A pesar de los reiterados discursos a favor de los indígenas, de las autoridades de todos los niveles, éstos continúan en la más absoluta marginación e incluso, pueden rodar aún más bajo de la escala social, si por azares del destino llegan a pisar una cárcel.

Estadísticas del Instituto Nacional Indigenista (INI), indican que cada año son procesados por delitos del fuero común y federal, más de siete mil indígenas de las diferentes etnias que existen en el país, de los cuales sólo una mínima parte llegan a obtener su libertad antes de cumplir su sentencia.

El director de Procuración de Justicia del INI, Eduardo Martínez Loyola, señala que de los siete mil 200 reos indígenas que hay en el país, el 82 por ciento están procesados o sentenciados por delitos del orden común; el 18 por ciento restante, pertenecen al fuero federal.

Entre los delitos de mayor incidencia perpetrados por los indígenas, destacan el homicidio, seguido por el de lesiones, daño patrimonial, robo, despojo, daño en propiedad ajena, violación, estupro, hostigamiento sexual y portación de arma prohibida, contra la salud. portación de arma de fuego, posesión de explosivos y ecológicos.

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Ausencia del INI en seis estados
El INI sólo tiene presencia en 24 entidades del país y en muchos casos para conocer si existen indígenas en las cárceles de esos estados tiene que apoyarse en los informes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Las entidades con mayor número de reos indígenas son Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, y con menor Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila.

Martìnez explica que desde 1984 esta institución viene trabajando para liberar a los indígenas presos, motivo por el cual se encuentra en permanente contacto con algunas dependencias federales y estatales, ONG y algunas instituciones privadas.

“El INI está en capacidad de apoyar al indígena durante su proceso jurídico hasta con 35 mil pesos, con la única condición de que éste sea primo delincuente y se haya asumido como perteneciente a cualquiera de las etnias que existen en la República Mexicana”.

Además, el INI pide un aval a la comunidad a la que pertenece el indígena preso y únicamente en el caso de obtener buenas referencias acepta defenderlo; de lo contrario, lo abandonará a su suerte.

Defensa Indígena, letra muerta
El INI acepta que la realidad es muy opuesta a las leyes. En la práctica, el agente del Ministerio Público, para evitarse problemas, omite preguntarle al detenido si habla alguna de las 62 lenguas indígenas que existen en el país, así que si el indígena en cuestión carece de dinero para pagar la multa, sin mayores contemplaciones se le consigna al juzgado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Héctor Sánchez, sostiene que tanto en la frontera norte como en la del sur existe una desprotección total del indígena que se agrava aún más por el hecho de que algunos no hablan español y no se les proporciona un abogado defensor.

Foto: David Cilia

Relata que en un viaje reciente a Tijuana, encontró a 16 indígenas presos de los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, de los cuales dos no hablaban español. Descubrió que la procuraduría de justicia estatal jamás les había proporcionado un intérprete y mucho menos un abogado defensor, por lo que el detenido estaba en la más completa indefensión jurídica.

Durante las sucesivas visitas que hizo a la cárcel también pudo percatarse de que los jueces estaban deshumanizados y poco les importaba la suerte de los indígenas. Y peor aún: el INI no había intervenido a favor de éstos.

Sánchez dejó entrever que el INI no es muy afecto a auxiliar a los indígenas, pues cada seis o doce meses algún funcionario de esa institución aparece en las cárceles, pero lo más que llega a hacer son reportes sobre el número de indígenas que encuentra en cautiverio.

A diferencia de otras épocas esta comisión de indígenas no mantiene intercambio de información con el INI, así como tampoco con la Procuraduría General de la República. los actuales voceros desconocen datos elementales como el número de indígenas presos acusados de delitos del orden federal.

