A pesar de que la industria satelital está completamente abierta al capital extranjero, Satélites Mexicanos (Satmex) aún pelea en tribunales la posibilidad de que a sus competidores se les exija una contraprestación económica que equilibre las condiciones del mercado.

Área estratégica para las telecomunicaciones del país, fue alcanzada por la ola privatizadora en 1997. Sus antecedentes son el Sistema Morelos, puesto en operación bajo el régimen de Miguel de la Madrid. En ese año, bajo licitación internacional Satmex pagó al gobierno federal más de 600 millones de dólares por los activos y operación de tres satélites con sus respectivas concesiones orbitales. Desde ese momento, esta firma controlaba los nichos de servicios satelitales público y privado, pero a la entrada del nuevo milenio la situación cambiaría.

Satélites, asunto de seguridad nacional

En el 2001 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó cuatro concesiones más: Una de ellas le correspondió a Satmex bajo la razón social de Enlaces Satelitales. Otras fueron para Grupo Televisa (usos propios), mientras que GEA-mericon y PaNamSat-Pegaso podrían cubrir con su señal el territorio nacional con su infraestructura y posición orbital otorgada por el gobierno estadounidense.

Como reacción, esta empresa de telecomunicaciones interpuso un litigio con la SCT, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impugnando la inequidad en las contraprestaciones que debió pagar Satmex y que sus competidores extranjeros no cubrieron. Además, las tarifas que estaban ofreciendo se encontraban muy por debajo de las normas de competencia, gracias a que sus costos son significativamente menores.

Ante tal controversia, se solicitó que la UNAM nombrara a un perito para que emitiera una opinión sobre el caso, responsabilidad que recayó en el interventor Salvador Landeros Ayala, quien remitió su veredicto ante el juez 5° de Primer Circuito en Materia Administrativa, José Gabriel Clemente.

Consultados, legisladores y expertos auguran condiciones de desventaja absoluta y sin regulaciones y el control y manejo de la industria satelital nacional, lo que supone un alto riesgo para la soberanía del país, pues la transmisión de señales que involucran asuntos de seguridad nacional terminarán bajo la operación de satélites y empresas del vecino país del norte, a pesar de que el propio gobierno federal participa con el 25% del capital de Satmex.

Foto: David Cilia Salvador Landeros Ayala

Las condiciones tan benévolas, aseguran, bajo las cuales operan los jugadores con capital extranjero ponen en peligro la supervivencia de la industria nacional del ramo, que incluso maneja los servicios de transporte de señales de las principales instituciones de seguridad del país, pasando por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Policía Federal Preventiva.

De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, en sus artículos 29 y 30, que por primera vez regulan las concesiones para comunicación vía satélite, el Estado puede otorgar concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, así como licitar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en territorio nacional.

“La entrada en el mercado de nuevas empresas es sana, siempre y cuando no se dejen de lado los intereses económicos y jurídicos por los de seguridad, pues indiscutiblemente los satélites norteamericanos que operan en México y que podrían entrar al sector son manejados desde Estados Unidos”, afirma el doctor Salvador Landeros Ayala, quien fuera titular de Satmex años antes de su privatización.

Landeros Ayala, en la actualidad jefe de la División de Posgrado de Ingeniería de la UNAM, determina que sí es posible la vulnerabilidad de la seguridad nacional en el momento en que el gobierno cede más de los transponedores utilizables por privados. Tajante, advierte que es el único sector dentro de la industria que no puede ser requisado, por lo que es indiscutible que pueda ser quebrantada la intimidad y seguridad de organismos estratégicos del país.

“En una emergencia, el gobierno mexicano no puede tener el control, este seencuentra en Estados Unidos. Al instante no puede requisar las instalaciones. El centro de control no lo puede requisar. Por una necesidad que tuviéramos no se puede acceder, pero los extranjeros sí pueden bajar la señal, incluso lo pueden hacer en este momento”, acota.

Por su parte, el senador Héctor Osuna Jaime, miembro de la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones, revira: “No hay preocupación respecto de la seguridad de las transmisiones, aun cuando en estos satélites se transmitan señales de dependencias encargadas de la seguridad del país, porque existen métodos técnicos que permiten que las señales sean seguras.

No nada más las señales del gobierno, sino para cualquier cliente de estas empresas se le puede garantizar la privacidad en el servicio”.

La disyuntiva del sector
Los especialistas consultados coinciden en que la competencia debe ser bienvenida, siempre y cuando esté bien regulada, y agregan que en materia de tecnología siempre hay nuevas aplicaciones y nuevos usuarios con cada vez más posibilidades de usos, lo que augura un gran potencial para el mercado nacional.

“Creo que hay que proteger a la industria nacional. En Estados Unidos, las empresas que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa, la participación extranjera es limitada, si no es que nula, al igual que en cadenas de radio y televisión”, dijo por su parte Eddie James Varón Levy, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la debilidad financiera de Satmex, empresa controlada por la familia Autrey, ha servido como un buen pretexto para que los competidores extranjeros justifiquen su presencia, con el argumento de que la empresa mexicana ya no cuenta con la capacidad para atender por sí sola al mercado nacional. Por ello, afirman, los servicios satelitales aún registran una escasa penetración más allá de los servicios de televisión satelital directa al hogar (DTH).

