El acceso a la información es un valor fundamental de las democráticas formalizado en 30 países del mundo, 20 de éstos entre 1990 y 1996. Paradójicamente, en un proceso oscuro y con muchas resistencias, el gobierno de nuestro país se ha comprometido a garantizar transparencia en su ejercicio y el acceso a su información.

Así, México se suma a la reciente oleada de naciones -más de 50 por ciento son pobres- que dan forma aun derecho fundamental de la humanidad; sin embargo, ningún gobierno centroamericano, por ejemplo, cuenta con alguna reglamentación de este tipo.

El presidente Vicente Fox capitalizó la demanda de la población para brindar acceso a la información a todos los ciudadanos, pero con candados, y heredó un trabajo titánico al órgano encargado de velar por este derecho.

Oficialmente todo comenzó el 18 de octubre de 1975, cuando el entonces candidato a la presidencia de la República José López Portillo hizo una referencia a la importancia de garantizar el derecho a la información. Unos meses después presentó su iniciativa como parte del Plan Básico de Gobierno 1976-1982, según consigna Jorge Carpizo en su libro Estudios en homenaje al maestro Mariano de la Cueva.

De entonces a la fecha ha pasado más de un cuarto de siglo, pactos y acuerdos internacionales que velan por los derechos humanos y civiles, que han evidenciado la necesidad de acabar con el hermetismo de las administraciones públicas, que a su vez genera corrupción y ésta, recursos económicos.

Es en este contexto histórico que nace la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada el pasado 30 de abril, promovida por organismos ciudadanos -principalmente el Grupo Oaxaca- y la propia administración panista.

En la Cámara de Diputados, el legislador del PRD Miguel Barbosa Huerta fue el primero en presentar, el 11 de julio de 2001, una iniciativa en la materia, que sirvió de base para el trabajo del Grupo Oaxaca. Cabe precisar que la primera ley de acceso a la información, no federal, se aprobó en el estado de Sinaloa, y fue elaborada en su totalidad por Ernesto Villanueva, académico y miembro del Grupo Oaxaca.

Exactamente 11 meses después se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que aprobaba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no obstante entrará en vigor hasta el 11 de junio de 2003.

Los candados
El gran problema de la Ley Federal de nuestro país sino fue concebida como reglamentaria del artículo sexto constitucional, debido al cabildeo panista, en las negociaciones previas.

A propósito, opina Ernesto Villanueva, académico y especialista en el tema. "Esta fue una de las objeciones del presidente Vicente Fox. Que lo fuera hubiera permitido al peticionario no agotar todos los recursos internos, sino en su caso y a voluntad poder restituir su derecho violado, mediante un juicio de amparo.

"No se dio ese paso. El ciudadano puede ampararse, pero una vez agotados todos los procedimientos legales. Formalmente ésta no es una ley -por ahora- de orden reglamentario del artículo sexto".

Cuestión de semántica, es la única diferencia que encontró el comisionado del IFIAP, José Octavio López Presa: "No valdría la pena entrar en este momento en esas sutilezas semánticas, lo importante es que el ciudadano sepa que a partir de la entrada en vigor de esta ley, ninguna dependencia le puede negar información".

Existe otra serie de medidas que no eliminan la discrecionalidad que ha prevalecido en el manejo de la información pública.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado se sabía que el proyecto de ley establecía un plazo de 20 años para la desclasificación de la información, con la posibilidad de ampliarse. Esto despertó tales suspicacias, que en su redacción final, la ley contempló un período máximo de reserva de la información de 12 años. No obstante, el promedio internacional es de diez años, por lo que México no cumple con este indicador.

De acuerdo con la ley, una razón importante para no dar a conocer la información solicitada es la de seguridad nacional. Especialistas en el tema opinan que la definición del concepto debe estar en el mismo documento, pues el concepto puede interpretarse de acuerdo con diversos intereses.

Los candados de la ley a nivel federal evidencia que de cara a la sociedad el presidente Fox publicitó su decisión de estar en favor de esta iniciativa, pero dio lo menos posible, es decir, dejó una ley minimalista.

"Lo cierto -añade- es que ninguna de las dos leyes es el puerto donde se agota el tema, faltan algunas otras medidas complementarias. Faltan leyes de archivos públicos, de transparencia y equidad publicitaria en los medios y falta ampliar los capítulos de datos personales.

Por su parte Raúl Trejo Delarbre, académico y especialista en medios de comunicación, lamenta que en la ley no se involucra directamente a los medios ni a los periodistas, por lo que considera que hay, en el gobierno panista una resistencia a la transparencia.

