Santuario ballenero, en riesgo por productora de sal. Los residuos de la empresa –mitad mexicana, mitad de Mitsubishi– hacen que las aguas de un refugio de ballenas sean más densas que las del Mar Muerto
Todo parece indicar que un caso más de corrupción y abuso de poder en el gobierno federal quedará impune, con un consecuente daño a las finanzas públicas de hasta 44.3 millones de dólares (unos 558.5 millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar).
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.
Durante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y comprometida con el bienestar de los mexicanos.
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
Hueca como buena parte de las propuestas electorales del Partido Revolucionario Institucional, la promesa de bajar las tarifas eléctricas en el país implicaría en los hechos un verdadero análisis y debate nacionales sobre la situación que guarda en su conjunto la industria eléctrica en el país, ya que la medida no sería viable únicamente fomentando la inversión privada en Pemex para generar más energía a través del combustóleo, como lo planteó el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado [con licencia] Luis Videgaray.
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