Las hemerotecas breves y efímeras que hay en las peluquerías están en peligro de extinción. También los sillones de lectura en los cuales se prolonga el tiempo necesario para reciclar revistas que resisten el paso del tiempo y permiten guardar memoria de historias, reportajes y críticas que se resisten al olvido, y todo porque el maestro peluquero es el consumidor tenaz de revistas que, sin su compra, hubieran pasado a mejor vida con el consiguiente perjuicio a la conciencia nacional: que en la peluquería suelen arreglar la cabeza por fuera y por dentro.

En el campo de los poderes públicos hay creyentes fervorosos del impuesto al valor agregado: su agilidad, reiteración, constancia, facilidad de localización y determinación permiten considerarlo como un lector de equilibrio fiscal y de distribución social de la riqueza. Pero estos entusiasmos académicos y políticos radican también en el hecho de que el tributo se establece con transparencia democrática en sociedades que han organizado de acuerdo con su realidad las bases tributarias; es decir, aquellos que participan de los actos de circulación de la riqueza y logran una recaudación paritaria.

En colectividades con desequilibrio fiscal en las que el causante identificado es acosado infatigablemente, permite la producción de males muy graves: los grandes capitales financieros e industriales viven apaciblemente o el mercado clandestino, a la vista de todos, enriquece a comerciantes y autoridades: cada esquina es un moll que explotan corporaciones mayores sin causar impuestos porque no están incluidos en la base fiscal.

El impuesto al valor agregado, como todo mundo lo sabe y lo padece, es simplemente un gravamen al consumo --lo que equivale decir al trabajo que agrega valor a la materia prima que se transforma en bien o servicio adquirible o consumible--. Por esta razón, simple en apariencia, se convierte en un hecho que irrumpe en el mercado; por lo demás crea un problema grave que complica las cosas: el particular asume la función pública de retener la tributación causado por el valor añadido: ¡Menuda faena administrativa y contable!

En la administración pública hace tiempo que se abandonaron los principios políticos y fiscales de la buena tributación. De aquí la pobreza permanente del tesoro público. No hay prudencia. Tampoco se atiende la doctrina constitucional para organizar las obligaciones de los mexicanos. Sólo se tiene en mente una función: obtener a toda costa --casi irracionalmente-- ingresos públicos: recauda bien sin mirar a quién. Por ello se obtiene el efecto contrario: se recauda mal por no ver bien.

Los legisladores, siempre incomprendidos e incomprensibles, hacen el juego y prefieren legislar rápido antes que bien. De aquí que la medida apresurada de gravar el consumo de las publicaciones revisteriles, se haya tomado solamente en consideración de las necesidades económicas y financieras de un gobierno que no atina a organizar los factores de producción de bienes y servicios y crean un efecto político desmesurado: vulneran la libertad de expresión.

Esta afectación es evidente. Como se sabe, el periodismo está en el mercado. En consecuencia, la libertad de expresión también. Es cierto que como empresa de comunicación participa de las leyes de la oferta y la demanda, su habilidad mercantil es una cualidad que le permite tener mejores resultados; desde luego, no deja de ser un causante fiscal porque, al fin y al cabo, se grava su ingreso.

Pero, ante las empresas productoras de bienes y servicios esencialmente distinto a las ideas o a los productos del pensamiento y la conciencia --quizá también valga decir la imaginación y la creación literaria-- las personas que se dedican a la publicación de medios impresos, salvo en contados casos cuyos orígenes de capital son siempre sospechosos, viven en condiciones tales en que la carga impositiva se convierte en realidad en un incremento al precio que alejará a los lectores con los riesgos consiguientes a las economías que con dificultades logran, incluso en las publicaciones de mayor tiraje, cumplir con el compromiso profesional de aparecer pública y sistemáticamente.

El Ejecutivo y el Legislativo cuando decidieron imponer la tasa derivada del valor agregado asumieron ante la sociedad que conocen la estructura, distribución y funcionamiento de la prensa, tanto en la capital como en la provincia: costos, tiraje, circulación, precio.

Pero sobre todo hacen suya la responsabilidad política e histórica de que conocen bien a bien la relación de la libertad de expresión con el libre mercado. Entonces, cada publicación que cierre, cada periodista que deje de escribir y cada trabajador que pierda su empleo será una víctima que debe anotarse la insensibilidad y la incompetencia de los órganos administrativos y legislativos del Estado mexicano. Cada lector que se pierda significa el sacrificio de una porción mayor de la conciencia nacional.

Lector: por si no te vuelvo a ver o los peluqueros están de luto

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