La demanda fue presentada ante el tribunal internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la solicitud de que declare que el Estado mexicano violó diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana contra la Tortura.

Y es que el gobierno mexicano se negó a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión en octubre de 2002, en las que le solicitó impulsar medidas para anular la confesión de Martín del Campo obtenida bajo tortura en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia capitalina el 20 de mayo de 1992, así como las actuaciones derivadas de ésta; revisar la totalidad del proceso judicial y disponer, mientras tanto, su liberación.

Además, recomendó una investigación inmediata, imparcial y efectiva para establecer la responsabilidad de todos los autores de la violación a los derechos humanos de la víctima y reparar adecuadamente el daño que se le causó.

La CIDH fijó el 30 de diciembre como plazo límite al gobierno mexicano para cumplir sus recomendaciones, pero éste no sólo las ignoró, sino que ni siquiera accedió a buscar alguna otra salida legal al caso con las organizaciones peticionarias, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

“El gobierno mexicano ni siquiera accedió a dialogar con nosotros. Tengo los oficios de las audiencias que solicitamos a la Cancillería y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Mariclaire Acosta, durante octubre y noviembre del año pasado”, explicó en entrevista Arturo Requesens, coordinador jurídico de ACAT.

La Corte notificó a Cejil y a ACAT de la recepción de la demanda el 17 de febrero y, de acuerdo con el reglamento del organismo, ambas organizaciones disponen de 30 días para presentar argumentos adicionales a los expuestos por la Comisión en la demanda.

Para Alfonso Martín del Campo el que su caso haya llegado a la Corte Interamericana es “lo mejor que pudo haber ocurrido”, no obstante que el litigio en este organismo podría alargar en más de un año su estancia en prisión.

“Es lo mejor que ha pasado después de tantos años de sólo malas noticias. Me parece fatal tener que pasar más tiempo en prisión pero así son las cosas y ya que las autoridades mexicanas no quisieron cumplir las recomendaciones, porque se niegan a reconocer que persiste la tortura, tendremos que seguir ante la Corte”, dijo en entrevista telefónica desde el Centro de Readaptación Social de Pachuca, donde cumple la sentencia de 50 años de prisión que le impuso el juez 55 sin tomar en cuenta su denuncia de tortura.

Los diez años de lucha no han mermado la decisión de Alfonso de demostrar su inocencia, pero admite que, a estas alturas, ha perdido la confianza en las autoridades mexicanas y que toda su fe está depositada ahora en la Corte Interamericana.

“Tengo confianza en que ahora que el caso llegó a la Corte el gobierno mexicano reconozca mi inocencia, me liberen y reparen el daño en la medida de lo posible, además de que se investigue a fondo el verdadero móvil del crimen”, manifestó.

Y es que el expediente del doble homicidio marca líneas de investigación que no fueron abordadas. La principal de ellas es la que apunta al medio hermano de Gerardo Zamudio, José Roberto Zamudio Aldaba, y a la madre de éste, Carmen del Corral, quienes a la muerte de Gerardo se apropiaron del negocio que Alfonso tenía en sociedad con su cuñado asesinado, para lo que falsificaron la firma de Martín del Campo.

José Roberto Zamudio está preso en el Reclusorio Oriente, acusado de fraude, y su madre está prófuga. Aunque la averiguación sigue abierta, ninguno de ellos ha sido investigado en relación con la denuncia que presentó Alfonso por el robo de su patrimonio, hace ya varios años.

Con todo, las autoridades capitalinas han mostrado una mayor apertura y disposición para revisar el caso que el gobierno federal. En diciembre pasado, a raíz de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Procuraduría de Justicia capitalina decidió reabrir el caso.

Esta es otra posibilidad para que Alfonso Martín del Campo pueda salir en libertad, aunque todavía está lejana, pues las averiguaciones están comenzando, precisó Arturo Requesens.

Por lo que toca al gobierno federal, el presidente Vicente Fox tiene aún la opción de liberarlo mediante el indulto, y evitar el litigio en la Corte Interamericana, como hiciera en el caso del general Francisco Gallardo, que también fue llevado ante esa instancia, luego del incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para Alfonso ésta es también una opción aceptable, al considerar que, al menos, se pondría fin a su injusta reclusión, pero advirtió que si es liberado por esta vía seguirá luchando por el reconocimiento pleno de su inocencia y por que se imparta verdadera justicia en el asesinato de su hermana y su cuñado.

“De no ejecutar esta acción, se pondrá en evidencia la incongruencia del discurso en derechos humanos que el Ejecutivo Federal ha manejado tanto a nivel nacional como internacional”, planteó, por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de Cejil.

Cejil y ACAT se disponen a dar la batalla legal al Estado mexicano con todas las herramientas a su alcance. Tenemos ya señalados algunos peritos ante la Corte, vamos a contactar a gente del más alto nivel, como el relator especial contra la tortura, y estamos dispuestos a litigar con todas las herramientas posibles”, anticipó Requesens.

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