La agresión del anticastrismo radicado en Estados Unidos contra Cuba originó una contraofensiva de inteligencia del régimen de la isla que tuvo su más reciente fruto en la sentencia de una corte de Miami contra cinco agentes del Estado cubano tras un juicio irregular y el silencio de la gran prensa.

El 12 de septiembre de 1998 el Departamento de Justicia asestó el mayor golpe a la inteligencia cubana infiltrada en Estados Unidos al acusar a 14 miembros de la Red Avispa de “conspirar para recopilar y entregar información de defensa a un gobierno extranjero y por no haberse registrado como agentes en Estados Unidos”.

Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación (FBI) conocía el trabajo que ellos realizaban desde 1995 y se benefició de la información que le brindaron luego de su infiltración en los grupos anticastristas de La Florida.

Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino tenían la misión de actuar como un sistema de alerta temprana para monitorear y vigilar a las organizaciones anticastristas, introduciéndose incluso a la organización Hermanos al Rescate (HAR).

A raíz de su arresto, los agentes fueron confinados en celdas de castigo sin acceso a defensores y familiares y sólo salieron para enfrentar su juicio, pues confiaron en el sistema judicial estadounidense, que finalmente los condenó, sin pruebas, a algunos a cadena perpetua y a otros a prisión de entre tres y siete años.

La más importante organización anticastrista en Estados Unidos

Roberto González, abogado defensor y hermano de René, uno de los agentes sentenciados, declaró durante su reciente visita a México: “no espiaron, hicieron labor de infiltración, de monitoreo. El espionaje tiene una connotación de seguridad nacional en Estados Unidos”.

Explica que la información que adquieron los agentes “se consigue a través de Internet o en los periódicos. Nunca se espió para violar la seguridad nacional. Espiar es buscar información protegida por el gobierno y obtenerla por fuentes no publicables”.

Admite que sí hay una infracción de la ley estadounidense por no registrarse ante el Departamento de Justicia como agente de un país extranjero. El delito no es ser agente, sino no registrarse, pero en todo caso lo que procedía era la expulsión diplomática, no una pena judicial.

Hoy se sabe que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) posee copias de las trasmisiones interceptadas de alta frecuencia dirigidas a La Habana y que demostrarían que la información enviada a Cuba buscaba prevenir las acciones del exilio. La defensa de los agentes solicitó a la Corte Federal de Miami que se revele esa información. De no hacerlo, se apelará a la Suprema Corte de Estados Unidos.

¿Juicio justo?
Algunos juristas e intelectuales perciben el proceso como un montaje, con sentencia dictada de antemano contra un Estado, no contra los acusados.

William Blum, autor de Estado Villano: Guía para la única superpotencia del mundo”, citado por The Washington Post (27 de febrero de 1996), destaca que la Asociación de Abogados de la Defensa de Florida otorgó a la defensoría de los agentes el premio Contra todas las Probabilidades.

Según Blum, defender “a los cubanos que están a favor de Castro en Miami en un caso criminal plagado de alusiones políticas y con el gobierno estadounidense plenamente decidido a joder a un puñado de rojillos es como llevar a cabo una guerra terrestre contra Rusia en temporada de invierno”.

Y es que el proceso contra los cinco agentes violentó varias normas jurídicas, entre ellas la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todo acusado tiene derecho a un juicio justo e imparcial.

Además, la juez Joan A. Lenard rechazó la moción para cambiar la sede del juicio, dada la hostilidad generada por una campaña contra los acusados causada por ella misma con la entrega a grupos anticastristas de mil 400 páginas del proceso. Su declaración al The New Herald de que: “este juicio será más interesante que cualquier programa de televisión” caldeó el ambiente.

Otro agravante fue que la fiscalía sostuvo reuniones públicas y visitas con los grupos ultraderechistas de Miami desde el arresto de los agentes y ninguno de los exiliados que declararon en el juicio sobre actos terroristas o los grupos a los que éstos pertenecen fueron procesados.

En junio del 2001 los cinco agente fueron declarados culpables y en diciembre recibieron sentencia. Durante seis meses se les intentó incriminar sin pruebas. Según el sumario del juicio, la fiscalía argumentó que buscaron “atacar nuestro sistema de seguridad nacional y nuestro proceso democrático”. Sin embargo, como demostraron la defensa y los testigos de la propia fiscalía, la seguridad nacional estadounidense nunca peligró por la misión de los agentes.

Gerardo Hernández Nordelo fue acusado de transmitir el itinerario de los pilotos de las avionetas de HAR para que la Fuerza Aérea Cubana los interceptara. Fue el enlace entre la inteligencia cubana en la isla y agentes infiltrados en organizaciones anticastristas, recibió y transmitió mensajes advirtiendo al piloto René González —infiltrado en HAR— que no volara entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Por otra parte, hubo un intercambio de al menos 27 notas entre el gobierno cubano y el estadounidense en ese caso para evitar el sobrevuelo de la isla.

