En la carrera por la legitimación política, el presidente Vicente Fox intenta dar alcance a Andrés Manuel López Obrador impulsando una reforma constitucional que reconozca el referéndum y el plebiscito para la toma de decisiones de asuntos polémicos, no obstante la advertencia de especialistas en torno a que estas figuras abren la puerta a gobiernos “populistas” y “manipuladores”.

“Son una ficción democrática”, resume el doctor Diego Valadés al advertir que la experiencia internacional ha demostrado mayoritariamente que estos instrumentos jurídicos de democracia directa sólo sirven para instaurar o consolidar regímenes autoritarios.

“Desde el punto de vista del discurso político suenan muy bonitos y tienen un gran ropaje democrático, por lo que unos los patrocinan sabiendo los aspectos negativos que pueden traer y otros lo hacen, quiero pensar, por ingenuidad”, dice el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Su colega, el doctor Miguel Carbonell también prevé este riesgo, aunque reconoce que el referéndum y el plebiscito pueden tener alguna utilidad en el sistema democrático —como en el debate público y en el fomento a la educación cívica—, siempre y cuando estén bien acotados para evitar malos manejos.

“Sobre todo que no se deje a la discrecionalidad del gobernante su organización y la formulación, porque estos mecanismos privilegian a los políticos demagogos. No hay que olvidar que quien es más populista a veces gana más referendums”, asegura el investigador.

Desde sus respectivas campañas electorales, Fox y López Obrador se subieron al carro de la democracia directa con la promesa de “mandar obedeciendo”, y para conquistar el triunfo aprovecharon el descontento ciudadano causado por décadas de abandono e indiferencia gubernamental.

Como candidato y como mandatario —en su toma de posesión, en entrevistas a medios internacionales como El País y en actos oficiales—, Fox ha insistido en su deseo de integrar estas figuras a la Constitución General de la República.

“La democracia futura no habrá de agotarse en el acto de sufragar. Tienen que ampliarse las formas en que los ciudadanos puedan ejercer el poder y al mismo tiempo dotar a las decisiones fundamentales de amplia legitimidad.

Estamos en el tiempo de la democracia participativa, de formas de democracia directa como el referéndum y el plebiscito para que el cuerpo electoral sea consultado obligatoriamente sobre leyes y decisiones fundamentales”, resumió el presidente Vicente Fox en febrero del 2001 durante el LXXXIV aniversario de la Constitución de 1917.

Mientras en dos años de mandato López Obrador ha convocado a cuatro consultas en temas de interés ciudadano (respecto del horario de verano, del precio del boleto del Metro, de la construcción del segundo piso de Viaducto y Periférico y, en diciembre pasado, de la ratificación de su mandato por parte de los capitalinos), Fox no ha logrado que el Congreso apruebe ninguna de las reformas sobre plebiscito, referéndum e iniciativa popular planteadas por el PAN en agosto del 2000 y en abril pasado.

Pese a las críticas por el alto costo que han representado este tipo de consultas en el Distrito Federal y la baja participación ciudadana que han registrado —para el plebiscito sobre los segundos pisos se gastaron 48 millones de pesos y apenas votó 6.6% del padrón electoral—, el periódico Dallas Morning señaló en agosto pasado que en las encuestas de opinión en la ciudad de México López Obrador supera a Fox con “niveles de popularidad de alrededor de 70%”.

“Tradicionalmente —advierte Diego Valadés— los más interesados en estos sistemas han sido los regímenes autoritarios. Basta recordar a Hussein con el plebiscito del año pasado en el que ratificó su mandato con 100% de los votos o el realizado por el presidente egipcio Gamal Nasser, en 1967, que obtuvo 99.9% de aprobación”.

“Para los gobernantes —continúa— no hay mejor estrategia de legitimación que un plebiscito. López Obrador, por ejemplo, sabía de antemano que iba a ganar su consulta de diciembre pasado, de lo contrario no habría preguntado”.

El 6 de diciembre, un día antes de su plebiscito, López Obrador presentó al Congreso local una iniciativa para legislar la revocación de mandato contra el titular del gobierno capitalino y los jefes de las 16 delegaciones políticas.