En el fuero común, la Dirección de prensa desconoce el número de indígenas presos que hay en el Distrito Federal. Y lo mismo ocurre con el coordinador de los abogados de oficio del fuero común en los reclusorios preventivos Norte, Sur y Oriente, Alberto Rocha, quien tampoco lleva un control de los indígenas presos.

Para el jefe de los abogados de oficio este desconocimiento tiene una explicación muy sencilla: los indígenas casi nunca se asumen como tales, por el temor a ser aún más discriminados por los mestizos o ladinos.

El agente del Ministerio Público tiene la obligación en cuanto sabe que el detenido es un indígena, de buscarle un intérprete, para que le haga saber sus derechos.

Pero esto no sucede así, porque casi nunca los indígenas se asumen como tales. Por otro lado, el MP no llama al abogado de oficio, sino a alguna persona de su confianza y que no necesariamente es un abogado.

Tampoco la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, cuenta con un convenio con el INI, aunque los abogados de oficio si mantienen nexos con algunas ONG abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Los jueces nunca se enteran del paso de los indígenas por los juzgados. Explica que con base en una encuesta realizada conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE) se pudo corroborar que solamente en un 10 por ciento el juez preside las diligencias que se llevan a cabo en los juzgados, pues por lo regular esa tarea se la dejan a alguno de sus secretarios.

Un 89 por ciento de las personas consignadas a un juzgado no pudieron hablar con el juez y lo que dificulta todavía más el poder contactar a la población indígena.

La jefa de defensores de oficio del Reclusorio Preventivo Oriente, Joahana del Río Rebolledo, coincide con su jefe en lo difícil que resulta detectar a los indígenas en el interior de las cárceles del DF, sobre todo por el estigma que para ellos representa el asumirse como indígenas. Se han detectado 18 casos, entre los que se encuentra un indígena nahua del estado de Guerrero.

Dice que supo de la etnia a la que pertenecía un indígena preso en el Reclusorio Oriente por mera casualidad.

Cuenta que una mujer humilde la abordó en su despacho y tras escuchar su problema le preguntó si hablaba alguna lengua indígena y ésta le respondió que el náhuatl, al igual que su marido que se encontraba encarcelado y cuya condición social se desconocía.

Entre las ONG que existen en la capital del país dedicadas a la defensa de los derechos humanos destaca la Fundación de Servicios Legales y Sociales para la Comunidad Indígena y cuyo fundador es el abogado Manuel Rosales Castillo.

“En cuanto un indígena pisa el DF comienzan sus problemas. Apenas desciende del autobús puede ser extorsionado por la policía y en algunas ocasiones hasta ser detenido como presunto responsable de un delito que no cometió. Los policías, en su afán de obtener dinero fácil, de manera subrepticia meten droga entre sus pertenencias, a la vez que les exigen que les dé todo lo que tengan de valor, para no arrestarlos”, dice Rosales.

Prisioneros por consigna

Tlaxiaco, Oax.— Integrantes del movimiento indígena de la Mixteca oaxaqueña, los hermanos Sansón y Amado Aguilar Sánchez, defensores de los recursos naturales de su natal Santa Cruz Itundunjia, Putla, purgan una condena en el Penal de Tlaxiaco por la muerte de Gildardo García García, miembro del grupo Yenis, primer eslabón de la cadena de empresas explotadoras de maderas en Oaxaca.

Ambos forman parte del Comité de Defensa de los Problemas del Pueblo, dedicado al cuidado de los recursos naturales de Santa Cruz Itundunjia. Denunciaron reiteradamente los ilícitos de las empresas forestales “Bosques de Oaxaca” y “Maderera Mixteca”, intermediarias de “Triplay de Oaxaca”, a la que los pobladores de la región relacionan con el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López.

Sansón y Amado salen de la oscura soledad de su celda para aproximarse a la reja de visita del Penal de Tlaxiaco. Ya ahí, su abogado, Maurilio Santiago, les indica que pueden hablar.

