Considerada en algún momento como la operación que solucionaría el añejo problema de comercialización del sector agrícola, la multinacional Del Monte Fresh Produce sólo fue propiedad de inversionistas mexicanos unos cuantos meses. Sin embargo, les heredó una serie de transacciones confusas que podrían concluir en cuantiosos fraudes en los que estarían involucrados prominentes empresarios, políticos y exfuncionarios públicos.

Carlos Cabal Peniche, el “banquero modelo”, según lo definió el expresidente Carlos Salinas de Gortari, asumía en 1992 el liderazgo de un grupo de inversionistas entre los que se contaban José Serrano Segovia, presidente del corporativo Transportación Marítima Mexicana (TMM); Enrique Molina, presidente del Grupo Escorpión, y la familia Lomelí, para pujar por Del Monte Fresh Produce, una de las tres productoras y comercializadoras de productos hortofrutícolas más importantes del mundo.

Ante la sorpresa de la comunidad internacional, la operación se cerró en 1992 con la propuesta de un grupo de inversionistas mexicanos que ofreció el exorbitante monto de más de 600 millones de dólares.

Carlos Cabal Peniche

Así, Cabal Peniche se convertía en el presidente de Del Monte Fresh Produce con el apoyo de Nacional Financiera, de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los créditos que autorizó el Banco Unión por más de 30 millones de dólares también fueron determinantes para concretar el esquema financiero que le garantizó el control de la multinacional.

De acuerdo con documentos oficiales, fue a través de un fideicomiso como los accionistas del Grupo Empresarial Agrícola Mexicano (GEAM) adquirieron las acciones de Del Monte Fresh Produce.

En una primera etapa se constituyó la sociedad Inversionistas del Campo Mexicano, que a su vez conformó la sociedad Grupo Frutícola Mexicano, que participó en el establecimiento de GEAM.

Todo un entramado empresarial con el que se buscaba garantizar y salvaguardar los intereses de los empresarios que invirtieron su capital en la adquisición del corporativo.

De acuerdo con los estatutos de dicho fideicomiso, para que se celebraran las asambleas de accionistas de las sociedades referidas, el comité técnico del mismo indicaría al fiduciario a quién o a quiénes otorgaría los poderes para tales efectos; además, determinaría de antemano el sentido del voto a ejercerse.

En 1993, Del Monte se convirtió en una compañía pública a través de la colocación en los mercados internacionales de una emisión de bonos por 300 millones de dólares, lo que le exigió cumplir con las regulaciones de la Securities and Exchange Comisión (SEC), así como reportar de manera trimestral y anual sus estados financieros con la aceptación de un auditor externo que era Coopers & Lybrand.

Carlos Cabal Peniche era el presidente de esos fideicomisos. Condición que en 1994, frente a los problemas legales generados por los desfalcos descubiertos en Banco Unión, complicó el rumbo de las decisiones en el consejo de administración de GEAM.

Ahora, un grupo de esos accionistas mexicanos busca la nulidad absoluta de la venta de las acciones de la sociedad Del Monte Fresh Produce, que concretó el gobierno federal por medio de GEAM cuando fueron vendidas a muy bajo precio al IAT Group, de la familia Abu Ghazaleh, cuyas principales operaciones financieras se concentran en Islas Caimán.

Las primeras demandas en contra de los empresarios y funcionarios que participaron en la venta de Del Monte Fresh Produce se presentaron en Nueva York en noviembre del 2002 y otra en Miami en diciembre pasado. Se espera que nuevas denuncias se presenten en las próximas semanas en tribunales mexicanos.

Presidido por Bours, dicho consejo acordó y celebró la venta de las acciones de Del Monte Fresh Produce. Ahora los accionistas reclaman la nulidad de todos los actos jurídicos celebrados durante esas asambleas y la venta de la multinacional y de la naviera Global Refeer Carrier (GRC) al Grupo IAT de Chile, en sólo 139 millones de dólares, a pesar de que, como agente financiero de la operación, Lehman Brothers los había valuado entre 250 y 275 millones de dólares, y de que Cabal Peniche y sus socios adquirieron esa misma compañía en 600 millones de dólares.

Es decir, de la compra exorbitante que hizo Cabal a la venta que concretó el gobierno se perdieron casi 500 millones de dólares.

Además de Eastbrook con Cabal Peniche, entre los inversionistas mexicanos que denunciaron las prácticas fraudulentas que, según ellos, permitieron la venta irregular de Del Monte, se encuentran los empresarios Gerardo Martín Demerutis Chaul; los accionistas de la empresa Feramad; Ángel Demerutis Elizarraraz, quien llegó a controlar 3.05 por ciento de la multinacional; Javier Romero Osorio; Homero Díaz Córdoba; Armando Prida Huerta; Guadalupe Quiñones de Fernández y Jaime Fernández Armendáriz.

De los socios invitados por Cabal al GEAM sólo José Serrano permaneció como consejero del consejo de administración de Del Monte.

