Para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el debate real no se centra en la medición de la pobreza, sino en los problemas que genera su propia organización interna; en la operación de grupos de poder que controlan la toma de decisiones, y en la normatividad anacrónica que rige la aplicación de los programas sociales.

Desde las épocas del extinto Programa Integral para el Desarrollo Rural Regional (Pider), creado en la década de los setenta, o del famoso Comité de Planeación para Zonas Marginadas (Coplamar), ambos antecedentes inacabados de la actual política social y sus inefables programas, las políticas sociales transitan por una constante indefinición.

Durante una ponencia sobre combate a la pobreza presentada en el Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, el senador Carlos Rojas, exsecretario de Desarrollo Social, fue interrogado por un asistente, quien le preguntó: “Señor secretario, ¿cuánto vale, cuánto se necesita invertir para sacar a los pobres de esa condición en nuestro país?” Rojas, lapidario, contestó: “Usted dígame una cantidad, la que usted quiera, la que se le ocurra, y esa va a ser insuficiente”.

Otro pronóstico un poco menos desolador lo planteó el actual subsecretario de Sedesol, Miguel Shekely, quien consideraba que se necesitaba un crecimiento anual sin interrupciones de la economía de 3% durante 40 años para superar la pobreza.

Bajo el gobierno del cambio, el programa estelar de la Sedesol: Oportunidades, antes Progresa, todavía con algunas reminiscencias del Pronasol de Carlos Salinas, invirtió en el 2002 para su operación 6 mil millones de pesos.

Rosa Albina Garavito critica abiertamente la política social del gobierno foxista y sus programas asistencialitas. Dice, sin mencionar su nombre, que el Progresa-Oportunidades “sólo reparte migajas a la población en pobreza extrema” y acusa a la actual política económica de ser la causante de tanto agravio.

Sostiene que mientras las únicas inversiones rentables sean las finanzas especulativas, el narcotráfico o el sector maquilador el dato oficial de que 56.9% de los hogares mexicanos sobreviven con 35 pesos diarios en el campo y 52 pesos en la ciudad tiene sin mayor preocupación a los grandes capitales.

El año pasado los dos principales programas del ramo administrativo 20, denominado Desarrollo Social: Programa de Empleo Temporal (PET) y Programa de Crédito a la Palabra invirtió más de 2 mil 900 millones de pesos, con los cuales según la propia Sedesol se crearon sólo con el PET 368 mil 949 empleos. Esta cifra, sin embargo, aplica restricciones.

Este programa promueve la generación de empleos para productores agrícolas en tierras de baja productividad y nació a raíz de la crisis de 1995 como una opción de trabajo a quienes lo habían perdido.

Su objetivo era apoyar un trabajo temporal que se enfoca a la realización de obras de beneficio social y, sobre todo, a incrementar la infraestructura básica para la cual no se requiera de mano de obra calificada.

La forma de pago para los beneficiarios se denomina “jornal” y un individuo puede trabajar máximo 88 jornales al año, que representan un empleo y equivalen a 2 mil 992 pesos anuales por persona.

En el caso del otro programa estrella del ramo 20: Apoyo a la Palabra, ese mismo año se destinaron mil 368 millones de pesos, orientados a fortalecer la producción de oleaginosas, granos básicos y hortofrutícolas principalmente, así a apoyar distintos proyectos productivos.

Se trata de un crédito sin garantías que se otorga a los campesinos que habitan en zonas de cultivo de baja productividad y alta siniestralidad. Las cifras de la Sedesol señalan que en el 2002 se apoyaron a casi 500 mil productores, con 550 pesos por hectárea, máximo tres hectáreas por productor al año.

Con esos recursos se tiene que comprar semillas, fertilizantes, herbicidas, mano de obra, herramientas, arados, etc., y los campesinos están obligados a devolver el crédito a los municipios para refinanciar a los productores agrícolas. La realidad es que al menos 15% de los campesinos que reciben ese dinero lo utilizan para emigrar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Por otro lado, la gran estrella Sedesol, El Progresa-Oportunidades, que atiende la alimentación, la salud y la educación de los más pobres, ha incorporado en este año a 4 millones de familias y ejerció un presupuesto en el 2002 de 18 mil millones de pesos. Las “puras migajas” de que habla Rosa Albina Garavito.

Oportunidades sigue dando becas para los alumnos que cursan desde el primero de primaria hasta el tercero de bachillerato y van desde los 95 hasta los 620 pesos mensuales. Adicionalmente se otorgan apoyos para útiles de entre 195 y 240 pesos mensuales, dependiendo el grado al iniciar el ciclo escolar. Una diferencia con el anterior Progresa es que los alumnos y sus padres tiene que comprobar la asistencia a la escuela y el rendimiento académico para seguir recibiendo las becas.