Sansón dice que las imputaciones que pesan sobre ellos son fabricadas. Su hermano Amado mira cauteloso a su alrededor y luego de una pausa comienza a hablar. Remonta su historia más de una década atrás.

“Fui detenido el 4 de julio de 1990, sin orden de aprehensión, por la policía municipal, siendo agente municipal Wenceslao Sánchez, integrante del grupo los Yenis, que me remitió con una serie de acusaciones falsas sobre la muerte de Gildardo García García.

“Me llevaron a revisión médica y se expidió el certificado que decía que yo estaba bien de salud. Ya en manos de los agentes judiciales, éstos me sometieron a tortura por varias veces en el río Copala a altas horas de la noche. Después, cuando me presentaron con el agente del MP, Juan Bautista Mejía, me amenazó de muerte con una pistola.

“Continuaron las torturas y, ante el peligro de morir, declaré lo que no cometí, y quedó en el acta penal 2107-a- 90. Luego la juez Areli Reyes Terán me dijo que si yo tenía dinero, más que la otra parte, yo era inocente, pero que si no tenía, aunque fuera inocente tenía que ser culpable”.

La instrucción del proceso de Amado Aguilar terminó en 56 días con un auto de formal prisión, por homicidio calificado, con una sentencia de 30 años, según expediente penal 45/990.

La historia que narra Sansón Aguilar es similar a la de su hermano: “Fui detenido el 28 de septiembre de 1992, sin orden de aprehensión, por la policía municipal en Santa Cruz, sin que tuviera derecho de hacerlo.

“El 2 de octubre me trasladaron a Putla de Guerrero, en donde rendí mi declaración preparatoria, y en la misma señalé que el día de los hechos, que fueron en Putla, estuve en un seminario forestal aquí en Tlaxiaco, a 108 kilómetros de distancia, como consta en el acta que aporté el acta del seminario en la que no sólo aparece mi firma, sino la de autoridades de varios pueblos.

“Mi hermano estuvo ese día en Oaxaca, que es una distancia mucho más alejada, y sin embargo la juez a la hora de dictar mí sentencia dice que estaba relativamente cerca de Putla y que pude ir a cometer el ilícito y volver al seminario en Tlaxiaco, pero no aportó ninguna prueba y me dictó una sentencia injusta de 30 años por homicidio calificado”.

Sansón Aguilar explica el motivo real de su detención: “Dentro de nuestra organización decidimos impulsar la producción agropecuaria, a fin de ser autosuficientes y el excedente venderlo a las comunidades aledañas y formar cooperativas tanto de producción como de consumo. De esta manera su organización empezaba a beneficiar a la mayoría de la gente de su pueblo, y eso precisamente fue lo que asustó al poder caciquil de la región.

“Los Yenis enfocaron las cosas hacia nosotros, mayormente a mí y a mi hermano, porque nosotros encaramos más los problemas y nunca anduvimos con titubeos para decir la verdad, y como varias veces denunciamos cosas como que ellos vendían a 13 mil pesos el metro cúbico de madera y a los propietarios les decían que el precio era de 8 mil, o les decían que los árboles rendían cuatro metros cúbicos de madera cuando en realidad rendían ocho o nueve metros.

“En todas estas acciones tenían que ganar más para poder comprar armas. Ellos tenían su arsenal y la capacidad de comprar a las autoridades. En nuestro caso, compraron a los agentes del Ministerio de Putla, ya que el objetivo era dejarnos en la cárcel y aquí estamos por un delito que jamás cometimos.

“Por ese tiempo era diputado por el séptimo distrito Heraclio Celis Villagómez, asesor intelectual de la Unidad Especializada de Aprovechamiento Forestal Yenis, y fue quien influyó sobre la juez para que en el más mínimo tiempo se me hiciera aparecer como criminal.

Los hermanos Aguilar, con plena conciencia, mantienen la esperanza puesta en su abogado Maurilio Santiago Reyes, quien pretende llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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