Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
El 4 de marzo de 2015 se concretó, firmas de por medio, una alianza que se venía trabajando desde los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) obtuvo sigilosamente un “convenio general de colaboración” con las dos secretarías de Estado encargadas de organizar y administrar a las Fuerzas Armadas Permanentes de México: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Los primeros 3 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas Mexicanas, especialmente el Ejército Mexicano, se ganaron la desconfianza y el desprecio del pueblo. Se echó por la borda casi 1 siglo de merecer el cariño de las clases populares –en las cuales, además, está su propio origen– a partir de la Revolución Mexicana de 1910, promulgada el 5 de febrero de 1917 después de derrotar dos veces consecutivas al Ejército Federal del general Porfirio Díaz convertido en tirano a lo largo de 30 años de gobierno, apoyado por las bayonetas de la tropa reclutada de leva, que era conducida por generales aristocráticos provenientes de la clase gobernante compuesta por latifundistas, patrones explotadores, el clero fanatizador y empresarios extranjeros que esclavizaron a los indígenas y a los pobres de la nación.
En el Campo Militar Número 1, y dentro de una caja fuerte cuya combinación sólo conocen algunos integrantes del Estado Mayor, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) guarda un expediente. Tal documento es protegido con las más estrictas medidas de seguridad. Está prohibido, incluso, que sea extraído de su recinto. Se trata del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
Desde el gobierno pasado, la Semar ha sido objeto de 1 mil 511 quejas y 23 recomendaciones en materia de derechos humanos.
Comandos armados secuestran jóvenes en antros, un informante de la agencia estadunidense antinarcóticos (DEA, por su sigla en inglés) asesinado a plena luz del día, un general acribillado, un tiroteo entre grupos rivales de la Policía Federal, convoyes militares que viajan por la ciudad preparados para el enfrentamiento, empresarios extorsionados por grupos criminales. No estamos hablando de Reynosa, Matamoros (Tamaulipas) o Monterrey (Nuevo León). Estamos hablando de la capital de la República Mexicana.
Durante el sexenio de Felipe Calderón 55 mil 129 efectivos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México desertaron de sus unidades. El número de militares que abandonaron irregularmente las Fuerzas Armadas Mexicanas supera a la totalidad de tropas activas de países europeos como Holanda, Portugal, Dinamarca, Suiza y Noruega, y latinoamericanos como Cuba, Bolivia y Uruguay.
Un total de 10 miembros de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac), incluyendo su Mesa Directiva –en un acto que trae a la memoria el Reglamento General de Deberes Militares: “la disciplina tiene como bases un alto concepto del honor, la justicia y la moral”– fuimos ejemplarmente recibidos por el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de una solicitud que fue entregada el Día del Ejército a las puertas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –encabezada por Francisco Gil Díaz– reportó modificaciones multimillonarias al presupuesto de ese ejercicio, y una de
“Así como mienten nuestros adversarios aquí en México, miente el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos: ellos también dicen que nosotros iniciamos una
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