Los niños que viven con sus madres en reclusión han quedado fuera de la protección del Estado: sin garantías de seguridad, una vida digna y un ambiente saludable. El Sistema Penitenciario Nacional tiene en promedio seis puntos de calificación (en una escala del 0 al 10) y la CNDH coloca semáforos de peligro y alerta en 31 estados y registra a 618 niños en estas condiciones

Érika Ramírez/ Segunda y última parte

El sistema penitenciario en México está al borde del colapso: autogobierno, hacinamiento, violencia, insalubridad, extorsión, sobornos, actividades ilícitas y la constante violación a los derechos humanos de hombres y mujeres acusados de cometer algún delito. Bajo este sistema carcelario deficiente, también viven 618 niños con sus madres presas, y ante un Estado que los ha borrado de sus políticas públicas.

[bctt tweet=”La vida de los niños que viven con sus madres… en la cárcel.” username=”contralinea”]

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que los centros que componen el Sistema Penitenciario Nacional apenas alcanzan un promedio de 6.27 puntos en su evaluación, en una escala del 0 a 10. El organismo coloca semáforos rojos de alerta para aquellos en donde los niños viven a lado de sus madres, bajo el mismo castigo.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 evidencia que los estados con peores condiciones de Centros de Readaptación Social (Ceresos) son: Nayarit (4.37), Guerrero (4.39), Hidalgo (4.62), Quintana Roo (4.69), Tamaulipas (4.95) Oaxaca (5.25), Tabasco (5.30), Chiapas (5.38), Nuevo León (5.46), California Sur (5.75) y Sinaloa (5.88). A estos, la CNDH ha colocado un estigma rojo en señal de gravedad.

Le siguen Zacatecas y Jalisco (6.03), Michoacán (6.08), San Luis Potosí (6.33), Estado de México (6.40), Colima (6.41), Morelos (6.43), Durango (6.51), Veracruz (6.54), Campeche (6.61), Ciudad de México (6.85), Yucatán (6.94), Puebla (6.99), Tlaxcala (7.12), Jalisco (7.13), Baja California (7.40), Chihuahua (7.45), Querétaro (7.70), Coahuila (7.72) y Aguascalientes (7.98). Sólo Guanajuato merece la calificación de 8.22 y queda fuera de las alertas del sistema.

El diagnóstico de la CNDH indica que en el país hay 17 centros femeniles con 11 mil 338 internas, y destaca como dato relevante para un diagnóstico integral, que existen centros con población femenil donde también se albergan sus hijas e hijos, cuyo número en el año que se reporta ascendía a 618 menores.

Aracely y Sury en un penal con 6.85 de calificación

Dos “sorpresas” continuas: la prisión y el nacimiento. Aracely se enteró de su embarazo un día antes de que fuera sentenciada. La decisión de tener a su hija vaciló con el no. ¿Cómo iba a tener a un bebé en la cárcel? Ella había sido presa por el delito de robo a casa habitación y aún no había certidumbre sobre el tiempo en el que recuperaría su libertad.

Han pasado 4 años 6 meses desde que decidió seguir con su embarazo; ahora, su hija Suri tiene 3 años 9 meses de edad, el mismo tiempo que tiene de vivir entre los altos muros grises del Centro Femenil de Readaptación Social (Cefereso) en Santa Martha Acatitla.

Aracely viste de azul marino como las otras mujeres que han sido sentenciadas y que libran condenas por robo, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y actividades ilícitas —como indica la CNDH, actividades con las que continúan algunas internas—. “Estar con la bebé aquí hace que se vaya más rápido el tiempo, pero tiene sus complicaciones”, dice en entrevista.

Del nacimiento de Suri se enteraría en el servicio médico del reclusorio, bajo custodia de celadoras y sin nadie de sus allegados con quien compartir la noticia. “Aquí llegué con un mes de embarazo, llegas a un mundo diferente. No es lo mismo estar aquí que parir en el hospital que tú quieras, elegir. Aquí te llevan al que ellos deciden”, comenta. La pequeña nació en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, en la delegación Tláhuac.

Y es que Suri y Araceli viven en un penal que alcanza los 6.85 puntos de calificación (en una escala del cero al 10), de acuerdo con Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 —elaborado por la CNDH—, y en el que se revelaron situaciones de autogobierno, extorsión, sobornos; así como de “actividades ilícitas”.

Los visitadores de la Comisión colocaron un semáforo preventivo para este centro y recomienda prestar atención a diferentes aspectos, como el de garantizar condiciones materiales e higiene de las instalaciones en su ingreso y dormitorios. También detectó deficiencias en la alimentación.

El informe presentado en julio pasado señala que con respecto a las condiciones de gobernabilidad hay “insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del Centro (autogobierno/cogobierno). Actividades ilícitas y presencia de cobros (extorsión y sobornos)”.

El penal de Santa Martha se coloca en el quinto lugar, de los 13 reclusorios estatales que evaluó la CNDH, antes se encuentran el Centro de Reinserción Social No. 4 Femenil, Chiapas, (5.93); Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas, Zacatecas, (6.0); Centro de Reinserción Social Femenil Atlacholoaya, Morelos, (6.39); Centro de Readaptación Social Nogales Femenil, Sonora, (6.4) y el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México (6.85).