Las bondades de este programa no son tantas como las que enumera el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). En su informe de evaluación, sostiene sin más que: “el número de niños y niñas inscritos en la escuela se incrementó de manera sustancial, que la incidencia de las enfermedades de los beneficiarios se redujo y que en general los ingresos de las mismas aumentaron”.

Este programa, aunado al de Oportunidades Productivas, es sin duda la clave para salir del asistencialismo, las migajas y las utopías actuales del combate a la pobreza. Oportunidades aplica la inversión en capital humano, educación, capacitación, salud, etc., y el otro Oportunidades invierte en proyectos productivos para que la población en pobreza extrema fomente su patrimonio y capital de trabajo.

Por desgracia, el programa de proyectos productivos está muy poco acotado. A la fecha entra cualquier tipo de proyecto, muy pocos de extrema pobreza, no se hace ningún estudio socioeconómico para seleccionarlos y mucho menos para evaluarlos.

La Sedesol reconoce que si bien el combate es un problema de recursos también involucra el diseño de estrategias para la permanencia de los operadores de la política social. No existe, por ejemplo, un servicio civil de carrera para mantener a los cuadros que cuentan con la capacidad, la experiencia y los conocimientos para mantener la continuidad de los programas.

En la actualidad en el Congreso de la Unión hay al menos cinco iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios que pretenden crear la Ley de Desarrollo Social: dos del PRD, una del PRI y otra del PAN se analizan ya en las comisiones legislativas y de aprobarse darían un impulso definitivo a la política social no sólo de este sexenio, pues marcarían la ruta a seguir para los futuros gobiernos federales.

Con este escenario tan poco halagüeño el combate a la pobreza se enfrenta además con otro enemigo que quizás sea el mas difícil de vencer, el más peligroso y poderoso. Y es que hagamos de cuenta que los recursos se tuvieran, que la Ley de Desarrollo Social se promulgara, que se pusieran de acuerdo entre el gabinete económico y el social. Aun así las resistencias internas de la Sedesol son las primeras en poner obstáculos para el buen desempeño de los programas sociales.

El primer gran obstáculo, a decir de un director general de la dependencia, son las reglas de operación impuestas por el artículo 63 capítulo VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

“La Sedesol, comenta, propuso reglas de operación sencillas y cortas para la ejecución de los programas, pero fue entre la Secretaría de Hacienda y la Contraloría las que nos regresaron un bulto de un metro de alto de papel de reglas y lineamientos”. Y sí, para poder acceder a algún programa social se deben de cumplir con al menos 60 pasos desde que la SHCP libera los recursos hasta que los beneficiarios puedan disponer de ellos de acuerdo con siguiente flujograma.

Flujograma

Pero eso no es todo, dentro de esta maraña absurda, en varios de los pasos del flujograma, los operadores de los programas tienen que elaborar unos formatos anacrónicos, obsoletos y confusos denominados anexos técnicos de autorización, de aprobación e información complementaria.

Papel y más papel, diría nuestro entrevistado. Son formularios con 20 y hasta 30 años de antigüedad que no responden más a las necesidades actuales. Éstos deben ser llenados conforme a un concepto denominado “apertura programática”. De no apegarse a ésta al 100%, los anexos no son validados ni autorizados, el proyecto se para y los recursos no llegan.

Por ejemplo: si un municipio cualquiera del país desea realizar alguna obra de infraestructura social, tiene que escoger con toda precisión y hasta arrojo entre 119 claves alfa-numéricas para describir su proyecto u obra en los anexos, para que sea autorizada.

Si se tratara de una obra de electrificación las claves serían SG o SE, 01 construcción, 05 alumbrado público, 01 a) construcción, 01 b) ampliación, 04 no convencional y determinar cuál es la unidad de medida entre luminaria, colonia, persona, poblado, vivienda, etcétera, etcétera.

Y la pregunta: ¿Por qué no se cambia todo este proceso, por qué no se simplifica, por qué a 30 años de lo mismo no se ha modificado? El director general entrevistado responde tajante: “Se tienen que romper inercias y cotos de poder al interior de la Sedesol.

Habemos en la secretaría un grupo de personas que pensamos que la gente de confianza de la secretaria Josefina Vázquez Mota la está engañando y le oculta información. Hay otro grupo sin embargo que piensa diferente y que afirma que es difícil que se pueda ocultar algo a un secretario de Estado”.

