Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
Si nos atenemos a lo que dice de sí mismo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es la guerrilla decana de todo el movimiento armado mexicano. Está cumpliendo 52 años de guerra popular prolongada contra el Estado burgués y sus gobiernos. Es decir, fue fundado en 1964: 1 año antes del ataque al Cuartel de Madera (efectuado por el Grupo Popular Guerrillero del duranguense Arturo Gámiz y el chihuahuense Pablo Gómez) y 2 años después del asesinato del morelense Rubén Jaramillo (quien había dejado las armas, se encontraba en la lucha social y fue acribillado por elementos del Ejército Mexicano junto con sus hijos y su esposa embarazada).
Las autoridades mexicanas han mantenido en la impunidad, al parecer de manera deliberada, a todos los actores políticos y empresariales ligados a Oceanografía, la contratista favorita de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.
La “democracia” en México no es más que un mito. El sistema político mexicano no cumple con los requisitos teóricos mínimos. No existe la igualdad en los procesos electorales, la calidad en la participación de los partidos políticos ni la consolidación de los poderes Legislativo y Judicial como contrapesos del Ejecutivo. Las instituciones, onerosas, sólo cumplen con el papel de reproducirse a sí mismas
Para el maestro Carlos Fernández Vega: por su recuperación y el regreso a su imprescindible columna
Cuando parecía que la entrega del petróleo mexicano a las trasnacionales no podía ser más descarada, llega la cuarta licitación de la Ronda Uno. Con ésta, a las empresas que operan en Estados Unidos les bastará cruzar la línea fronteriza para obtener bloques que en ese país sólo conseguirían en decenas de subastas. El dinero por esta licitación –que viola la nueva ley– llegará, si acaso, hasta en dos generaciones.
A los líderes de los partidos y todo su séquito de ayudantes no les basta los miles de millones de pesos que consumen del dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes, en una simulación democrática que sale muy cara a los mexicanos y que nunca ha podido garantizar un comportamiento honesto y transparente en el procesos electorales, ahora quieren responsabilizar al Ministerio Público Federal de sus corruptos y delincuentes candidatos que en cada elección proponen para ocupar cargos populares.
Hoy día el campo mexicano enfrenta una severa crisis. Por lo menos desde hace varias décadas, y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de México en la globalización neoliberal –particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, en el campo ha aumentado de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales [1]. Asimismo, se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos [2]. En este contexto, en el transcurso de los últimos lustros se ha consolidado una “erosión generalizada del campo” [3], siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.
Ricardo Gallardo Vara, el magistrado que ya intentó dar madruguete en dos ocasiones con proyectos de resolución a favor del glifosato y el maíz transgénico,
En África, las mujeres padecen 130 veces más de probabilidades de morir por alguna complicación durante el embarazo o en el parto, en comparación con
A partir del decreto del gobierno de la Ciudad de México, oficialmente entró en vigor la reforma al Código Penal Local, con la cual los
Con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la alimentación, este 17 de abril se publicó el decreto presidencial en el Diario Oficial de
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