Gloria María Hernández Gaona, Directora del Cefereso en Santa Martha Acatitla, se defiende de las evaluaciones que hace el organismo y comenta que como servidores públicos “somos personas convencidas de que lo que hacemos, lo queremos hacer lo mejor posible. Tenemos todas nuestras voluntades y capacidades, luchamos porque sea transparente el manejo de los recursos y por evitar todo tipo de corrupción.

“Soy enemiga de esa parte [de la corrupción] y quisiera que este país se limpiara; pero no hablo de las cárceles, es lo más fácil, echarle la culpa a las cárceles. Esta es una carroña social que existe en todos los niveles de gobierno”, indica.

El apego para ocultar la cárcel

“Aquí hay de todo: buenos y malos. Estamos en la misma [sociedad], pero entre cuatro paredes”, dice Aracely cuando se le pregunta sobre el ambiente en el que viven ella y su hija. Sin embargo, ha adoptado un cuidado extremo con los movimientos de la niña, “para evitar que algo le pase”.

Madre e hija viven en total apego la mayor parte del tiempo. Duermen en la misma cama, como las demás reclusas que tienen hijos viviendo con ellas. Mientras Suri va al preescolar en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Amalia Solórzano de Cárdenas, Aracely se ocupa en lavar la ropa de otras internas o en realizar algunos trabajos que le permitan sobrellevar sus gastos personales.

“Suri está a mi lado siempre, hay mucho apego”. Si Aracely trabaja en atender los puestos o lavar la ropa de otras reclusas, la niña tiene que estar a su lado. Ella se mantiene, junto con su hija, con lo que obtiene de su trabajo. El apoyo que le pide a su familia, dice, es cuando ya es muy necesario: “muchas aquí se vuelven flojas, piensan que por estar aquí es estar incapacitado”.

La vida de Suri transcurre la mayor parte del tiempo en el encierro de la estancia, “yo le digo que no me gusta que salga: porque si sales te pueden pegar o te puedes caer, te puede pasar cualquier cosa. Ella no es así de las que anda libre”, dice.

La mujer de 26 años de edad ha tratado de ocultar la realidad de dónde se encuentra su pequeña. “Ella no sabe en qué lugar está, no sabe qué es la palabra cárcel, porque no es momento de que la sepa. Llegará el momento en que ella sepa dónde estuvimos”.

En tanto, la niña sabe que es “una casa temporal. Ella no sabe de este mundo porque no la dejo que conviva con nadie. Muchas veces las mamás no están atetas a lo que ven sus hijos. Aquí hay lesbianismo… de todo, pero depende de lo que tú les dejes ver”.

La joven dice que no quiere que su niña “se lleve mucho de este lugar”. De hecho, comenta, dejara de llamarla Suri y en cuanto sean liberadas la llamará por su segundo nombre, Andrea.

Suri sale regularmente con la familia de Aracely. Cuando hay algún tipo de celebración familiar la contemplan para que vaya a “disfrutar” con los suyos. También en fechas importantes (como Navidad y Año Nuevo) y vacaciones. Apenas, días antes se había ido con su hermana porque habrían de festejar un cumpleaños familiar. Y es que, dice: “mi familia no es de la delincuencia. Sari tiene una vida diferente a la que llevan muchos niños aquí”, comenta.

—¿Y cuando regresa a prisión, no quiere estar con sus tías o familiares?

—Sí, pero ella sabe que es momentáneo. Yo siempre le explico que el día en que ella se vaya conmigo será para siempre, para nunca regresar. Todavía me falta un año seis meses para compurgar, pero ya no es nada en comparación de cuando llegamos.

Aracely se muestra fuerte, aunque quisiera dejar de lado esta parte de su historia. Se rompe en llanto cuando inicia con la historia que tiene pendiente en libertad: perdió todo contacto con su primera hija. El padre de la niña ha impedido que la vea y no sabe nada de ella. Cuando la apresaron, la bebé tenía 1 año 11 meses.

El Estado, omiso

Corina Giacomello, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y doctora en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que “tal vez ahora, en Santa Martha Acatitla, existan las condiciones más alentadoras en comparación con otros centros de reclusión, pero aun así los antecedentes para que se ponga atención a este grupo son dramáticos; la primera dificultad va desde lo discursivo y las mentalidades que hay en el sistema.

“Estos niños son concebidos como responsabilidad de sus madres y de su familia; básicamente no son vistos como una responsabilidad de las instancias estatales, lo que es un primer obstáculo para que se tomen medidas para su debida atención, su cuidado y para que los funcionarios estén en esa óptica. En términos generales no son vistos como una responsabilidad del Estado”, enfatiza.

