas como los anteriores se dan en toda la República. Denuncias de ellos los tienen la SRA, la Procuraduría Agraria y el Supremo Tribunal Agrario, donde se informa que la mayoría de los juicios han resultado negativos para los campesinos. Datos de las organizaciones campesinas revelan que los conflictos, a 11 años de haberse modificado el artículo 27 constitucional, comprenden al 78 por ciento del territorio nacional.

No obstante que las autoridades federales aceptan que sólo hay 22 disputas agrarias de “alto riesgo”, la realidad, sostiene un estudio de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, prevalecen 22 mil 296 diferendos.
A ello se debe el hecho de que la lucha de los campesinos en contra de la apertura comercial establecida por el TLC -que elimina el pago de impuesto a las importaciones de alimentos que vienen de Estados Unidos y Canadá- sea tan radical.

Plutarco Emilio García, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, dice a nombre del movimiento El Campo No Aguanta Más: “La enmienda de 1992 al artículo 27 constitucional canceló el reparto de la tierra, transformó la propiedad social y abrió la puerta para la reconstitución de los latifundios, bajo nuevas modalidades de concentración, por lo cual se puso fin a la reforma agraria.

“A más de un decenio de las reformas salinistas, sus objetivos no se cumplieron, no se remontó el problema del rezago agrario; la justicia agraria sigue siendo una deuda pendiente; no se satisfizo a centenares de grupos y organizaciones, que durante años han venido solicitando dotaciones de tierras y tampoco se vio una mayor inversión ni mucho menos nuevas fuentes de empleo en el campo.

“Esta suerte de segunda desamortización significó, en cambio, nuevos agravios para los desposeídos y la acumulación creciente de un descontento social que conforma hoy día verdaderos focos rojos, que ponen en riesgo la ingobernabilidad del país, como el caso de Montes Azules, Los Chimalapas, la Mixteca, la Región Trique, los Loxichas.”

Por si fuera poco, asegura, aún existen cientos de campesinos mestizos e indígenas que purgan condenas, como consecuencia de la lucha por la tierra. Todos ellos deben ser liberados de manera inmediata e incondicional.
Ante esta situación, María Teresa Herrera Tello, secretaria de Reforma Agraria, reconoció el pasado 18 de febrero que la dependencia “tiene ahora la oportunidad de atender los conflictos sociales, ya que anteriormente no tuvo recursos”.

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