Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
Hueca como buena parte de las propuestas electorales del Partido Revolucionario Institucional, la promesa de bajar las tarifas eléctricas en el país implicaría en los hechos un verdadero análisis y debate nacionales sobre la situación que guarda en su conjunto la industria eléctrica en el país, ya que la medida no sería viable únicamente fomentando la inversión privada en Pemex para generar más energía a través del combustóleo, como lo planteó el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado [con licencia] Luis Videgaray.
En 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –encabezada por Francisco Gil Díaz– reportó modificaciones multimillonarias al presupuesto de ese ejercicio, y una de
“Así como mienten nuestros adversarios aquí en México, miente el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos: ellos también dicen que nosotros iniciamos una
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