La participación en el mercado mexicano se ha convertido en el mejor negocio que la banca extranjera pudo haber cerrado durante las últimas décadas. Con ingresos asegurados por concepto del pagaré Fobaproa, la banca estadounidense y la europea postergan la derrama de créditos, pues de esa fuente obtiene más de 65 por ciento de sus ingresos fijos.

Además, a través de las comisiones que se cobran por concepto de servicios la banca controlada por el capital extranjero garantiza el otro 30 por ciento de su flujo de efectivo.

Y mientras la economía padece la falta de financiamientos, el sector bancario prefiere esperar a que se cumplan sus demandas de mayores garantías para la recuperación de los créditos.

En el actual entorno de incertidumbre económica nacional e internacional las finanzas públicas tendrán que soportar a partir de este año un gasto extraordinario por más de 70 mil millones de pesos, como consecuencia del vencimiento de los primeros pagarés emitidos por el gobierno federal para el rescate bancario.

Una presión adicional a las finanzas públicas, ya que hasta el año 2005, por lo menos, el gobierno federal deberá asumir los compromisos adquiridos con la banca comercial a raíz de la instrumentación en 1995 --vía Fobaproa-- del programa de capitalización y compra de cartera y del de intervención y saneamiento, los dos encaminados a salvar de la quiebra a la banca.

Los pasivos generados por estos programas ascienden a la fecha a poco más de 529 mil millones de pesos y son los que dieron origen a los pagarés por los que el gobierno mexicano, con cargo a los contribuyentes, le tiene que pagar intereses a los bancos.

La administración del presidente Vicente Fox destinó 30 mil 238.6 millones de pesos para solventar parte del gasto anual derivado del programa de rescate bancario, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2003 aparece desglosado en el rubro de erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

Hacia el año 2005, sin embargo, los recursos que requerirá el gobierno federal para hacer frente a los vencimientos de los pagarés Fobaproa superarán los 141 mil millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en el 2003 este organismo sustituto del Fobaproa deberá hacer frente además a vencimientos por 33 mil 281 millones de pesos, de los cuales 30 mil millones corresponden a Serfin y el resto al pagaré de Banco del Atlántico.

Incluidos los intereses devengados por dichos documentos (40 mil millones de pesos), los requerimientos financieros del gobierno federal para este año por concepto de vencimientos de los pagarés Fobaproa ascienden a poco más de 70 mil millones de pesos.

Los informes oficiales revelan que para el año 2004 los vencimientos serán del orden de 20 mil 884 millones de pesos, y para 2005 de 141 mil 662 millones de pesos. De esta cantidad, corresponderán más de 55 mil millones de pesos al BBVA-Bancomer, y alrededor de 50 mil millones a Banamex.

Los dos programas que instrumentó el gobierno federal para el salvamento de la banca: el de capitalización y compra de cartera y el de intervención y saneamiento, requirieron de inyección de recursos frescos para su funcionamiento.

La mecánica del programa de compra de cartera consistió en proponer a los accionistas de los bancos la adquisición por parte del gobierno federal de los flujos de la cartera crediticia con problemas por un monto equivalente al doble del que aportaran como capital.

El pago quedó garantizado por la emisión de un pagaré a cargo del gobierno con vencimiento a diez años y a una tasa de interés capitalizable trimestralmente y equivalente a la de los Certificados de la Tesorería (Cetes).

La cartera adquirida estaba compuesta por créditos superiores a los 200 mil pesos calificados y provisionados de acuerdo con su riesgo crediticio. Los créditos eran seleccionados por los propios bancos, revisados por un auditor y validados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En caso de que los flujos recuperados no fuesen suficientes para amortizar el pagaré, los bancos absorberían en promedio 25 por ciento de la pérdida y 75% sería para el gobierno.

A este mecanismo se le llamó pérdida compartida.
Desde que inició la instrumentación de este plan financiero se pusieron de manifiesto diversas irregularidades --algunas incluso rayaron en la ilegalidad e e inoperancia--, lo cual quedó asentado en los informes que al respecto rindió la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB (CIFIPAB), órgano creado ex profeso por las fracciones parlamentarias de la 57 legislatura de la Cámara de Diputados.

