De la misma manera que hace nueve años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sorprendió al rebelarse contra el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, entre otras causas por haber firmado el Tratado de Libre Comercio, ahora las organizaciones campesinas hacen lo propio con la administración del panista Vicente Fox ante su negativa a renegociar el TLC en el ramo agropecuario, lo que ha llevado a una confrontación que pone en riesgo la estabilidad del país.

Unidas, como nunca, la mayoría de las 25 organizaciones que conforman un nuevo movimiento campesino acusan al presidente Fox y a parte de su gabinete de haber dejado crecer el problema debido a su falta de experiencia para gobernar.

Y el gobierno responde con una convocatoria al diálogo “unilateral, autoritaria, burocrática y excluyente”; con órdenes de aprehensión para unos 300 dirigentes y, sobre todo, advierte que el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá no se puede tocar.

Así, lo que comenzó el pasado 1 de enero con la huelga de hambre de un reducido grupo de líderes agraristas en el paso fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, en tan sólo un mes se convirtió en la multitudinaria concentración de protesta del viernes 31 de enero en el zócalo de la ciudad de México, corazón de la República, donde el grito indígena “¡Ya basta!” se transformó en el de “¡El campo no puede esperar!”.

Y es que, aseguran dirigentes y especialistas del agro, el campo con sus 25 millones de habitantes de plano ya “no aguanta más”, pues las condiciones del México rural son prácticamente iguales a las que hace casi un siglo provocaron la rebeldía de los desposeídos que culminó con la Revolución.

Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dice que el campesinado, cuestionado en su funcionalidad económica y su eficiencia productiva, se ha visto obligado a luchar por preservar su condición de clase y por integrarse --desde distintas visiones-- a la vida económica y política de la nación. Se trata, por tanto, de “la lucha de los excluidos por pertenecer, por preservarse”.

Razones no les faltan. En el documento Nuestra visión de futuro para el campo, la Confederación Nacional Campesina (CNC) afirma que en la actualidad hay 54 millones de mexicanos en pobreza patrimonial y 24 millones con dificultades para acceder a la alimentación, la mayoría provenientes del campo.

“Como prueba del proceso de concentración de la riqueza --explica--, 10% de los productores acapara 34% del ingreso rural, mientras que los más pobres captan apenas 2%. En este mismo sentido, de los 75 mil millones de dólares de inversión extranjera directa captada por el país durante el periodo 1994-2001, sólo 0.3% fue aplicado en actividades agropecuarias.”

Agrega que tres de cada cuatro de los productores rurales tienen predios menores de cinco hectáreas y que únicamente 18% de la población rural es propietaria de tierras, pues el resto oferta su fuerza de trabajo, depende de alguien, o labora sin percibir ingreso.

Foto: David Cilia

La CNC destaca que las importaciones de alimentos son cada vez mayores, al grado de que rebasan los 18.2 millones de toneladas registradas en el 2000, lo que está creando las condiciones de la dependencia alimentaria de México.

Por esto Heladio Ramírez López insiste en que el TLCAN se debe revisar debido a que es uno de los factores que ha provocado la ruina de la producción de alimentos en México.

En entrevista, el dirigente critica la postura del gobierno de rechazar esta demanda, pues aclara que dentro del mismo acuerdo comercial se permite la existencia “de pactos paralelos”, como los que han establecido Estados Unidos en el sector laboral y Canadá con la ecología.

Según el Congreso Agrario Permanente (CAP), los del movimiento El Campo no Aguanta más y El Barzón, desde el primer día de enero de este año en que entró en vigor la penúltima fase desgravatoria de aranceles --cero impuesto a las importaciones de la mayoría de los alimentos--, uno de los subsectores con las más dramáticas repercusiones negativas por la apertura comercial total será el ganadero, y los crecimientos de producción extraordinarios obtenidos en los últimos años por estos productores seguramente desaparecerán a raíz de su fuerte dependencia de los granos forrajeros del exterior.

En este contexto, Heladio Ramírez López sostiene que a partir de 1992, fecha en que se modificó el artículo 27 constitucional, se ha observado un acaparamiento acelerado de la tierra por nuevos terratenientes en razón de la proliferación de los ejidos en venta; y que la expropiación de tierras de propiedad social a precios ínfimos por parte del gobierno, sin probar el interés público, ha generado inconformidades y “nos hacen retroceder a momentos de descontrol social ya superados”.

Aunado a lo anterior, en el análisis confirma que la educación rural es de pésima calidad y que la reducción de la inversión pública al agro llega hasta 90%, si la comparamos con la ejercida hace 20 años: “Y ningún país en desarrollo, lleno de carencias, con 80% ciento de la población en la pobreza en su sector rural, puede salir de este colapso con una política tan recesiva”.

Por todo esto, la CNC --central mayoritaria del país y una de las 12 organizaciones que integran al CAP-- alega que el gobierno mexicano debe reconocer el “estado de emergencia en el campo”, iniciar con Estados Unidos y Canadá la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN y promover, conjuntamente con las demás organizaciones campesinas y el Congreso de la Unión, una iniciativa para la protección y la competitividad de las ramas productivas agroalimentarias con fundamento establecido en la Constitución.

Juntos en la misma lucha, tanto los investigadores como los dirigentes campesinos remarcan que existen recursos jurídicos muy sólidos que respaldan estas demandas, como son las disposiciones de nuestra ley de comercio exterior sobre prácticas desleales, las propias disposiciones sobre salvaguardas contenidas en el capítulo agropecuario del TLCAN y el claro caso de dumping que se configura con los extraordinarios apoyos y subsidios contenidos en la Ley Agrícola 2002-2007 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Manuel Ángel Gómez Cruz y Rita Schwentesius, del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), cuentan que a finales de 1993, cuando el Congreso de la Unión dio su visto bueno para que el Poder Ejecutivo firmara el tratado, se podía argumentar de parte del Legislativo desconocimiento de las implicaciones, falta de democracia y opinión favorable de los productores.

