Francisco Barrio Terrazas,
secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Antonio
Ruiz García, y Xavier Ponce de León Andrade, subsecretario
y oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, respectivamente,
rehúsan hablar sobre la acusación que pesa en su contra
por desvío de recursos federales de 11 millones 298 mil 492
pesos (Contralínea 7), mientras nuevas imputaciones apuntan
al secretario Usabiaga Arroyo de ser presunto cómplice en irregularidades
de este tipo en el pasado.
Foto: Fernando Luna
La
Cámara de Diputados no puede forzar al Presidente de la República
para que destituya a los secretarios de Estado, aunque, caigan en
actos de corrupción, por la mala relación que existe
entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, sentenció Cuauhtémoc
Montero, integrante de la Comisión de la Reforma Agraria
del recinto de San Lázaro al ser interrogado sobre el presunto
desvío de fondos en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y en el que esta involucrado su titular Javier Usabiaga
Arroyo.
El Legislativo no tiene esa facultad, dice el diputado perredista,
es la opinión pública la única que podría
hacer algo. Nosotros podemos negarle el acceso, inclusive al recinto;
podemos no tomarlo como el interlocutor del ejecutivo federal; podemos
negarle la audiencia, el derecho a opinar, pero hasta ahí.
"Entonces no exigimos, proponemos, lo hicimos con Jorge Castañeda
cuando cometió el error con Cuba o Carlos Abascal un tipo
soberbio y misógino que esta una secretaría donde
debería tener un trato más político que religioso,
pero, Vicente Fox sigue empecinado en tenerlo ahí, eso ha
tensado nuestra relación al grado de que están empantanados
temas muy importantes por su terquedad".
"El asunto del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo,
no es extraño -agrega el entrevistado- pues, trae una larga
cola que le pisen. Recordemos que en la administración pasada
el gobierno federal decidió liquidar Agrosemex y sus familiares
se quedaron con el negocio. Entonces para ellos, el campo sigue
siendo una inversión redonda.
No se nos olvide, además, que Usabiaga no es un político
sino un agricultor prominente con grandes intereses en el norte
del país, Estados Unidos y Canadá, por lo que, no
tengo la menor duda de su cargo le sirva para ampliar su margen
de maniobra y beneficiarse como productor y comerciante agrícola".
Lo más lamentable, señala Montero, es que el caso
esté en manos Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secodam,
porque fue cómplice de Usabiaga en el pasado: "en la
administración pasada cuando Barrio Terrazas era gobernador
de Chihuahua permitió la entrada de granos. Aún ahora
siendo gente de la administración pública federal
-Contralor-, se han hecho adquisiciones de sorgo fuera del cupo
de importación que supuestamente van a los ranchos de Usabiaga.
Hay documentos firmados por Francisco Barrio donde él permite
la importación de hasta 400 mil toneladas de sorgo que no
cumplían los requerimientos lo que demuestra que hay una
gran corrupción al interior del gobierno federal".
Foto: Fernando Luna
El
diputado advierte: "con este gobierno empresarial que tenemos
en el país sin duda alguna no va a tener nunca transparencia
en el manejo de los recursos públicos. No sólo el
secretario de Agricultura, son todos sus amigos de partido.
"Recordemos lo que sucedió con el panista Diego Fernández
de Cevallos cuando su bufete de abogados logró que le devolvieran
más de mil millones de pesos a una enlatadora de productos
del campo, -negociación que me ofrecieron para que mi partido
interviniera ante la Secretaría de Hacienda y no acepté-,
pero él sí".
Entonces seguimos en la misma dinámica, dice Montero, Javier
Usabiaga es un exitoso empresario agrícola. Habrá
que saber, exactamente, cómo se financió, cómo
llegaron los recursos hace 20, 30 años, y terminará
su gestión como todos sus compañeros del gabinetazo,
con mayor cantidad de relaciones comerciales y menor solución
a los problemas sociales a nuestro país".
Para el legislador petista Félix Castellanos, presidente
de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de
Diputados, el programa de transparencia que ha puesto en marcha
el gobierno federal a través de la SECODAM "es mercadotécnico
y al igual que todos los demás, es meramente publicitario".
No sólo es lo que ocurrió con la Fundación
Mexicana para el Desarrollo Rural -donde hubo un desvío de
alrededor de 10 millones- sino que "habrá que investigar,
también ¿cómo es que en la Secretaría
de la Reforma Agraria se están incrementando los sueldos
de los funcionarios de primer nivel? ¿cómo es que
se van a giras internacionales a Alemania, Italia, Francia, España?
habrá que ver cuáles son los viáticos para
estos paseos y ahí la Contraloría no ha hecho ningún
trabajo", señala.
Afirma que sí hay un oficio que envía el titular de
la Secodam al área respectiva para que investigue este asunto,
"no se señalan pruebas, habrá que ser también
muy objetivos. Sólo se instruye y en eso no podemos intervenir,
lo que sí podemos hacer y urge es analizar y actualizar la
legislación para que esas investigaciones tengan un plazo
determinado ...que no duren más de un año, porque
puede ocurrir que se olvide el asunto y se va al archivo muerto."
Castellanos admite que las instituciones que otorgan créditos
al campo mexicano han tenido una actuación corrupta. Por
ello, no es extraño que, actualmente, sólo se otorgue
el 10 por ciento de lo que financiaba el Banrural hace 10 años,
pues están coludidos desde los trabajadores menores hasta
los inspectores de campo, pasando por los supervisores, gerentes
de sucursales, directores y secretarios.
La situación se refleja así: si un campesino tenía
tres hectáreas de siembra reportaba seis para financiamiento
y la mitad de la cantidad que recibía iba a los bolsillos
de esos malos funcionarios. El Banrural era la caja chica de los
presidentes en turno, no solamente Salinas sino todos los demás
y la administración actual cayó en esas mismas redes
de la corrupción".