Precariedad y abandono del INAH y la ENAH
La complejidad cultural de México no podría entenderse sin el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que custodia, investiga y divulga uno de los patrimonios
La complejidad cultural de México no podría entenderse sin el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que custodia, investiga y divulga uno de los patrimonios
Especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de negarse a cubrir un adeudo por 636 mil 747
La sorpresiva renuncia de la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco González Salas –de quien se dice será la encargada de dirigir la recién creada Secretaría de Cultura–, sirve para revisar un tema que, a pesar de su relevancia social y cultural, dejó pendiente durante su mandato en el Instituto: el robo de piezas arqueológicas y de arte sacro.
El mes pasado circuló en diversos medios la noticia de que México había resultado nuevamente electo para el cuarto periodo del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés). Durante la reunión celebrada en París, Francia, los días 28 y 29 de mayo, fue elegida por “unanimidad” la arqueóloga mexicana María Helena Barba Meinecke, quien junto a la doctora Dolores Elkin, de Argentina, representarán al Grupo III de los Estados partes latinoamericanos que integran la Convención: Argentina, Barbados, Cuba, Ecuador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago.
La política del “turismo cultural”, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, ha sido devastadora para el patrimonio arqueológico y natural. Bajo el argumento del “desarrollo y el empleo”, las autoridades permiten que trasnacionales se hagan de grandes superficies de tierra comunal o privada, en la península de Yucatán, con legados naturales, históricos y arqueológicos. El destino final de las zonas: convertirse en proyectos del turismo premium
Aunque la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto por 300 millones de pesos anuales para la adquisición de tierras en zonas arqueológicas y la protección
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