Nuestros lectores

By

Informan a la ONU que México incumple las 14 recomendaciones que le formuló

Señor Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Presente

Distinguido Señor Zeid Ra’ad Al Hussein:

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, le escribimos con preocupación ante lo que parece una contundente resistencia por parte del gobierno de México, a implementar la primera recomendación que usted dirigió al Estado en marzo de 2016 después de su visita a México.

A más de 1 año de que usted recomendara al Estado de México establecer un Consejo Asesor compuesto por personas expertas en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar a la autoridades mexicanas sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, el gobierno de México no ha mostrado ningún avance en la implementación de la misma.

Pese a reiterados esfuerzos por parte de la sociedad civil mexicana en establecer un diálogo y ruta metodológica para el establecimiento del Consejo Asesor recomendado, hasta el momento, las autoridades mexicanas se han mostrado omisas, e incluso resistentes para dar seguimiento a dicha recomendación.

Lamentamos así mismo, que el resto de las recomendaciones que usted dirigió al gobierno de México, no estén tampoco siendo atendidas. Por el contrario, nos sigue preocupando la adopción  y opacidad con las que se discuten una Ley de Seguridad Interior, una contrarreforma al sistema de justicia penal, así como un marco reglamentario en torno al nombramiento de una persona a cargo de la nueva Fiscalía General de la República. Los objetivos de dichos marcos normativos que se pretenden adoptar, van en contrasentido con sus recomendaciones en torno a la debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos, a la limitación de la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos, a la de seguridad pública en línea con los derechos humanos, a la adopción de una ley nacional sobre el uso de la fuerza, a la autonomía de las instituciones forenses, así como a la independencia de las instituciones de administración y procuración de justicia.

Asimismo, tampoco ha dado señales el gobierno de México sobre su firma y ratificación de los instrumentos internacionales de los que aún no es parte (como del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, así como la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención), y tampoco ha trazado una ruta clara y precisa sobre cómo garantizará que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada en el contexto de proyectos de inversión, privada y pública, o como se reparará integralmente a las víctimas y comunidades afectadas por megaproyectos.

Por lo anterior, consideramos que la falta de voluntad política expresada en el silencio e inacción para avanzar en el cumplimiento de las 14 recomendaciones, son una muestra clara de que el actual gobierno de México no está priorizando el combate a la impunidad y el respeto y protección a los derechos humanos en su agenda de gobierno.

Por lo anterior, le solicitamos atentamente:

Primero. Realice una visita a México para asesorar y dar seguimiento a las 14 recomendaciones que emitió al gobierno de México en marzo de 2016.

Segundo. Solicite al gobierno de México presentar públicamente las medidas, puntuales y específicas, que ha adoptado para cumplir con las 14 recomendaciones.

Tercero. Presente un informe sobre la situación de derechos humanos en México ante el Consejo de Derechos Humanos a fin de cooperar con el Estado en la búsqueda de soluciones concretas para poner fin a la crítica situación de derechos humanos que flagela al país.

Agradecemos su atención y quedamos en espera de su amable respuesta.

Atentamente,

Artículo 19; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; Asociadas por lo Justo Mesoamérica; Casa de los Derechos de Periodistas; Casa del Migrante de Saltillo; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; DECA Equipo Pueblo; Disability Rights International; Documenta, Análisis y Acción por la Justicia Social; EQUIS, Justicia para la Mujeres; Freedom House México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; ID(H)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos; INCIDE Social; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto para la Seguridad y la Democracia; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Open Society Justice Initiative; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Red por los Derechos de la Infancia en México; Servicios para una Educación Alternativa; Servicios y Asesoría para la Paz; Sin Fronteras; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

En la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila

El pasado 6 de julio, entregamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un extenso comunicado que contempla un análisis sobre crímenes contra la humanidad cometidos en Coahuila, en el que solicitamos la apertura de una investigación preliminar.

Esta comunicación ha sido escrita sobre la base de entrevistas a víctimas e información proporcionada por Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ambas organizaciones compartieron información detallada y expedientes de casos particulares de víctimas de privación grave de la libertad física, tortura y desaparición forzada de personas en Coahuila. Asimismo, proporcionaron análisis detallados del contexto en Coahuila con miras a establecer una línea del tiempo que explique de manera clara y coherente el complejo escenario de violencia en dicho estado. Tal información ha sido complementada con datos compartidos por la Comiisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Adicionalmente, la comunicación se ha basado en casos derivados de más de 100 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila contra las fuerzas estatales por tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y ejecuciones.

El número total de casos que respaldan la comunicación se compone a la vez de 32 casos, correspondientes a 73 víctimas, de un total de 562 víctimas documentadas entre las dos organizaciones. También, ha sido utilizada información disponible de fuentes abiertas sobre los hechos de la denominada “Masacre de Allende” y sobre los crímenes cometidos en la cárcel de Piedras Negras, además de testimonios de los miembros del cártel de los Zetas que fueron recolectados y sistematizados por la Clínica Jurídica de la Universidad de Texas, en las audiencias judiciales llevadas a cabo en las ciudades de San Antonio y Austin, desde el 2013, y que prueban el apoyo brindado por funcionarios públicos estatales de Coahuila y fuerza pública estatal a los Zetas para cometer dichos crímenes.