En el sistema penitenciario en México, dice la experta del Inacipe, “hay una serie de situaciones a los que se pueden ver expuestos los niños como: vivir en celdas hacinadas, con condiciones de limpieza muy precarias, donde se realizan conductas que tal vez no son lo idóneo para los primeros años de edad [drogadicción, violencia, visitas conyugales], por lo que es indispensable ver qué políticas de Estado se pueden instrumentar para que esas niñas y niños se queden con la mamá, en la medida en que ese lazo materno filial en los primeros años sea lo más benéfico para ellas”.

En segundo lugar, enfatiza la investigadora, “es importante que las instalaciones estén lo más alejadas de lo carcelario. Hay ejemplos en Italia, en España, donde se ha buscado atender esta situación; se crean módulos para madres en los centros de reinserción. Estos ayudan, aun así no despojan totalmente de lo carcelario: las rejas, los ruidos, personal uniformado”.

El libro Presos invisibles. Hijos e hijas de mujeres en reclusión, elaborado por la Oficina de Derechos de la Infancia, AC, indica “el Estado enfrenta obligaciones de carácter forzado frente a los niños y las niñas con madres en reclusión…”.

Expone que a diferencia de los niños que no están en reclusión, “la obligación recae, en principio, en los padres, sin que esto signifique obviamente que el Estado no tenga obligaciones respecto a ellos.

“Pero en el caso de los niños y las niñas con madres en reclusión, la lógica cambia. Tanto las madres en reclusión como sus hijos e hijas son sujetos que están de forma directa bajo la tutela del Estado, lo que implica que los agentes de éste sean obligados directos para respetar, proteger y garantizar los derechos de este grupo de personas, sin que ello implique que la madre y la familia no tengan obligaciones respecto de los menores”, indica.

Luis Alberto Muñoz López, coautor del libro Presos Invisibles. Hijos e hijas de mujeres en reclusión, dice que en la cárcel se reproduce y maximizan “los estereotipos y las cargas que tiene la mujer fuera de reclusión. ¿Qué pasa cuando tú estás afuera y necesitas trabajar? Te vas a trabajar. ¿Qué pasa con tu hijo o hija?

El también encargado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, observa que “en la cárcel ocurre lo mismo, personas que no tienen ingresos (porque lo que lo que les proporciona el centro, incluso en la alimentación, es insuficiente) se ven obligadas a tratar de recurrir a actividades para obtenerlos. Todos esos trabajos implica: ¿qué haces con tu niño en reclusión? Entonces, viene un tema de abandono. ¿Se lo dejas a quién? A la compañera interna, pero no sabes quién es y ¿qué pasa si estás en una estancia donde tu compañera de celda es farmacodependiente? ¿A qué están expuestos estos niños?

Saskia Niño de Rivera

Niños con sus madres presas, sin la libertad básica

Saskia Niño de Rivera, psicóloga por la Universidad Iberoamericana y Presidenta Fundadora de la organización Reinserta un Mexicano A.C., comenta que “los niños que están en la cárcel son niños que están privados de libertades básicas, fundamentales para su desarrollo: un parque, un coche, un perro, lo que puedes o no ver en la sociedad. Esto genera un trauma en el momento de la separación, que esa es la parte más importante de este proceso.

La presidenta de Reinserta un Mexicano A.C. indica que “hay que trabajar con lo que tienen los estados y el gobierno; sin embargo, hay que entender que lo que tienen no es suficiente y hay que generar una estrategia para darles a los niños una vida adecuada”.

Del informe Sobre las Condiciones de Hijas e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, de la CNDH, se desprende que “persisten una serie de condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como de situaciones que vulneran los derechos humanos” de los niños que viven con sus madres en prisión.

Señala que en cuanto a la infraestructura, en la mayoría de los centros, “no se dispone de un espacio adecuado, por lo que se observa que en ocasiones se comparte la cama entre madres, hijas e hijos, encontrando algunos casos en donde la interna tiene a más de una niña o niño con ella. En cuanto a las condiciones en las que viven los menores de edad en los centros penitenciarios, solamente tres de ellos cuentan con espacio suficiente para que las internas con hijas o hijos pequeños coloquen cunas, situación que pone en riesgo a los menores.

“Existen centros en los cuales pueden verse a niñas y niños de diferentes edades deambular sin restricciones por el área femenil. Llama la atención que las estancias ‘adaptadas’ para mujeres (dentro de un reclusorio varonil), por lo general son muy limitadas en espacios, encontrando ahí personas procesadas y sentenciadas, con hijas e hijos, sin que se cumpla con la garantía establecida…

“Existen centros como el de Topo Chico, en Nuevo León, en donde los espacios son notoriamente insuficientes y el hacinamiento se hace presente de manera importante; de igual forma se presenta esta situación, por ejemplo en Chiapas, donde hay 8 espacios en dormitorios y un total de 23 niños.

“Entre los servicios de salud que se consideran debe tener la población infantil, se encuentra la atención de médicos pediatras, vacunación, servicios dentales y psicólogo infantil; no obstante, en la mayoría de los casos, sólo se cuenta con atención médica general, sin la de un especialista en pediatría, siendo los mismos médicos que atienden a las internas”.

Contralínea 554/ Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017