El socio de Satmex, Loral Space, controla 49% de las acciones, la familia Autrey 26% y el gobierno federal el restante 25%, por lo que 51% del capital se encontraba hasta ese momento bajo la tenencia de inversionistas mexicanos, como lo dicta la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la par de la Ley de Inversión Extranjera.

Los problemas financieros de los Autrey provocaron que los bancos acreedores capitalizaran pasivos en otras de sus empresas, como la controladora de acciones de compañías de telecomunicaciones Principia, en donde se concentraban acciones de Optel Telecomunicaciones y, por supuesto, de Satmex.

Así, cuando la banca acreedora de los Autrey, encabezada por Banamex-Citibank, capitaliza deudas hasta por mil180 millones de pesos, un porcentaje de las acciones de Satmex pasa al control de la banca lidereada por capital extranjero.

Satmex controla tres satélites, maneja 230 empleados, tiene contratos anuales por más de 100 millones de dólares y reporta utilidades de alrededor de 86 millones de dólares. En este año se tiene programada la puesta en órbita del Satmex 6 para sustituir la destrucción del Solidaridad II, pues sin que llegara a cumplir su vida útil perdió su señal, lo que obligó a esta empresa a buscar ayuda en los satélites estadounidenses para reiniciar los servicios de comunicación de sus clientes.

Un alto exfuncionario de la paraestatal que manejaba estos satélites considera que la salida del Satmex II de su órbita fue resultado de una falla humana y de la falta de experiencia de los nuevos accionistas. Pero al final de cuentas Satmex logró el pago del seguro correspondiente, al comprobar que los problemas con el aparato fueron resultado de un accidente.

La familia Autrey, lidereada por los hermanos Sergio, Adolfo y Carlos, en asociación con los Ancira, se declararon en suspensión de pagos en Altos Hornos de México (AHMSA) y Grupo Acerero del Norte desde 1999, fecha en que sus deudas con bancos nacionales y extranjeros sumaban cerca de 2 mil 200 millones de dólares.

Entre las instituciones bancarias acreedoras de AHMSA se encuentran Banamex, Bancomer, Bital, Inverlat, así como las extranjeras Bank of America y el Eximbank. Desde que inició el proceso de suspensión de pagos, los Autrey-Ancira fueron asesorados por Diego Fernández de Cevallos. La suspensión de pagos de AHMSA podría prolongarse hasta 10 años sin que los Autrey-Ancira pierdan el control de esta siderúrgica.

Como podría suceder con el negocio de los satélites, en la industria siderúrgica la familia Autrey no logró sustentar el crecimiento cuando se enfrentaron a la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá.

Pero este no es el único problema financiero de los Autrey. En febrero del 2000, la familia Saba compró 80% de su cadena farmacéutica dedicada a la distribución al mayoreo de productos del ramo, Grupo Casa Autrey, con lo que se conformó Grupo Casa Saba, una negociación por 245 millones de dólares.

Osuna Jaime observa que Satmex está compitiendo cara a cara con otras empresas que ofrecen el servicio en un ámbito que se regula más allá de las fronteras. “No se puede discutir que es monopolio, mientras los acuerdos internacionales le permitan operar de esa manera”, sostiene.

“El gobierno está conforme de cómo se dio la licitación para la venta de Satélites Mexicanos. No vemos peligro con el porcentaje con que se quedó el gobierno, no se perdió algo sino que tenemos lo necesario para el servicio de los mexicanos, pero que exista como en toda concesión las limitaciones y la vigilancia del cumplimiento de los términos para en caso de violación el gobierno pueda intervenir”, comenta Osuna Jaime, legislador del blanquiazul.

En perspectiva, PanAmSat, presidida por Joseph Wright, ya cuenta con una redde 22 satélites en órbita, que lo hace uno de los más grandes proveedores, sino el que más, en servicio de video y difusión de datos. Prácticamente llega a 98% de la población del mundo vía televisión, radio, internet y otros servicios de telecomunicaciones.

En México, con la concesión que le dio el gobierno mexicano, ya cuenta con más de 12 clientes, entre ellos Televisa, TV Azteca, Sky, DirecTV, Multivisión, Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otros. La capacidad para México la desarrolla por medio de 11 satélites.

“Yo creo que aquí sí el gobierno mexicano debe de tener cuidado, aunque yo creo que es difícil que haya nuevas concesiones, pues la demanda interpuesta por Satmex y que si fueron correctas o no las concesiones, yo pienso que va mas allá de los argumentos legales y de soberanía”, plantea Landeros Ayala.

Expertos en el tema reconocen que el reto principal consiste en desarrollar un marco regulatorio que permita la libre competencia y que al mismo tiempo establezca igualdad de condiciones para todos los participantes con base en el tamaño de nuestro mercado de telecomunicaciones vía satélite.

Pero siempre viendo con grandes reservas al país del norte. “El concepto de peligro es cuando al interés extranjero lo vemos como un Caballo de Troya y eso no podemos dejarlo pasar los mexicanos. Porque Estados Unidos es el país que más tratados ha firmado y que menos ha reconocido”, concluye Eddie Varón Levy, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

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