En la ciudad de México la propuesta de inmediato desató críticas de los panistas, que consideraban que la misma llevaba dedicatoria para los delegados que han mantenido un enfrentamiento constante con el gobierno del Distrito Federal. La revocación de mandato es la única herramienta de democracia directa que falta de incluir en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, aprobada en 1998.

Prisa por legislar
Urgidos de tiempo ante el relevo legislativo de septiembre próximo, los diputados abrirán en febrero entrante un periodo extraordinario de sesiones para sacar a flote la iniciativa consensada ya por las comisiones de Participación Ciudadana y la de Puntos Constitucionales, la cual opta por incluir el referéndum en la Constitución.

El cabildeo realizado entre noviembre y diciembre por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el panista Miguel Gutiérrez Hernández, consiguió al menos un acuerdo pactado dentro de las negociaciones de la Reforma de Estado realizadas en la Secretaría de Gobernación.

La discusión polarizó las posiciones de los diferentes partidos pero al final el PRI sólo cedió la inclusión del referéndum y pospuso, para mejor ocasión, el debate sobre plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato.

Sin embargo, la histórica oposición del PRI al reconocimiento de los mecanismos de democracia directa podría echar abajo la iniciativa, pues el mismo Gutiérrez Hernández teme que gane el desacuerdo mayoritario que priva entre los diputados priistas sobre el consenso alcanzado en Bucareli, independientemente de que sus representantes en la mesa de negociación lo hayan avalado.

En entrevista, Gutiérrez Hernández comenta que inclusive el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Salvador Rocha, delegó a la comisión a su cargo la responsabilidad de elaborar la iniciativa, dada la resistencia del priista a elevar el referéndum a rango constitucional.

Ésta contempla la reforma a los artículos 35, 41, 71, 73, 74 y 135 constitucionales y establece que el referéndum podrá aplicarse en reformas a las garantías constitucionales, modificación de la forma de gobierno, asuntos relativos al territorio nacional, símbolos patrios, modificación del procedimiento de reforma a la Constitución. Asimismo, excluye la política tributaria, asuntos penales, indultos y salud pública.

La iniciativa registra el gran temor de que el presidente de la república maneje autoritariamente estos instrumentos y por lo mismo no lo incluye en la lista de los actores políticos facultados para su convocatoria. De aprobarse, sólo el Congreso de la Unión —si así lo pidiera la mitad de sus integrantes— y la ciudadanía (con al menos 2% del padrón electoral) podrían solicitarlos. El organizador y calificador de este tipo de consultas sería el propio Instituto Federal Electoral.

Para que los resultados del referéndum sean obligatorios o vinculatorios deberá participar 60% del padrón electoral y el ganador habrá de contar a su vez con 60% de los votos emitidos. En este punto es donde se concentran las diferencias entre las fracciones, por lo que el panista Gutiérrez Hernández adelanta que este porcentaje podría reducirse a 51% en caso de representar un obstáculo en la discusión.

Esta propuesta se suma a las nueve pendientes que PAN, PRD, PT y Convergencia para la Democracia presentaron en los últimos dos años para legislar la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación de mandato.

“Estas iniciativas deben hacerse de forma gradual”, enfría el perredista Luis Herrera, también miembro de la Comisión de Participación Ciudadana. “Deben verse como un ejercicio de educación cívica para evitar apasionamientos en los juicios de la población. Necesitamos un nivel parecido de politización ciudadana en todos los estados para lograr votos razonados, aunque rechazamos el argumento de que el pueblo no tiene la edad mental para participar en este tipo de ejercicios”.

Pero más que inexperiencia ciudadana lo que priva entre los actores políticos involucrados es la desconfianza en una reforma que lleve dedicatoria. Entre ellos se encuentra el senador priista Manuel Bartlett:

“Nosotros no estamos en contra de la democracia directa, ya que es útil para renovar posiciones con base en las demandas populares. Lo que no es correcto es que estas herramientas se legislen en función del foxismo —que es un gobierno impredecible o en algunos casos demasiado predecible—, sino en función del futuro del país”, exige.

Vicente Fox, urgido de simpatías

El diputado panista responde:
“Sabemos que el PRI teme que estas figuras jurídicas beneficien a Fox, pero si estamos apostando a una verdadera transformación social e innovación política no debemos pensar que las malas experiencias que ha tenido el mundo con estos mecanismos necesariamente se presentarán en nuestro país”.