La cuestión es, de acuerdo con nuestro entrevistado, que en la cúpula de la Sedesol existen dos grupos de poder antagónicos que pretenden cada uno imponer a Vázquez Mota sus decisiones y criterios. Uno de ellos es encabezado por el oficial mayor Octavio Aguilar Valenzuela y su director general de Programación y Presupuesto Raúl Ayala Cabrera.

“Ellos son la gente del dinero, de los recursos, de las negociaciones con la Secretaría de Hacienda y los que tienen el control del Sindicato de la Sedesol. Con ello, su poder es mucho, ya que controlan la disponibilidad de las líneas de crédito para decidir qué hacer con el dinero.

“En la otra esquina se encuentra el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, y su director general de Eficiencia de los Programas de Desarrollo Social, Isaac Rojkind Orleansky.

“Ellos controlan todos los programas del ramo administrativo 20 y son los que autorizan las obras y proyectos en general. O sea, concentran información privilegiada sobre las necesidades reales de cada localidad, de cada municipio del país.

“Manejan a su conveniencia esta información con la intención de favorecer a ciertos grupos y así cumplir con compromisos políticos que aparentemente no enteran a la titular del ramo.

“Les gusta el poder, quieren firmar todo sin importarles de fondo el combate a la pobreza. Todos, menos el subsecretario, son de la vieja guardia desde la época de Esteban Moctezuma Barragán.

“Uno le pone trabas a otro y viceversa. Como resultado tenemos que para el cierre del ejercicio 2002 hubo un recorte al gasto social del que nadie se enteró y que ascendió a casi el 5% de techo financiero asignado a las delegaciones estatales de la dependencia.

“El recorte se aplicó principalmente en los programas de: Estatales por Demanda, Jóvenes por México (antes Servicio Social), Oportunidades Productivas y Jornaleros Agrícolas.

“Lo paradójico es que casi de manera simultánea se autorizaron recursos adicionales para los programas del ramo 20 solicitados desde el primer semestre del año y autorizados hasta el mes de diciembre. Al cuarto para las doce, cuando ya casi nada se podía hacer para aplicarlos.

“Esas asignaciones de último minuto son producto, por un lado, de un subejercicio en el Programa de Vivienda y Ahorro Progresivo, conocido como VIVAH, ya que no se pudieron ejercer más de 100 millones de pesos presupuestados en el escritorio y que al momento de querer aplicarlos en las comunidades, los operadores del VIVAH se enfrentaron con diversos problemas que no se tomaron en cuenta desde el principio en las oficinas de planeación de la Sedesol.

“El más importante fue el hecho de que una gran porción del territorio nacional está compuesto por tierras ejidales y comunales, con todo lo que ello implica para la designación de propiedad. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo dinero ya asignado a la Sedesol por razones aún no explicadas oficialmente”

Aquí el entrevistado tiene varias hipótesis: “Esto se debió a que la SHCP retuvo el dinero para poder hacer su juego ante el Congreso al momento de discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2003.

“Además en la cúpula de Sedesol hicieron cuentas equivocas desde el principio en el área de Aguilar Valenzuela debido a que el área de Sánchez Díaz de Rivera no brindó la información necesaria para hacer los cálculos necesarios”.

Por último, aventura a decir que los recursos recortados sirvieron para cubrir algunos compromisos políticos de los que la Secretaria ni siquiera estaba enterada.

La versión oficial es que los recortes obedecieron a las contingencias ocasionadas por los huracanes que azotaron diferentes estados del país. Estas especulaciones, dice, no se darían si existiera una verdadera política de rendición de cuentas y transparencia ante la opinión pública.

Y es que para este 2003 el panorama no es mejor. En este año desaparecerán por lo menos la mitad de los programas de combate a la pobreza, y lo grave es que no serán sustituidos ni integrados a otros. Simplemente desaparecen y ya, y con ellos sus operadores.

Esto representa un recorte injustificado de por lo menos 15% de la plantilla laboral de la Sedesol que trabajaba, hasta el 2002, por honorarios y sin garantías. Y no hay que dejar de lado que en estos trabajadores es en quienes recae la responsabilidad de sacar adelante los programas de esta devaluada secretaría.

Finalmente y después de conocer las entrañas de la Sedesol, queda la reflexión en el siguiente contraste de cifras: 53.7 millones de pobres vs. los 15 mil caracteres de este reportaje que trataron de explicar el porqué la secretaría creada para combatir la pobreza evidentemente no cumple su función y apenas alcanza a recoger a los heridos que deja la actual política económica, según las propias palabras de la secretaria Josefina Vázquez Mota.

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