Al finalizar el actual gobierno no habrá bono sexenal para los funcionarios de la Administración Pública Federal, confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López
Tras la revelación de que los cuatro consejeros electorales –encabezados por Lorenzo Córdova Vianello– que terminan su encargo el próximo 3 de abril recibirán casi
Millones de mexicanos no recibirán aguinaldo y pasarán sus fiestas navideñas sin cenas especiales ni, mucho menos, intercambios de regalos. Otros, incluso, pasarán el 25 de diciembre y recibirán el nuevo año tras las rejas, por haberse opuesto a algunas de las “reformas estructurales” que impuso el régimen.
¿Usted es de los ingenuos que creen que con su voto contribuyeron al encumbramiento de Enrique Peña Nieto y al retorno triunfal de la vieja pandilla autoritaria, con su control de las dos cámaras –farsa democrática útil para ocultar el dinero sucio y las prácticas turbias empleados por los grupos dominantes para aceitar esas victorias–, ya sea porque es un sincero militante o simpatizante del priísmo, o porque legítimamente aspiraba a un cambio, luego de la docena trágica de un partido desacreditado que se hunde en el detritus de la corrupción, y la llamada “izquierda” oficial e inofensiva le resultaba visceral, ideológica o políticamente repulsiva para apoyarla?
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales 39 ocupan los cargos más importantes en su estructura, a pesar de que en su mayoría carecen de experiencia profesional. El organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano –del que Contralínea obtuvo copia– revela los nombres y los salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados como los gastos más opacos de la administración federal. Para la cúpula del Cisen, salarios de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales
El personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas es sujeto de discriminación por parte de las autoridades que moralmente, por mandato Constitucional y por apego al cumplimiento de las leyes y reglamentos militares están obligados a proporcionar condiciones de vida digna a quienes honrosamente sirvieron a la nación en las filas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. A estos servidores de la nación les son conculcados los múltiples beneficios que dispone la Ley Federal del Trabajo por el desempeño del servicio.
Antes de dar su fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron objeto de espionaje. El caso involucraría a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione.
Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil pesos por un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quienes supuestamente arriesgan la vida por su labor.
Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, los siete magistrados del Tribunal Electoral y los seis consejeros de la Judicatura Federal obtendrán los más onerosos “bonos por riesgo” que pagará el erario el último año del sexenio de Calderón: hasta 634 mil pesos por el “peligro” que cada uno supuestamente enfrenta. Otros 1 mil 104 servidores públicos de alto nivel del Poder Judicial tendrán acceso a la dádiva, que tan sólo en 2012 consumirá 533 millones de pesos de su presupuesto
Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal
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