El operador Guillermo Ortiz
Con la intervención de Banco Unión por parte de la CNBV, presidida entonces por Eduardo Fernández García, el destino de GEAM y de Del Monte Fresh Produce ingresó en una etapa de incertidumbre.

En marzo de 1995 se formaliza la participación accionaria mayoritaria del gobierno mexicano en GEAM, Del Monte y la naviera GRC. El control se concreta por medio de dos mecanismos: la adquisición de las acciones a través de la compra de los créditos de Banco Unión y la capitalización de pasivos en GEAM, en donde el mismo banco era el acreedor, operación que fue puesta en tela de juicio por parte de algunos accionistas debido a sus problemas jurídicos.

En 1994, tras la capitalización de los créditos vencidos de GEAM, la Secretaría de Hacienda, por sugerencia directa de su entonces titular Guillermo Ortiz, nombró al actual senador y candidato por el PRI al gobierno de Sonora, Eduardo Bours, como presidente y director general de Del Monte, cuya principal encomienda fue, precisamente, concretar la venta de la comercializadora para reducir el monto de la pérdida a cargo del erario.

Entrevistado telefónicamente, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, explicó que de acuerdo con su evaluación de la venta de Del Monte, Bours realizó una operación transparente y eficaz. A tantos años de la operación, asegura que no hubo irregularidades y que el gobierno recuperó algo de la inversión.

En las demandas ante tribunales estadounidenses, Bours es señalado como el enlace que permitió al Grupo IAT, con capital palestino y operaciones en Chile, ganar la licitación para adquirir Del Monte con la oferta más baja, contrario a los principios de mercado. Incluso, en la denuncia se presentan evidencias que demuestran que Bours recibió por parte de IAT una raquítica compensación por alrededor de 375 mil dólares.

Eduardo Bours

En la lista de compradores interesados aparecieron desde corporaciones multinacionales como Noboa, Fyffess, Dole, Geest, Chiquita Brand y las mexicanas Pulsar, Desc, Carso, Maseca y TMM, además de compañías brasileñas y japonesas. Sin embargo, las denuncias asientan que Bours habría apoyado en todo momento la oferta de IAT. Fue Bours, según el expediente del caso, quien viajó a Chile para reunirse con los accionistas de IAT para firmar una carta de intención.

En las decenas de cartas y oficios enviados al entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y a quien fuera presidente de la CNBV, Eduardo Fernández (hoy sujeto a proceso por los presuntos delitos de lavado de dinero y revelación de secretos financieros), se manifiesta desde febrero de 1995 la preocupación por el nivel de pérdidas acumuladas por más de 160 millones de dólares entre 1992 y 1994, causadas principalmente por una sobreoferta de plátano, por gastos excesivos en la administración y por una guerra de precios causada por los conflictos con Cabal Peniche, con lo cual se trató de sacar a Del Monte del mercado.

Tal como lo revelan los oficios firmados por él, durante el proceso de reestructuración de Del Monte, Eduardo Bours contó con el apoyo del entonces presidente de la CNBV y de Manuel Espinosa de los Monteros, entonces interventor del organismo regulador. Bours informaba puntualmente a Guillermo Ortiz sobre los problemas y avances en la reestructuración de la empresa.

A su juicio, de acuerdo con los documentos enviados al entonces secretario de Hacienda, el mayor problema que enfrentaba Del Monte era que, después de su compra con una mínima capitalización, y de tener pérdidas por 63.6 millones de dólares en 1992 y 58.4 millones de dólares en 1993, las pérdidas en 1994 ascendían a 62 millones de dólares, causadas principalmente por una sobreoferta de plátano, por gastos excesivos y por una guerra de precios que se generó a raíz del problema de Cabal Peniche. También hacía referencia a la falta de definición del control de la compañía; la gestión financiera sumamente pobre y la ausencia de un plan estratégico.

La buena relación que José Serrano Segovia mantenía con Bours terminó en octubre de 1995, cuando el presidente de TMM envió una carta al expresidente de la CNBV para reclamar que, sin consultar al consejo, Bours decidió concluir los contratos que mantenía la naviera GRC con TMM, con lo cual se habrían contrariado las obligaciones asumidas por Del Monte con su empresa.

Eduardo Fernández remitió en ese momento una copia a Bours, quien con otra carta desmintió a Serrano Segovia, al asegurar que la notificación sobre la no renovación de los contratos a TMM no contrariaba convenio alguno, y agregó: “Era obvio que si la administración de Del Monte procedió a no renovar, es porque considera que es en beneficio de la compañía y no en su detrimento”.
¿Las evidencias?

