Después de dos años de intensos debates, de encuentros y desencuentros, de promesas de cambio estructural, de 125 iniciativas legislativas en espera... la transformación del Estado que prometió Vicente Fox quedará reducida a una reforma constitucional tímida que no acaba con el sistema presidencialista autoritario que legalizaron los gobiernos priistas.

Ante la ausencia de la iniciativa presidencial tantas veces prometida, el PAN en el Congreso de la Unión ahora pretende sacar a contra reloj --en periodo extraordinario en febrero-- un paquete de iniciativas aparentemente consensuadas con PRI y PRD, que los panistas promocionan como “la reforma integral del Estado” y con la cual pretenden justificar la presencia de Vicente Fox en la Presidencia.

“En mi partido estamos convencidos de que si en esta legislatura no llevamos a cabo la reforma del Estado no podemos justificar la presencia de Vicente Fox al frente del gobierno federal”, dice lapidaria la panista María Teresa Gómez Mont, secretaria de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados.

Foto: Julio César Hernández Gomez Mont

“Dejar inconclusa la reforma del Estado --augura-- implicaría replantearla en la próxima legislatura, cuando las condiciones de negociación serán adversas porque percibo que a partir de septiembre se iniciará la lucha por la sucesión presidencial, que impedirá que los partidos se sienten en la mesa a generar consensos.

Si vamos a otra lucha electoral sin las reformas políticas estructurales implicaría que nunca se lleve adelante la reforma del Estado.”

Por esa premura los panistas presionaron al interior de la Cámara de Diputados para, primero, abrir un periodo extraordinario y, después, para presentar como iniciativas los pocos acuerdos logrados en dos años de trabajo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, donde han sido constantes los enfrentamientos entre partidos.

Al iniciar los trabajos de la Comisión se pretendió que sus integrantes formularan una iniciativa consensuada, sin embargo, ante la falta de acuerdos y el desorden de las bancadas que las presentaban a título personal, se optó por que los partidos elaboraran sus propias propuestas, sobre las cuales los integrantes de la Comisión negociaran y alcanzaran puntos de coincidencia.

Los consensos plasmados en las iniciativas parecen poco significativos, además de que no hay garantía de que se aprueben en su totalidad dadas las diferencias --algunas insalvables-- entre los tres principales partidos y sus antagonismos internos. El panorama se antoja difícil para alcanzar las tres cuartas partes de la votación requerida para que una iniciativa se convierta en ley.

“Reforma integral”
Lejos de transformar el sistema presidencialista autoritario, las iniciativas de reforma “consensuadas” por las principales fracciones parlamentarias son apenas unos acuerdos para desincorporar del Ejecutivo algunas funciones constitucionales que obstaculizan la transición democrática.

De las iniciativas que se presentarán a discusión y aprobación en el recinto legislativo ninguna representa una disminución significativa al poder que conserva el presidente por mandato constitucional.

Los legisladores únicamente discutirán algunos aspectos sobre el equilibrio de poderes que ni remotamente solucionan el problema de fondo, no sólo porque no abordarán a profundidad el asunto de los órganos de poder federal, sino porque no hay tiempo ni acuerdos para incluir también los temas de las garantías constitucionales, el federalismo y las instituciones electorales.

Los acuerdos amarrados proponen terminar con el veto de bolsillo del presidente hacia leyes aprobadas por el Legislativo para que si, pasado un tiempo, el Ejecutivo no las promulgara, entonces lo hiciera el presidente del Congreso de la Unión en turno.

También se pretende limitar las facultades legislativas del presidente de la república con el fin de que el Legislativo sea el que preferentemente presente iniciativas de leyes; lo que se busca es que el Ejecutivo deje de ser “el gran legislador”.

Respecto del Legislativo las reformas van en el sentido de ampliar de seis a doce semanas el segundo periodo ordinario de sesiones y la posibilidad de designar nuevos legisladores cuando llegue el caso de que falten el titular y el suplente.