Pero hoy, en enero de 2003, la situación es completamente distinta, por “los impactos desastrosos del TLCAN en nuestra agricultura, y se justifica en calidad de urgencia una revisión”.

Investigaciones realizadas de 1991 por las organizaciones de pequeños, medianos y grandes productores y por diversos grupos académicos (UNAM, UAM, Colmex, Estados Unidos y Canadá, en coordinación con el CIESTAAM de la Universidad Autónoma de Chapingo) concluyen: “La agricultura de México tiene mucho que perder y poco que ganar en la firma, puesta en marcha y el desarrollo de un tratado comercial con los vecinos del norte”.

Recientemente, el Banco Mundial llegó a ideas similares: “Se puede decir que este sector (rural) ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT y el TLCAN, la eliminación de controles de precios, la reforma estructural sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural...

Esto plantea un importante problema de política debido a que, a partir de 2008, el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos”.

Los investigadores de la UACH explican que las relaciones entre México y sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, se caracterizan por múltiples asimetrías, que dan cuenta en gran medida el impacto negativo que ha tenido el TLCAN sobre el sector agropecuario mexicano.

En su propuesta a los legisladores para que se revise el tratado ofrecen como argumento un antecedente clave: el papel del Congreso de Estados Unidos en el caso del transporte.

A pesar de que el TLCAN consideraba la libre circulación de los vehículos entre el territorio de México y Estados Unidos a partir de 1995, el gobierno vecino prohibió este tránsito por medio de una moratoria.

Pasaron muchos años de controversias, hasta que el 6 de febrero de 2001 la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitió un fallo favorable para México.

El 5 de junio de 2001 el presidente Bush, por fin, en papel autorizó el ingreso de los camiones mexicanos, al ordenar el levantamiento de la moratoria de 1995.
Sin embargo, el Congreso estadounidense aprobó el acceso a Estados Unidos de los camiones mexicanos de carga a partir del 2002, condicionado a que se pudieran contratar inspectores suficientes, y el 1 de agosto de 2001 argumenta el bloqueo, justificando la inseguridad de los transportes de México en las carreteras de Estados Unidos.

Así, expresan Gómez Cruz y Schwentesius, el Congreso de Estados Unidos “nos enseña el camino. Pese al tratado, ellos protegen a sus transportistas, sus fuentes de empleo y sus intereses nacionalistas”.

En virtud —agregan— del papel estratégico de la agricultura como fuente generadora de empleo, productora de alimentos, de importancia para la protección del medio ambiente, por sus implicaciones sociales y culturales, etc.; en virtud de que no existen fondos de compensación para paliar los efectos del TLCAN; de que nunca el presupuesto asignado será suficiente para hacer competitivo al sector frente a la agricultura del país más poderoso del mundo, considerando el artículo 21 de la OMC (sobre la afectación de un tratado) y el artículo 89 constitucional, fracción 10 (desigualdad jurídica), y en virtud de las facultades que la nación le otorga al poder legislativo urge, dicen, la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, pues México no debe renunciar a su soberanía nacional y puede aprovechar todas las disposiciones previstas en su Constitución Política.

“Esta propuesta, agregan, no solamente se justifica por los daños ya causados por el TLCAN, sino también por la amenaza que representa a partir de este año”.

Reconocen que una revisión y la suspensión parcial del TLCAN en protección de los productos más sensibles afectarán a algunos intereses particulares, en especial a los importadores e intermediarios de los productos agropecuarios.

Pero, como la realidad ha demostrado, no existe tanto beneficio para el consumidor como se está argumentando desde las esferas oficiales, es decir que los productos importados no bajan de precio.

Por otro lado, prevén que no habrá afectación para los exportadores mexicanos, siempre y cuando se aprovechen los “márgenes de maniobra” que permite la OMC “para países en desarrollo”.

También deben considerarse los gastos monetarios directos e indirectos para toda la sociedad mexicana que ya ha generado la liberalización comercial y los que están por llegar.

“Solamente la liquidación del Banrural costará a la sociedad mexicana en su conjunto 42 mil millones de pesos (suma que sobrepasa el presupuesto de todo el 2002 para el campo).

El fracaso de Banrural no se puede explicar solamente con fallas administrativas, sino más bien por la falta de rentabilidad en el campo a raíz de la política de abandono del Estado de sus responsabilidades.”

Los especialistas en el tema recuerdan que fue el Estado mexicano el que, sin consultar en forma democrática a la sociedad, instrumentó la política de liberalización de la economía y firmó el TLCAN.

Por ello, replican, éste debe responsabilizarse por los daños causados y debe instrumentar programas que beneficien a la sociedad en su conjunto, ya que no puede desligarse de las consecuencias de su política.

Y, sobre todo, siempre debe tener clara su responsabilidad por el bienestar de su población.

Por su parte, Víctor Suárez, Alfonso Ramírez Cuéllar y Rafael Galindo, dirigentes de El Campo no Aguanta más, El Barzón y el CAP, advierten que de no cumplirse esta demanda las movilizaciones continuarán, ya que no están dispuestos a aceptar que los alimentos estadounidenses desplacen cada vez más a la producción nacional, provocando el cierre de empresas y el abandono de millones de hectáreas de cultivo; creando desempleo masivo, jornalerismo y la migración de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, hacia los Estados Unidos y Canadá en busca de puestos de trabajo.

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