Eastbrook, Gerardo Martín, Demerutis Chaul, los representantes de empresa Feralmad, Ángel Demerutis Elizarraraz, Javier Moreno Osorio; Homero Díaz Córdoba, Armando Prida Huerta; Guadalupe Quiñones de Fernández y Jaime Fernández Armendáriz reclaman ante los tribunales estadounidenses que Eduardo Bours habría participado en un esquema de sobornos para beneficiar al Grupo IAT de Chile y a sus principales accionistas, la familia Abu Ghazaleh.

Los alegatos presentados en las demandas refieren que Lehman Brothers, en su calidad de agente financiero, se encargó del proceso de licitación que permitió que el 28 de marzo de 1996 se recibieran dos propuestas para adquirir Del Monte, por 275 y 280 millones de dólares en efectivo.

Más adelante, el despacho de auditores externos Coopers & Lybrand informó a Bours sobre la necesidad de reducir el crédito mercantil (goowill) que representaba para Del Monte cerca de 56 millones de dólares.

El entonces presidente de la multinacional negó esa posibilidad, pues significaba una drástica reducción en el precio de venta. Hasta ese momento no había participado IAT. Sin embargo, en mayo de 1996, Eduardo Bours viajó a Chile para reunirse con la familia Abu Ghazaleh.

Edgardo Valencia, excoordinador de GEAM, sostiene que después de su viaje a Chile la opinión de Bours sobre la disminución del crédito mercantil cambió. De esta forma, agrega Valencia, durante el tercer trimestre de 1996, cuando IAT llevó a cabo la auditoría de compra, Bours autorizaba una reducción del crédito mercantil de Del Monte por 141.7 millones de dólares.

A raíz de esta operación, el valor del capital de Del Monte se redujo de 221.3 millones de dólares a 97.3 millones, entre el 29 de marzo y el 28 de junio de 1996. La venta de Del Monte al Grupo IAT de Chile se concretó en 120 millones de dólares. El gobierno mexicano recibió sólo 65 millones de dólares y la emisión de un bono convertible a favor de GEAM, pues el grupo era responsable de la revisión de una larga lista de pasivos contingentes.

IAT sólo desembolsó 25 millones de dólares, pues obtuvo un financiamiento por 40 millones de dólares por parte del banco holandés Rabobank, mediante una carta de crédito puente del banco francés Banque Meditarranee, con fuertes ligas en el Medio Oriente. Estos créditos luego fueron garantizados con los propios bienes de Del Monte.

Aún más, sólo diez meses después del cierre de la operación de compra-venta, la familia Abu Ghazaleh, socia mayoritaria de la nueva compañía, informó al mercado de valores de Nueva York que el valor estimado del capital de Del Monte era superior a 270 millones de dólares, el valor real de la compañía.

El precio pagado por IAT por cada una de las acciones al gobierno mexicano en diciembre de 1996 fue de 1.76 dólares, y en octubre de 1997 el precio al que se colocaban en el mercado de valores era de 17 dólares.

Hasta ahora, sin embargo, la única evidencia que aparentemente se tiene en contra de la presunta complicidad de Bours con IAT es una transferencia ilegal por 321 mil dólares a la cuenta personal de éste, 14 semanas después de la venta de Del Monte.

Por órdenes de Bours, GEAM presentó a la nueva compañía que controlaba Del Monte un requerimiento de pago por 321 mil dólares por supuestos gastos realizados por cuenta de GEAM. Valencia asegura que no había razón alguna para tal requerimiento de pago. Sin embargo, Bours ordenó que dicha compensación se depositara en una cuenta de una subsidiaria de Del Monte Fresh Products Internacional Inc., con domicilio en Mónaco, a través del Banque Paribas en Bruselas.

Dichos fondos fueron transferidos a través del Bank of America, en Nueva York, con el número de referencia 62901-26864, a la cuenta 1548-1927 de Bours en el Bank One de Tucson, Arizona.

En marzo de 1998, los auditores independientes de Coopers & Lybrand enviaron una carta en la que afirmaban que la auditoría para el ejercicio fiscal 1997 revelaba que no existía sustento documental ni explicaciones relacionadas con la transferencia de GEAM realizada en 1997.

Por iniciativa de Bours, el 6 de noviembre de 1998 la asamblea de accionistas de GEAM le otorgó un bono de 2 millones 778 mil 270 pesos para justificar ante el auditor externo la salida de la cantidad que se transfirió a su cuenta personal un año antes.

“Esta cantidad después de impuestos y considerando los tipos de cambio vigente, bajo ninguna circunstancia es equivalente a la transferencia ilegal señalada, ni se dice en la resolución que ese bono es para compensar la salida de los 321 mil dólares; no obstante lo anterior, el auditor externo, mediante un convenio con Antonio Frank y asociados, produjo un dictamen limpio del ejercicio de 1997”, explica Edgardo Valencia.

Y agrega: “Además, Bours ganó durante su gestión en Del Monte, como director general, 40 mil dólares mensuales, por más de dos años, más un bono al cierre de la operación por 792 mil dólares, salario muy superior al percibido por cualquier presidente de alguna empresa mexicana”.

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