Al cargo de “violación” de la seguridad nacional estadounidense” que se le imputó a Gerardo se respondió con el testimonio de militares del Comando Sur, como el general Charles Wilhelm, excomandante en jefe del mismo; Edward Atkeson, exvicejefe del Estado Mayor del Ejército para la Inteligencia; Eugene Carrol, exvicejefe de Operaciones Navales; George Bukner, del Comando del Sistema para la Defensa Aérea, y James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y experto de la fiscalía.

El Pentágono apuntó: “No existen indicios de que hayan tenido acceso a información clasificada o a áreas sensibles”. Todos admitieron que los acusados no cometieron espionaje militar contra Estados Unidos, pero aun así se les declaró culpables de todos los cargos.

Otras anomalías del proceso fueron: amenazas contra el jurado —filmar las placas de sus autos—, desconocimiento de las pruebas de la defensa, violación al derecho de los acusados a un juicio justo y que el veredicto se dio sólo cuatro días después de iniciadas las deliberaciones finales. Pese a que el caso era complejo y ninguno de los jurados era versado en temas de inteligencia, pronunciaron su voz de condena después de 96 horas de deliberaciones.

René González es otro ejemplo del proceso irregular. Durante su misión auxilió a la FBI para desarticular a una banda de narcotraficantes, uno de ellos, ya en prisión, del Partido Unido Nacional Democrático, que bajo la fachada de luchar contra Castro trafica drogas. Según su defensor, Roberto González, “si los federales se le acercan a mi hermano para pedirle información de esos grupos es porque saben que hay algo ahí. ¡y no hacen nada!”.

González comenta que a los agentes se les negó el beneficio del mal menor, pilar del derecho estadounidense y que postula el beneficio de la ley si se afecta algo para salvar un bien superior.

“Ningún juez en Estados Unidos ignora este criterio. Si un estadounidense se infiltra en Al Qaeda sin registrarse ante nadie e informa a la FBI que un grupo terrorista va a actuar contra Estados Unidos en breve, no me imagino que a ese hombre lo encuentren culpable, sino que lo premien. Al negarles ese beneficio e imponerles las mayores penas que tuvo a la mano, la jueza Lenard se manifestó políticamente”, señala el abogado.

Se comprobó también que las autoridades estadounidenses admiten que algunas de las organizaciones anticastristas realizan actos terroristas y aun así son protegidas. Una sanción adicional dictada contra los agentes René González y Antonio Guerrero les prohíbe “asociarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia”.

Otra ironía del caso es que el origen de la investigación de la FBI fue una reunión de cooperación entre autoridades de los dos gobiernos. Luego de la sentencia los agentes fueron trasladados a cinco prisiones diseminadas por todo el país —Pennsylvania, California, Texas, Wisconsin y Colorado—, lo que dificulta a su defensa visitarlos más de una vez.

En un intento por revertir las sentencias consideradas injustas, el pasado 12 de noviembre Leonard Weinglass, defensor de Antonio Guerrero, presentó una moción para reabrir el proceso en Atlanta. Paul McKenna, abogado de Gerardo González, se sumó a la moción, con base en la obtención de nuevas evidencias. Otro elemento a su favor es una reciente resolución de la corte de Miami que permitió —en el caso de un indocumentado mexicano que acusó de discriminación racial al Departamento de Justicia estadounidense— que el juicio se lleve a cabo en otro tribunal.

¿Quiénes son?
Los cinco cubanos, dos nacidos en Estados Unidos —Tony Guerrero, en Miami, y René González, en Chicago— residían en Miami con identidades falsas y recibían y trasmitían información en clave.

Gerardo Hernández Nordelo nació en La Habana en 1965. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (1989), es veterano de Angola y caricaturista. Enfrenta dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión por conspiración, conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer espionaje y como agente de Estado extranjero sin notificarse e identidad falsa.

Fernando González Llort nació en La Habana en 1963. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, graduado con Diploma de Oro (1987). Sentenciado sin pruebas a 19 años de prisiòn por conspiración y como agente de Estado extranjero sin notificarse e identidad falsa.

Ramón Labañino Salazar nació en 1963 en La Habana., en 1986. Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, con Diploma de Oro (1986), tiene tres hijas de 14, 9 y 5 años. Sentenciado sin pruebas a cadena perpetua más 18 años de reclusión por conspiración, conspiración para cometer espionaje e identidad falsa.

René González Sehwerert nació en Chicago, Estados Unidos, en 1956. Es piloto e instructor de vuelo. Tiene dos hijas, su esposa Olga Salanueva fue detenida el 16 de agosto del 2000, separada de su hija de dos años, amenazada con perder su custodia y deportada a Cuba cuatro meses después tras revocársele la visa. González Sehwerert fue sentenciado sin pruebas a 15 años de prisión por conspiración y por no registrarse como agente de Estado extranjero.

