Galicia, España.— A más de dos meses de la peor catástrofe ecológica en España por el hundimiento del petrolero Prestige que afecta a 109 playas en Asturias, 51 en Cantabria, 60 en el País Vasco y 400 en Galicia, Alfredo Suárez Canal, vocero del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), asegura que el gobierno del presidente José María Aznar “algo oculta” sobre el caso, además de que su ayuda es escasa y no llega a todos los afectados.

El parlamentario atribuye la máxima responsabilidad de las decisiones tomadas en torno al Prestige, al gobierno de Aznar y al gobierno gallego que preside Manuel Fraga “éste es responsable por su indolencia, por su pasividad y ausentismo para enfrentar la crisis, y por su complicidad con las decisiones del Estado español”.

Suárez Canal

Sólo por la presión pública de las últimas semanas dirigida por la oposición y la plataforma Nunca mais -integrada por los afectados-, el gobierno del Partido Popular anunció el 24 de enero en La Coruña, capital de Galicia, un programa integral de ayuda por 12 mil 500 millones de euros para paliar la crisis ecológica y económica que dejó el hundimiento del Prestige.

Sin embargo, de cada 40 euros de ayuda, el Estado español pone 10 y la Junta de Galicia 30.

Mientras, el buque con bandera de Bahamas, que se partió en dos el 20 de noviembre del año pasado con 77 mil toneladas de diesel frente a las costas españolas, continúa derramando el liquido letal y ya contaminó 900 kilómetros de costa gallega.

Por este desastre, unas 300 mil familias han sido afectadas en su salud, bienes y fuentes de empleo, el impacto económico es de unos 4 mil millones de euros y el deterioro sobre el ecosistema local, único en el mundo con sus 19 rías, es invaluable.

El parlamentario gallego evoca eventos similares en la historia de la región. “Con ésta son siete las catástrofes frente a las costas de Galicia, lo que evidencia una falta de previsión por parte del gobierno. En 1970 se hundió el Polycommander, en 1976 el Urquiola, en 1978 el Andros Patria y en 1992 el Aegean Sea, entre otros”.

La inquietud de los habitantes de la región asolada por el derrame de combustible, traducida en la exigencia de sus representantes —algunos en el BNG—, al gobierno del presidente Aznar, de conocer quiénes integraron las labores de rescate, qué técnicos asesoraron al gobierno; qué plan de emergencia se activó para contrarrestar la marea negra, qué instrucciones se dieron a los remolcadores para mover el barco tras la primera fuga, qué diálogo hubo entre la Torre de Control y la tripulación, si hubo negociaciones con otros países para contar con barcos anticontaminación, qué aportaron los ayuntamientos para limpiar las playas, cuáles son las bitácoras de los remolcadores y del propio Prestige.

De igual manera, los parlamentarios del BNG, exigen conocer los informes meteorológicos durante el operativo, cuándo se crearon las comisiones ministeriales, qué técnicos asesoraron al gobierno y quién decidió apartar el barco de la zona del primer derrame.

Sin voluntad
El vocero del BNG estima que sería muy grave que el gobierno del Partido Popular, ante una catástrofe de esta magnitud estuviese funcionando en clave político-electoral, en vísperas de los comicios autonómicos de mayo.

Insiste en que “no hay voluntad política del gobierno de Aznar para esclarecer la catástrofe del Prestige, ésto se explica porque hay algo qué ocultar, porque no se tiene la conciencia tranquila y porque no se quiere llegar al fondo del problema”.

Por ello, el Bloque Nacionalista Gallego decidió el 13 de enero, abandonar la Comisión de Investigación creada por unanimidad en el Parlamento gallego en diciembre y demanda conocer la verdad sobre la catástrofe, las decisiones adoptadas y sus consecuencias, así como las responsabilidades políticas y jurídicas, tras el regateo de información por el gobierno central.

El diputado Suárez Canal explica que su partido no recibió “ni el primer papel en la Comisión de Investigación y así es imposible hacer el trabajo ni se le dio la documentación solicitada”, por lo que no tenía sentido seguir en la Comisión.

Para esclarecer la verdad de lo ocurrido, el Bloque Nacionalista pide que comparezcan el vicepresidente de gobierno, Mariano Rajoy, los ministros de Medio Ambiente, de Fomento, de Agricultura y Pesca, del delegado de gobierno de Galicia, del director general de la Marina Mercante, del subdirector general de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, del capitán del puerto de La Coruña, del presidente del Comité de Expertos, Lora Tamayo, del Almirante Jefe de Zona Marítima del Cantábrico, del ex director de Marina Mercante, José Antonio Madiedo Acosta, del jefe de zona de Control Marítimo de Finisterra y del inspector-jefe de Máquinas de Capitanía Marítima de La Coruña.

Solicitó también la comparecencia del presidente de la Junta, Manuel Fraga, “quien teóricamente debería ser el máximo responsable –según Suárez-”. Otros que deben informar sobre el caso son el Consejero de Pesca, de Medio Ambiente, de Política Territorial, de Asuntos Sociales, el subdirector general de Protección Civil, director de Recursos Marítimos, el subdirector de Busca y Salvamento y Contaminación Marítima y el director del Centro de Control del Medio Marítimo.

Además, los ayuntamientos y los sectores perjudicados deben participar, como las cofradías de Lugo, de La Coruña, de Pontevedra y de la Costa de la Muerte, empresarios y sindicatos, según el legislador, para “que brinden una visión de la magnitud de la catástrofe”.

Por su parte, el Bloque se asesorará en el Comité de Evaluación, de oceanógrafos, zoólogos, expertos en Química, Física, Ecología, Recursos Marinos, Pesca, Contaminación, Geología, Medio Ambiente, Hidrocarburos, Impactos Económicos del Litoral, Fauna Marina, Acuicultura, Nutrición y Toxicología.

El legislador concluye que este cónclave es necesario “para que exista un plan riguroso para recuperar el ecosistema y que la gente recobre su medio de vida, que atienda a todos los afectados y asegure que nunca más ocurra una catástrofe de esta magnitud”.

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