Por motivos de “seguridad nacional”, el gobierno federal ha decidido reservar por más de 20 años los contratos que comprueban la adquisición de equipos tecnológicos para la intercepción de llamadas telefónicas y mensajes que habrían sido utilizados para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, como lo reveló la semana pasada el periódico The New York Times. 

Desde julio de 2012, Contralínea publicó una investigación periodística en donde confirma que fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los últimos 3 años del gobierno del panista Felipe Calderón, la responsable de la compra y operación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus para el monitoreo de smartphones, con capacidad para intervenir 400 BlackBerry, 100 symbian y 100 android, según los contratos confidenciales en poder esta publicación.

En los 3 últimos años (2010-2012) de la administración calderonista, la Sedena, a cargo entonces del general Guillermo Galván Galván, asignó sin licitar 18 contratos a proveedores privados extranjeros por más de 10 mil millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios que son  utilizados en las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas (Oficio de papel, 1 de julio de 2012).

La justificación de dichas compras multimillonarias, adjudicadas de manera directa y amparadas en el marco legal de la seguridad nacional, era que el Ejército contara con un moderno equipo tecnológico y de comunicación “para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico)”. Dicha adquisición fue autorizada por el Comité de Compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa.

Derivado de esos 18 contratos otorgados de manera directa a dos proveedores extranjeros –AV y D Solutions, SA de CV, y Security Tracking Devices, SA de CV­–, algunos generales de la Sedena presentaron varias denuncias ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por supuestos actos de corrupción y desvíos de recursos públicos. Las irregularidades se presumían en ocho contratos, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, “destinados a la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército”.

La delicada investigación, iniciada en el último año del gobierno calderonista, fue mandada al archivo para evitar causar un escándalo mayor y frenar a los generales que en ese entonces aspiraban a suceder a Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fue también en julio de 2012 cuando el secretario de la Defensa ordenó al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizar una investigación interna para descubrir a los militares responsables de las filtraciones y denuncias, especialmente en la Oficialía Mayor y en la Subsecretaría, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda (actual titular de la Defensa) y Carlos Demetrio Gaytán, respectivamente.

Los ocho contratos de la Sedena en poder de Contralínea, y que el gobierno se niega a transparentar, fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación, la cual resolvió lo siguiente:

Contrato de Fase 1: instalaciones adecuadas

La adquisición de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue pactada con Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, bajo el contrato 455000033 con folio SAITE-1203/2010. Como en todos los contratos auditados, los productos y servicios fueron adquiridos, administrativamente, por la Subdirección de Adquisiciones de Informática, Transmisiones y Electrónica, dependiente de la Dirección General de Adquisiciones.

El monto total fue de 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control acorde con los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases.

También en esta primera fase se contemplan cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores.

La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869, con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.

Contrato de Segunda fase: integración de la Plataforma Pegasus

La compra de los bienes y servicios que integran la Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda, se realizó por medio del contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices.

La Sedena siguió remodelando lugares de trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 symbian y 100 android.

Los pagos, que ascendieron a 1 mil millones de pesos se realizaron también por medio de transferencia bancaria a la cuenta citada.

Contrato de Tercera fase: Pegasus, el espionaje total

La adquisición de la Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional está amparada por el contrato 4550000006, con folio SAITE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha de todo un sistema de espionaje del que incluso se explicitan la funciones en el documento que la Sedena firmó con Security Trackin Devices.

Entre los “componentes” del Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos se encuentra la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone”, para 400 usuarios.

Con este tipo de software, los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.

Todo podrá ser realizado sin que sea detectado por los usuarios espiados, aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías: una de las características de los productos es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.

El espionaje no se reduce sólo a los aparatos de cómputo, de telefonía y radial. La Sección Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, con un costo de 90 millones 417 mil 600 pesos. El monto total del contrato, que incluye también más adecuaciones a los edificios, ascendió a 1 mil millones de pesos.

Además de los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sedena celebró otros para la Sección Segunda, que complementaban proyectos como Plataforma Pegasus.

Todos se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices. Se trata de cinco convenios para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; otro sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético, y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. A cada adquisición correspondieron los contratos 4500006718 (por 300 millones de pesos); 4500006876 (por 249 millones 999 mil 999); 4500006908 (por 200 millones); 4500000147 (por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1 mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectivamente.

Todos los contratos contienen una cláusula de confidencialidad, que obliga a las partes a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dice: “Guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal, como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso…” Sin embargo, esto ya es público.

Contralínea 545 / del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017