Las reformas propuestas para el Poder Judicial vienen a complementar la serie de facultades otorgadas ya con la reforma judicial iniciada en 1995.

Por ejemplo, se propone facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que inicie leyes únicamente sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborar su presupuesto, desconcentrar los tribunales agrarios, laborales y administrativos en poder del Ejecutivo para que pasen ahora al Judicial, así como garantizar la autonomía de los poderes judiciales en los estados.

De lo amarrado no hay nada más. Pero lo que sí abunda son desacuerdos, algunos aún con posibilidades de conciliación y otros que de plano no pasarán.
Entre los asuntos que podrían destrabarse en estas semanas previas, o inclusive sobre la marcha de la discusión en el pleno, está la propuesta para que el Ejecutivo Federal sea sujeto a juicio político, con el argumento de que “la esencia de una verdadera república es que el gobernante no esté por encima de la ley”. El PAN es el que se resiste dado que sería un golpe artero al sistema presidencialista autoritario.

Igual de polémica resulta la posibilidad de que el Congreso investigue el funcionamiento de la administración pública federal y se le otorguen mayores facultades de acceso a la información sobre particulares a fin de que las cámaras puedan conocer de cualquier asunto de interés nacional.

Con esto se intenta disminuir lo que algunos legisladores consideran “el dolo” del Ejecutivo al ocultar información a los otros poderes. También se busca disminuir la discrecionalidad presidencial así como la corrupción e impunidad sistemática a infractores de la ley.

Otra propuesta en la que median posibilidades de negociación es la relativa al carácter vinculatorio (obligatorio) que deben tener los puntos de acuerdo alcanzados por unanimidad por el Poder Legislativo, esto con la finalidad de reposicionar su poder, actualmente vilipendiado por las autoridades y la sociedad en común.

En cuanto a la democracia participativa, los legisladores del PAN y del PRD únicamente coinciden en la aprobación del referéndum, descartando por el momento el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Sin embargo, la mayoría de la bancada priista rechaza estos mecanismos de democracia directa.

Igualmente coinciden en la propuesta de adelantar la fecha de presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, sólo hay disenso en el día de entrega, que va desde finales de septiembre hasta el 15 de octubre. La discusión se polariza ante la existencia de dos opciones: o se utiliza el presupuesto del año anterior mientras los diputados alcanzan consenso o se aprueba de manera automática la propuesta presidencial cuando el presupuesto no esté listo para el 31 de diciembre.

Pero las iniciativas que definitivamente están destinadas a fracasar en este periodo extraordinario, por no contar con el mínimo consenso, son dos reformas de fondo al Congreso de la Unión: la reelección de legisladores y la disminución de diputaciones plurinominales.

Más allá de los desacuerdos entre las bancadas, ambas iniciativas han provocado antagonismos inclusive al interior de las fracciones parlamentarias del PAN y el PRI.

Por ejemplo, la reelección de legisladores, promovida por el PAN y rechazada abiertamente por el PRD, mantiene enfrentados a los grupos parlamentarios del PRI. Mientras que el priista Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, abandera a un reducido grupo de correligionarios que están a favor de esta propuesta, la mayoría de la bancada la rechaza.

Y la propuesta de disminuir el número de diputados plurinominales desató golpes bajos entre las principales cabezas de la fracción parlamentaria del PAN. En diciembre el líder de la bancada Felipe Calderón Hinojosa se fue por la libre y presentó la iniciativa a favor de la reducción, no obstante que previamente la mayoría de la bancada desechó tal posibilidad por no haber consenso.

Los panistas inconformes y la bancada perredista argumentan que se reduciría el nivel legislativo porque los plurinominales “traen la línea del partido” y porque “casi nunca los más populares son los más capaces para legislar”. Además, consideran, aún es necesario este esquema de compensación parlamentaria por la variedad de fuerzas partidistas con representación en el país.