Aunque no hace referencia directa al gobierno de López Obrador, el perredista Herrera considera que para evitar que estos instrumentos sean utilizados “de manera irresponsable y de consecuencias lamentables”, se deben incluir candados en la ley.

Por ejemplo, establecer un porcentaje de participación ciudadana de al menos la mitad del padrón electoral para que los resultados sean válidos y sancionar administrativamente a los funcionarios que abusen de este tipo de herramientas.

Bartlett considera por su parte que el cambio a un sistema semidirecto (democracia directa combinada con democracia representativa) sería muy positivo, siempre y cuando no atente contra la división de poderes, en particular suplantando al Congreso en decisiones polémicas.

“El que está en contra de la democracia es Fox porque todavía presiona al Congreso de la Unión y a los gobernadores —acusa—. Si se establecen mecanismos para que el Ejecutivo elimine al Poder Legislativo a través de plebiscitos o referéndum es negativo, entonces para qué lo tenemos. Deben ser instrumentos muy cuidados para que no se acabe con un poder”.

En la misma frecuencia, el jurista Miguel Carbonell no duda de la efectividad de la democracia directa sino de que sus instrumentos surjan en las actuales condiciones políticas del país. “Inequívocamente la ciudadanía sí está preparada para las consultas populares, pero no creo que los gobernantes lo estén y tampoco los medios de comunicación”, señala.

“Estos mecanismos enriquecerían el debate público de temas relevantes para el país, que ha sido indebidamente secuestrado por los partidos políticos”, añade.

Pero advierte que la democracia semidirecta no resuelve la crisis de representatividad de los partidos políticos ni el malestar de la ciudadanía hacia ellos y que tanto el plebiscito como el referéndum “sólo deben usarse de manera coyuntural y excepcional para resolver dudas sobre decisiones políticas o jurídicas importantes”.

Por el contrario, el panista Gutiérrez Hernández asegura que estas herramientas vienen a solucionar no sólo la crisis de representatividad de los partidos sino también la del Poder Legislativo:

“La sociedad no considera que sus intereses se discuten con responsabilidad por sus representantes en la Cámara de Diputados y distingue que no todos los partidos están haciendo el esfuerzo de acercarse a ellos para identificar cuáles son sus verdaderos problemas”.

Inercias autoritarias
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadés, no tiene duda de que estos mecanismos “son una estrategia de demolición del sistema representativo” y afirma que cuando se aplican estas técnicas se socava la autonomía del Poder Legislativo y en los hechos se convierte en un régimen autoritario.

“Las consecuencias del plebiscito de López Obrador para ratificar su mandato —ejemplifica— las va a pagar la Asamblea Legislativa, a la que el jefe de gobierno le va a mandar una serie de iniciativas que por el respaldo popular obtenido en la consulta el órgano legislativo se va a ver presionado para aprobarlas”.

Después de varios años dedicado a estudiar los efectos de estas herramientas a nivel mundial, Diego Valadés concluye que la realidad política demuestra que se debe optar por un solo sistema, ya que combinar la democracia directa y la representativa atenta contra el equilibrio de poderes.

Cita el caso de Suiza, donde únicamente funciona la democracia directa desde principios del siglo pasado, por lo que no cuenta con Poder Legislativo.
“Suiza decide todas sus políticas a través de la democracia directa porque ahí sí se respetan los derechos de las minorías, pero en países como México en los que estos derechos no son tomados en cuenta se corre el riesgo de que opere el argumento democrático para pasar por encima de sus derechos”, expone.

También menciona la democracia de Estados Unidos, considerada casi perfecta y en la que sólo se aplica el referéndum y el plebiscito en algunos estados, pero ni remotamente los legisladores aceptarían incluirlas en la constitución federal “porque están conscientes de que limitarían su función”.
En el caso de México Valadés alerta sobre el riesgo de que estas herramientas pongan nuevamente en duda la limpieza del sistema electoral:

“Lo único en lo que hemos avanzado en materia democrática es en el ámbito electoral y si ahora tenemos elecciones manipulables como el referéndum y el plebiscito abriríamos la puerta a suspicacias sobre el fraude.

No hay que olvidar que nuestras instituciones todavía tienen inercias autoritarias y que lo único que a los ciudadanos nos da un respiro es la certeza de que nuestro voto es respetado”, concluye.

info@contralinea.com.mx