Tres
problemas, cuyo factor común es el ejercicio de las libertades
de prensa, están sobre la mesa de la discusión pública.
Ninguno es más importante que otro. Pero merece prioridad
la denuncia penal contra ocho reporteros y el director del periódico
"Norte de Ciudad de Juárez".
Ésto,
pues, ha sucedido en Chihuahua, donde el cacicazgo del (des)gobernador
Patricio Martínez, entre las constantes represiones a los
derechos humanos (y donde se han acumulado más de 200 homicidios
de mujeres, cuya mayor parte permanecen en la impunidad), está
la embestida a la libre expresión.
Esto haciendo honor al monumento que los chihuahuenses han bautizado
como "El buey de Patricio". El periodismo de investigación
puso al descubierto presuntas irregularidades del ex alcalde priista
de Ciudad Juárez y su posible asociación con el actual
gobernador.
El segundo problema es lo que, entre filtraciones y declaraciones,
circula ya como un anteproyecto para reformar y adicionar los artículos
6 y 7 constitucionales, para enseguida expedir una nueva ley reglamentaria
en la materia y abrogar a la vigente del 9 de abril de 1917. El
siempre alerta reportero Jorge Teherán ha informado al respecto
(El Universal: 29/X/2002). Al parecer, se quieren actualizar los
contenidos de esa legislación para normar la conducta de
quienes ejercen profesionalmente las plenas libertades de prensa
(y esperemos que no limitar, por cuanto que el reclamo es máxima
libertad jurídica en un contexto de derechos y obligaciones
para los particulares).
El último problema es el deplorable lugar (el número
75) que ocupa nuestro país, en lo que hace al "grado
de libertad de que disponen los periodistas y los medios de comunicación…y
los medios empleados por el Estado para respetar y hacer respetar
esa libertad". El sondeo se hizo en 139 naciones y, el término
medio alcanzado por la nuestra, evidencian, para decirlo con la
expresión de Benjamín Constant, que los medios de
comunicación mexicanos se asfixian en "la libertad de
los antiguos" y que no hemos podido acceder a la "libertad
de los modernos".
Las soluciones a esos tres problemas, que deben serlo a la luz de
la legalidad en vigor y conforme a una interpretación democrática
de sus contenidos, no solamente inciden, sino que penetran las libertades
individuales de todos los mexicanos y, en lo particular, de los
periodistas.
En ese panorama, no debe pasarse por alto el otorgamiento del "Premio
Universidad Nacional 2002", al periodista Miguel Angel Granados
Chapa, por su programa "Plaza Pública" en Radio-UNAM.
La distinción merece el más amplio reconocimiento
al trabajo del columnista.