El documento detalla que los créditos seleccionados por los bancos fueron los de menores posibilidades de cobro. De hecho, el informe indica que en 1996, mediante el llamado acuerdo de partes, el Fobaproa modificó sus criterios originales de compra de cartera, incluyendo la posibilidad de adquirir cartera irrecuperable, cartera denominada en unidades de inversión (udis) y cartera descontada por la banca de desarrollo.

Estas operaciones se encuentran clasificadas como transacciones reportables y denominadas como operaciones doble A en la auditoría que realizó el canadiense Michael W. Mackey, el auditor externo que contrató la Cámara de Diputados para realizar la revisión a los bancos.

Otra anomalía señalada en el informe de la CIFIPAB, extraída incluso del reporte de Mackey: muchos de los créditos traspasados al Fobaproa no fueron revisados por un auditor como lo exigía el programa, a pesar de lo cual todos fueron validados por la CNBV.

Al final de cuentas, el programa de capitalización y compra de cartera fue totalmente inoperante, debido a que de las 13 instituciones bancarias que recibieron los apoyos financieros sólo tres continúan operando. Las otras diez fueron liquidadas, fusionadas o intervenidas.

En lo que toca al programa de intervención y saneamiento, éste buscó solucionar los problemas de liquidez y descapitalización por medio de aportaciones de capital contra la participación accionaria, a partir de lo cual la CNVB asumió el control de las instituciones, tal como estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.

Así, durante el periodo 1994-1998 la CNVB intervino 12 instituciones financieras: la primera, Banco Unión, el 1 de septiembre de 1994, y la última Banca Confía, en agosto de 1997.

De manera paralela se llevaron a cabo procesos de saneamiento que consistían en el otorgamiento de líneas de crédito. Aquellas instituciones que cumplieran con sus obligaciones podrían ser rehabilitadas y posteriormente vendidas.

Los bancos apalancados financieramente con vistas a su saneamiento fueron: Serfin (79 mil millones), Atlántico (22 mil millones), Del Centro (19 mil millones), Promex (7 mil 800 millones), BBV-Probursa (5 mil 900 millones), Banpais (26 mil millones), Banca Confía (25 mil millones), Banca Cremi (18 mil millones) y Santander Mexicano (30 mil millones).

El monto total asumido por el IPAB derivado de la banca intervenida y de aquella que participó en el programa de saneamiento financiero ascendió a 233 mil millones de pesos en números cerrados.

En su informe sobre las operaciones del Fobaproa, el canadiense Michael W. Mackey hace una severa crítica a estos programas. Argumenta que en muchos casos se sanearon bancos que eran totalmente inviables, y plantea que un cierre y una liquidación oportuna hubiesen reducido el costo fiscal del rescate bancario.

Los pasivos generados por estos programas, documentados en pagarés, ascienden a la fecha a poco más de 529 mil millones de pesos. Uno de los casos más representativos de esta deuda contingente es el de BBVA-Bancomer. La deuda que a la fecha tiene el IPAB con ese grupo como resultado de las fusiones bancarias sobrepasa los 117 mil millones de pesos, mismos que resultan de la suma de los pagarés de Bancomer, BBV-Probursa y Promex.

Otro ejemplo es Santander, pues la deuda del IPAB con ese banco asciende a 78 mil 500 millones de pesos, producto de los pagarés de Serfin y de Banco Mexicano, que fueron absorbidos por Banco Santander Central Hispano, el otro gigante español.

Respecto de Citibank, que adquirió en el 2001a Banamex, la deuda del IPAB con el grupo financiero estadounidense alcanza los 121 mil 517 millones de pesos, por la suma de los pagarés de Confia y Banamex.

Los intereses que el gobierno mexicano tiene que pagar por concepto de dichos pagarés permiten sufragar la operación de esos bancos y representan en promedio casi el 100 por ciento de sus utilidades, al recibir cada uno de ellos entre 40 y 60 millones de dólares mensualmente.

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