Antonio Guerrero Rodríguez nació en 1958 en Miami, Estados Unidos. Ingeniero en Construcción de Aeródromos en la Universidad Técnica de Kiev, de la antigua Unión Soviética, también es poeta y padre de dos hijos. Sentenciado sin pruebas a cadena perpetua más 10 años de prisión por conspiración, conspiración para cometer espionaje y como agente de Estado extranjero sin notificarse.

La operación en territorio estadounidense de grupos de clara vocación terrorista que originan respuestas como la de la Red Avispa, cuyos agentes intentan evitar ataques en su propio país, y la omisión de este caso o de sus antecedentes por parte de la gran prensa alertan a la comunidad internacional contra esta otra modalidad del terror.

Terror de Estado
De acuerdo con la versión isleña, el terrorismo ha sido instrumento constante de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 40 años. En ese tiempo casi 3 mil 500 cubanos han muerto por causa de ataques que mutilaron a 2 mil 100 más. Hay que mencionar aquí que grupos asentados en Estados Unidos destruyeron en pleno vuelo un avión y a todos sus pasajeros el 6 de octubre de 1976.

Hubo agresión biológica: pulgas, garrapatas, mosquitos, sarna, lepra, el dengue hemorrágico —inexistente en Cuba— alcanzó la cifra sin precedente en el mundo de 344 mil 203 personas afectadas. Un solo día , el 6 de julio de 1981, se reportaron 11 mil 400 nuevos enfermos.

Es larga la historia de aviones que parten de La Florida hacia Cuba para colocar bombas, invadir, asesinar, subvertir, enviar armas, sabotear industrias o el agro. Los atentados contra Fidel Castro y figuras del gobierno son públicos y se remontan al sabotaje del buque francés La Coubre el 4 de marzo de 1960.

Entre los años 1990 y 2000 se produjeron 108 acciones terroristas contra Cuba, tanto dentro de su territorio como en sus sedes diplomáticas en el exterior. Simultáneamente, las distintas administraciones estadounidenses han impulsado la estrategia de la emigración ilegal cubana hacia su territorio, contraria a la que exige a ciudadanos de otros países.

Como resultado de esas actividades terroristas contra Cuba a lo largo de cuatro décadas el pueblo de la isla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos, de la cual aún no hay respuesta.

Fondos oscuros
En sólo seis años el gobierno estadounidense aportó más de 15 millones de dólares a grupos opositores a Castro. Documentos oficiales revelan que la mayoría de esos fondos se destinaron a grupos cubano-americanos y no a organizaciones civiles en Cuba.

Además del bloqueo, otro instrumento de la política estadounidense hacia Cuba son los programas destinados a apoyar a grupos de la sociedad civil opositores en la isla. La administración Bush solicitó 5 millones de dólares este año y seis más para el 2003 para dar “asistencia directa al pueblo cubano mediante organizaciones no gubernamentales”.

La efectividad de tales iniciativas es puesta en duda por la firma de contabilidad Price Waterhouse Coopers, que concluyó en un informe: “El propósito del programa está sujeto a percepciones divergentes. Algunos argumentan que debería promover un cambio gradual y pacífico en Cuba, otros sostienen que debería seguir una estrategia intensiva de relaciones públicas y actividades en el extranjero y en Cuba para obligar a que el gobierno isleño cambie sus políticas represivas”.

El análisis de Price Waterhouse, solicitado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), documentó que gran parte de estos fondos quedó en Estados Unidos y benefició a grupos con sede en Miami que desarrollaban vagos esfuerzos para apoyar a activistas anticastristas.

Tales sumas se distribuyen vía la USAID o el Fondo Nacional para la Democracia (NED), cuyo principal financiamiento proviene del gobierno. El donativo más grande se otorgó al Centro por una Cuba Libre (Center for a Free Cuba), que dirige Frank Calzon, promotor del embargo y crítico del sector agrario estadounidense, que pugna por suavizar el embargo. Este hombre, operador político bien conectado en Washington, recibió 2.7 millones de dólares para distribuir en Cuba copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la novela Rebelión en la granja, de George Orwell.

El propósito principal del programa general de asistencia estadounidense a los cubanos, según funcionarios de la Casa Blanca, no es distribuir libros en Cuba. La USAID afirma que su mira es “ayudar a construir la solidaridad con los activistas de derechos humanos de Cuba, dar voz a los periodistas independientes de la isla, apoyar en su desarrollo a ONG´s independientes, defender los derechos de los trabajadores, ofrecer contacto directo con el pueblo y apuntalar la formulación de planes aistenciales para un gobierno de transición futuro”.

El rubro más amplio del nuevo enfoque de ese programa es la “planificación para la transición política”, con sede en la Universidad de Miami. Aunque no es explícita, la planificación se plantea después de que Castro muera. De hecho, ya se han otorgado más de 100 mil dólares a la fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para desarrollar un manual de 166 páginas con instrucciones para realizar elecciones libres en la isla.
(Rita Magaña Torrez)

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