Los casos y cifras indicados a lo largo del documento suponen una muestra limitada, aunque representativa, de un fenómeno criminal más amplio. Así, a modo de referente, únicamente se cuenta con una cifra oficial de 1 mil 791 denuncias relativas a 1 mil 830 personas desaparecidas en Coahuila, según la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado.

Nos mueve el dolor de las familias, los esfuerzos gigantes por encontrar a sus seres queridos y exigir justicia mientras se les criminaliza y desprecia. Algunas temen que la comunicación a la CPI resulte en represalias, que se terminen los apoyos o se niegue la atención por parte del Estado. Si fuese el caso constituirían violaciones a derechos humanos y un ejercicio coercitivo del poder, por medio del chantaje. Las víctimas tienen derecho a exigir los más altos estándares internacionales en la consecución de la verdad, la justicia, y la reparación, y el Estado tiene la obligación de satisfacer esos derechos. Acudir a los órganos internacionales no tiene otro propósito que incentivar el logro de esos estándares.

No dejamos de reconocer los avances de política pública en Coahuila para atender las necesidades de las víctimas indirectas de la desaparición de personas, las reformas legales y los pasos incipientes de un ambicioso programa de recuperación e identificación de restos, todos ellos sin precedente en el país y un ejemplo para otras entidades; pero en materia de investigación y búsqueda los resultados son casi inexistentes.

Acudimos a la CPI porque en estos diez años de la llamada “guerra contra el narco” el Estado mexicano ha sido incapaz de investigar y procesar a los responsables de crímenes atroces como los que hemos documentado en Coahuila. En el ámbito federal las denuncias de desaparición forzada tienden a ser enviadas a las entidades federativas donde se cometieron los crímenes, no obstante el vínculo evidente con el crimen organizado. A nivel local, en el mejor de los casos, se investigan como delitos aislados del fuero común. En los muy contados casos donde existen personas procesadas, son apenas algunos autores materiales, sin tocar jamás a las estructuras criminales que han hecho posible el estado de terror en que ha vivido la población civil. Los juicios de Texas nos dan una idea de estas redes tripartitas, cárteles, funcionarios y empresas, coludidas y detrás de esos crímenes. En suma, delitos contra la humanidad se investigan como delitos aislados en el fuero común. De allí que sean muy pocos los desaparecidos que se localizan y que no existan más que un puñado de sentencias por desaparición forzada.

Coahuila no es la excepción como parecerá evidente, es sólo una pieza de un contexto regional que incluye el noreste del país y de allí se extiende al resto de la República. La impunidad es la principal razón de que el cáncer de la macro criminalidad se extienda a lo largo del país y que cargue con víctimas inocentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Después de presentada la comunicación a la CPI, comienza un estudio por parte de la Fiscalía, de las alegaciones, evidencias e indicios presentados, para calificarlos en el marco de lo que establece el Estatuto de Roma. Haciendo un análisis comparativo de investigaciones preliminares en otros países del mundo, varios expertos han coincidido que la calidad de esta comunicación está por encima de los estándares, por tanto se esperaría que califique para una investigación preliminar.

Posteriormente, la Fiscalía de la CPI indagará cuáles son los esfuerzos nacionales para tratar estos crímenes o si es necesario que intervenga en complementariedad. Hay evidencia de sobra que señala cómo las investigaciones son prácticamente inexistentes e insuficientes, y más aún, tendentes a encubrir a los perpetradores e investigar a las víctimas, como en el caso Ayotzinapa y otros ejemplos de espionaje ilegal e inmoral.

Dadas las condiciones, por la vía del derecho internacional, la CPI será competente para investigar los crímenes contra la humanidad en Coahuila y quizá en otras partes del país, si en el conjunto del análisis con comunicaciones anteriores, consideran que hay información suficiente para abordar otros casos ya sometidos al conocimiento de la Fiscalía.

Una mirada de Estado permitirá apreciar que lejos de ser una amenaza, es un reto y también una oportunidad para el Estado mexicano. La intervención de la CPI nos ayudará a subirnos a las vías del estado de derecho y la justicia, que hoy se encuentran descarriladas. Si el gobierno mexicano no quiere la intervención de la CPI, deberá establecer entonces, con el apoyo de la misma Fiscalía y la comunidad internacional, un órgano independiente e imparcial, internacionalizado y de carácter extraordinario, con el mandato de investigar crímenes atroces y procesar a los responsables, desmantelando las estructuras de macro criminalidad que hoy tienen sometidas a nuestras instituciones nacionales de justicia.

Apelamos a aquellos dentro del gobierno que conservan una perspectiva de Estado, para que busquen junto con las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de víctimas, salidas a la impunidad que carcome día con día al país y brindarles a las víctimas la justicia que merecen.

Atentamente,

Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México; y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; en asociación con: Asociadas por lo Justo; Casa del Migrante de Saltillo Frontera con Justicia; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Federación Internacional de Derechos Humanos; Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar Centro de Análisis e Investigación; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Pastoral Penitenciaria de Saltillo; Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo; Servicio de Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Servicio y Asesoría para la Paz; Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República

[NUESTROS LECTORES]

 

Contralínea 548 / del 17 al 23 de Julio de 2017

Comments

comments