La polarización en estos dos puntos provocó que en la discusión por venir la Comisión Especial para la Reforma del Estado se desistiera de abordar puntos más candentes como la reducción a cuatro años del periodo presidencial.
El retorno del PRI

El consenso más sólido entre los diferentes actores políticos es la imperiosa urgencia nacional de sacar adelante una reforma del Estado que dé paso a la transición democrática por la que votó el electorado en el 2000 y que, a su vez, justifique la presencia del Vicente Fox en la presidencia.

“Hasta el día de hoy lo que tenemos en México es una alternancia pero no un cambio de régimen”, admite la panista Gómez Mont. “Esta situación —continúa— podría provocar que en las transiciones de los gobiernos panistas se implementaran los mismos esquemas autoritarios del pasado o que en el 2006 el PRI retomara la Presidencia de la República. Se echarían por la borda sacrificios y compromisos de tantas generaciones de mexicanos que trabajaron para el cambio en el país.”

El mismo temor lo comparte Ricardo Álvarez, asesor del PRD para la reforma del Estado en la Cámara de Diputados y coordinador del “Libro blanco de la reforma del Estado”:

“Una apertura sin controles constitucionales como la que vivimos desde la caída del PRI tiende a volverse caótica y abre la posibilidad de que exista un líder mesiánico como Hugo Chávez en Venezuela, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú o Abdalá Buckaram en Ecuador, que llegaron al poder legalmente desafiando a los grandes partidos y que finalmente cayeron en el autoritarismo”, explica.

Más prudente, Luis Rubio --presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDE)-- considera que lo que ocurre en México es una “parálisis gubernamental” que no sólo afecta el terreno político sino, más grave aun, el desarrollo económico del país.

Foto: Julio César Hernández Luis Rubio

“Estamos viviendo la peor de las tragedias —dice el doctor en ciencias políticas— porque la falta de una reforma de Estado está atrasando la economía mexicana respecto de lo que sucede en el resto del mundo, se está perdiendo oxígeno en ese camino y no estamos tomando las decisiones que permitan que pueda crecer en los próximos 10 o 15 años. De continuar esta situación, el desgaste del gobierno será tan grave que ni siquiera se lograrían los niveles mínimos de crecimiento económico y de bienestar para la población.”

Sin embargo existen disensos sobre quién es el responsable de esta parálisis gubernamental. Ricardo Álvarez culpa a Fox y al PAN de que “al estar deslumbrados por el poder no quieren un cambio a fondo sino únicamente una administración más eficaz”. Mientras que Luis Rubio sostiene que el origen del problema es la falta de disposición del Poder Legislativo para negociar con el Ejecutivo.

“Aunque sin duda hay inexperiencia e inhabilidad política por parte de Fox --explica el también asesor de la Secretaría de Hacienda--, el problema fundamental es que no se han transformado las estructuras del sistema presidencialista para adaptarse a la nueva realidad.

Nada ha cambiado en los tres poderes ni el los gobiernos estatales. Seguimos operando con un sistema diseñado para que el presidente sea la figura central, cuando en los hechos ya no tiene la capacidad de obligar a todo el mundo de ceñirse a sus intereses, pero tampoco recursos que le permitan tomar decisiones a nivel federal.”

“Hoy en día tenemos una institución presidencial muy débil. En la medida en que se ha fortalecido al Poder Legislativo se ha debilitado al Poder Ejecutivo. Se necesitan mecanismos que obliguen a los legisladores a negociar con el presidente y a rendir cuentas ante el electorado.

Por ejemplo, las iniciativas del presidente se quedan durmiendo el sueño de los justos y no hay nada que obligue a los diputados y senadores a discutirlas”, sostiene.

Y plantea un panorama poco alentador:
“Podemos quedarnos en el peor de los mundos --adelanta el doctor en ciencias políticas--, el país ya logró el primer escalón de la democracia que es el electoral pero hasta el momento no ha conseguido crear ciudadanos responsables, un estado de legalidad, acabar con la impunidad ni un desempeño económico adecuado, lo que en el 2006 abriría la posibilidad de que la ciudadanía opte por regímenes autoritarios para intentar satisfacer la demanda ciudadana que no se logró por el lado democrático”.

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