En estos casi
dos años, el cambio en la relación entre el Estado y
los medios y el proceso de fortalecimiento de las libertades de expresión
e información se ha dado no gracias al gobierno del presidente
Vicente Fox, sino a pesar de ese gobierno alternativo que generó
muchas expectativas que, una a una, han ido cayendo bajo el rubro
del pragmatismo y el cortoplacismo del presidente de la República.
Desde
hace tiempo y hoy en día la agenda de la reforma legal en
la materia sigue prácticamente vigente. El tema ha sido agenda
académica en México y en los Estados Unidos. Por ejemplo,
el estudio elaborado por Sallie Hughes de la Universidad de California
en San Diego titulado "Government, Political Parties And The
Mexican News Media: Tentative Findings About A Crucial Relationship".
Este reporte tuvo como técnica metodológica el uso
de grupos de enfoque con un conjunto de comunicadores institucionales
vinculados al gobierno y a los partidos políticos, quienes
compartieron con la autora sus experiencias e impresiones sobre
el estado de la cuestión en México. Para Hughes, la
agenda del cambio democrático debía incluir:
a) Transparentar el proceso de asignación
de concesiones para radio y televisión;
b) Establecer criterios para el otorgamiento de pautas publicitarias;
c) Eliminar la práctica del intercambio de dinero público
a cambio de una positiva cobertura informativa;
d) Establecer una ley de acceso a la información en el ámbito
federal y en el estatal; y
e) Transformar los delitos contra el honor previstos en el Código
Penal y en la Ley de Imprenta que son sancionados con penas privativas
de la libertad en ilícitos de naturaleza civil.
Y proponía también no legislar un código de
ética para los periodistas (idea efectivamente absurda, pues
la ética periodística es una potestad que sólo
debe ser decidida por la propia comunidad informativa) pero sí
invertir en programas educativos para los comunicadores.
El sentido de las conclusiones de la investigadora no es ajeno a
nuestra realidad, ni desconocidas para los investigadores mexicanos
del derecho de la información. Lo interesante del caso es
la construcción de los consensos con una trascedencia internacional.
Hasta hace poco tiempo estas propuestas eran compartidas sólo
por determinados sectores académicos de México y de
algunos partidos de oposición, que sufrían las iniquidades
e injusticias plasmadas en el régimen jurídico de
la información vigente. Se pensó que con el triunfo
de Vicente Fox las cosas iban a cambiar y que las propuestas tradicionales
de reforma democrática (muchas de ellas, no todas) que había
venido enarbolando el PAN se convertirían en norma jurídica
y en norma eficaz.
No ha sido propiamente así. Hoy tenemos una Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubermental,
gracias al esfuerzo de académicos, periodistas, editores
y activistas sociales que pusieron entre la espada y la pared al
gobierno foxista. Y fue derrotado en las negociaciones en sus aspectos
centrales. En otros estados, como Sinaloa, las cosas fueron más
lejos y pudo articularse una ley de acceso a la información
pública más moderna y democrática. En los demás
casos, el gobierno federal ha cosechado más problemas que
éxitos concretos.
Formada en marzo del 2001, la mesa de diálogo sobre la legislación
de los medios electrónicos en la Secretaría de Gobernación,
murió hace tan sólo unas semanas por la decisión
de Fox de expedir un nuevo acuerdo que modifica el autoritario impuesto
en especie del 12.5 por ciento en tiempo aire para los medios electrónicos
y en un nuevo reglamento sobre la Ley de Radio y Televisión
que generó una sensación de agravio y desconfianza
mayúscula en los distintos grupos que por más de año
y medio creyeron que las cosas habrían de ser distintas.
No lo son. Por esa razón hay que insistir en la reforma democrática,
ampliando la socialización de conocimiento y la formación
de masa crítica sobre el tema a través de universidades,
organizaciones y fundaciones. La Universidad Iberoamericana, la
fundación Konrad Adenauer y la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
han puesto el acento en este quehacer fundamental para construir
ciudadanía.
Por otro lado, hay que organizar a los sujetos universales de la
información (personas, periodistas y medios) para articular
esfuerzos legislativos exitosos. Libertad de Información-México
AC (LIMAC) tiene ese propósito y es la única organización
no gubernamental enfocada en los temas de monitoreo, promoción
y creación de proyectos legislativos relacionados con la
libertad de información que existe en México. Tiene
la encomienda de ser una organización paraguas de alcance
nacional. Ya se han constituido los primeros capítulos estatales.
Si bien es verdad que hay otras organizaciones que tocan alguno
o algunos de esos temas, no tienen todas esas áreas como
el eje de su actuación. Hay que insistir en una cuestión
básica: lo que no hagan los ciudadanos organizados, jamás
nadie lo va a llevar a cabo por ellos. La agenda sigue, pues, prácticamente
intacta en esa ruta que habíamos creído que estaría
más cerca, pero que ahora podemos documentar que el poder
es el mismo independientemente del color del partido con el que
se cobije.
