La austeridad que hoy se impone tiene gravísimas consecuencias. Más desempleo y más pobreza, más enfermedades y más suicidios. La austeridad mata, como titula David Sucker un concienzudo estudio al respecto. Cabe hurgar, por tanto, el origen y los responsables de la malhadada austeridad.
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla importantes mecanismos de protección a las mujeres que, sin embargo, han resultado ineficaces. Es el caso de la declaratoria de alerta de género que se ha solicitado ya en cinco ocasiones, pero que jamás ha prosperado. La titular de la Conavim, instancia encargada de esta declaratoria, asegura que el mecanismo ya fue corregido y que, en breve, serán publicadas sus modificaciones. Se trata, dice, de hacer más llano el procedimiento y de quitarle los elementos subjetivos que pudieran utilizarse con fines políticos
A 6 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que define la violencia feminicida y que por primera vez en el país reconoce legalmente la violencia contra la mujer–, ocho entidades siguen sin tipificar el feminicidio. Una de éstas, Chihuahua, que resgistró el 45 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres durante los últimos 9 años. En tanto, las 24 entidades que ya incluyeron el tipo penal en su legislación presentan deficiencias en cuanto a la definición del delito. Por ejemplo, no lo contemplan de forma autónoma o incorporan elementos subjetivos que dificultan su acreditación
El Estado mexicano carece de un registro confiable de feminicidios, y las pocas estadísticas que existen al respecto son manipuladas con secrecía por las instituciones públicas. Dilcya García, titular de la Conavim, manifiesta que no resulta constructivo señalar a los responsables de esta omisión. Para la representante de la Segob el registro más confiable tendría que emanar de las procuradurías locales, lo que además permitiría indagar en el ámbito de la procuración de justicia
Una investigación de la Secretaría de Gobernación confirma que las muertes violentas de mujeres repuntaron durante el sexenio pasado. Para 2010, la tasa de homicidios dolosos de mujeres superó el promedio global para los países del Continente Americano e implicó un retroceso de 14 años para México. A pesar de lo alarmante de estas cifras, el Estado no cuenta con un registro confiable respecto de los asesinatos de mujeres por razones de género: el 25 por ciento de las entidades aún no tipifican el feminicidio, y los mecanismos institucionales encargados de la protección de las mujeres presentan obstáculos prácticos
Ana Luisa Nerio Monroy* En medio de las numerosas violaciones a los derechos humanos, hay una que se presenta de manera cotidiana; a veces es
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El candidato Édgar Noé Ramos Ferretiz, aspirante a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, fue asesinado esta tarde en la colonia Azucarera, confirmó la
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