Ello explica, por ahora, que los funcionarios públicos desatiendan, a placer, el llamado de los medios. Es caso particular del subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Durán Reveles, quien mediante su asistente Ricardo Tejeda no atendió la solicitud de Contralínea para la realización de este reportaje.

Zares ungidos
Todo comenzó con los candados y continuó con la designación de los comisionados del IFIAP, encargados de velar que la ley se respete.

Desde su aprobación unánime en el Congreso el pasado 30 de abril, todo el proceso para echar andar este instrumento democrático no había sufrido ninguna objeción, hasta que se presentó la desaprobación de dos de los cinco comisionados que se encargarán del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAIP), incluso, uno de ellos renunció.

Tal instituto debe estar integrado por cinco comisionados; pese la impugnación de Horacio Aguilar Alvarez de Alba y Guillermo Velasco Arzac, el primero fue ratificado. Versiones periodísticas los señalan con estrechos lazos con la Iglesia católica y organizaciones de ultraderecha desaparecidas como el MURO.

Para Trejo Delarbre, la designación debió hacerse mediante un concurso público y no de manera hermética, como se dio. Lo cierto fue que la lista de los cinco comisionados del IFAIP, propuestos por el Poder Ejecutivo se presentó vía la Secretaría de Gobernación minutos antes de vencer el plazo, la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por Diego Fernández de Cevallos, argumentó poca información para la buena evaluación de los candidatos.

Luego de que fue objetado y antes de renunciar a su candidatura, Guillermo Velasco Arzac lo dijo claramente: "Aunque envíamos nuestra currícula al Senado, no fue distribuida entre todos sus miembros, todo fue resultado de una negociación previa del PAN".

Si el IFIAP tiene triple autonomía: operativa, presupuestaria y de decisión, por lo que sus resoluciones no pueden ser revisadas por ninguna otra instancia administrativa, aún falta la designación del quinto comisionado, la elección interna de su presidente y el reglamento de la ley.

Estos claroscuros de la transparencia tienen una sola lectura, a decir de Villanueva: "La relación entre el Estado y los medios es una relación desigual, que intenta pasar por la transparencia, pero que se queda atrapada por las fórmulas del pasado que no sólo no se han ido sino que siguen vigorosas, y siguen siendo un instrumento de colaboración, de colusión de intereses con algunos -no todos- medios.

Foto: Rafael Gaviria

Instrumentos legales
De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información, los órganos del Estado están obligados, a poner a disposición de los ciudadanos la información que les permita acceder al conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados.

Ello garantiza el derecho que tienen los particulares a requerir información. Hasta ahora sólo el Poder Ejecutivo ha implementado la creación de unidades y comités encargados de atender estas demandas, mientras que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, establecerán su propio procedimiento.

Para asegurar su cumplimiento, la ley establece que las causas de responsabilidad administrativa y las sanciones por incumplimiento son de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por ejemplo, sustraer, destruir, ocultar, alterar o denegar información pública son causas de sanción a los funcionarios involucrados, que pueden ir hasta su destitución e inhabilitación; independientemente de su responsabilidad penal.

El procedimiento para solicitar la información apunta que cualquier ciudadano podrá acudir a la ventanilla única receptora de la dependencia de su interés, que a su vez contará con un comité interno, evaluará y dará cauce a la petición.

Los obstáculos
A pesar de las diferencias y enfoques surgidos en diez meses de negociaciones, hoy existe consenso entre diversos especialistas en el sentido que esta ley no agota el tema. Su punto nodal es el acceso a la información pública y falta legislar lo referente al derecho de la información que abarcaría reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, a la Ley de Imprenta y la incorporación plena de otros derechos.

"¿Cuándo podemos suponer que se verán claramente beneficios? Antes de que transcurran dos años; las experiencias internacionales nos dicen que en el primer año, el cúmulo de demandas es exponencial, se dispara, luego viene una etapa de mayor equilibrio", explica Guerrero Amparán.

Para Ernesto Villanueva los candados y claroscuros de la ley evidencian la resistencia al cambio del aparato público, porque la cultura de la secrecía genera corrupción y la corrupción dota de recursos públicos.

De cumplir su cometido y acogidos a la idea de que el oscurantismo genera corrupción, México dejará de pertenecer a la segunda mitad de los países más corruptos del planeta. De acuerdo con la Organización Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el escalón 59, de 91 países analizados.

Por ello a diferencia de algunos periodistas y funcionarios, no encuentro razones para el optimismo, puesto que la ley no es novedosa y depende de la voluntad gubernamental. Además el IFAIP establece una enorme burocracia para sus funciones, más que facilitar el acceso, es un nuevo dique a la información", Trejo Delabre.

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