Organizaciones de la sociedad civil que participaron en el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigen a la administración de Enrique Peña cumplir con las recomendaciones hechas por el organismo internacional el pasado 8 de junio y a privilegiar los derechos humanos y sociales en vez de los intereses privados.
Previo a la presentación del Informe final del Grupo de Trabajo, el Estado mexicano declaró en Ginebra que trabaja para garantizar el derecho a la consulta de los pueblos afectados por megaproyectos de empresas tanto estatales como privadas. Declaración que las organizaciones desmienten.
“Desde [la] sociedad civil recordamos que, en el caso de los apicultores mayas en contra de la soya genéticamente modificada de Monsanto, las comunidades han denunciado: ‘Lejos de que la ley nos ayude con la consulta está sirviendo para violar nuestros derechos. En cada una de las seis sesiones de la consulta ésta es en un ambiente de confrontación’”.
A 4 días de presentadas las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU, las organizaciones destacan la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora, que despojó del recurso vital del agua a la comunidad indígena Yaqui. En este caso, “las consultas no fueron previas, sino el resultado de una sentencia de la Suprema Corte y éstas se dieron en un ambiente de criminalización”.
Por ello, recuerdan que el Grupo de Trabajo de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Pues durante los trabajos, los representantes de la ONU constataron “la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social”.
Para el Grupo de Trabajo, “las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”.
Otra recomendación que destacan las organizaciones es la urgente investigación y sanción a los ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
“En el Informe [final], el Grupo de Trabajo establece que ‘los defensores de los derechos humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan desempeñar su importante función. En vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán’.”
Las organizaciones de la sociedad civil refieren otras dos recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU: que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales, y que se elabore un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos con la participación de múltiples interesados, incluidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones empresariales nacionales, los sindicatos sectoriales y representantes de las comunidades indígenas.
Por lo anterior, hacen un llamado para que el Estado mexicano se reúna con las organizaciones para diseñar una estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
En el Grupo de Trabajo participaron: Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; Bios Iguana; Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País; Cartocrítica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos; Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Centro de Reflexión y Acción Laboral; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Colectivo Sí a la Vida, No al Basurero Tóxico en Noria de la Sabina; Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales; Comités de Cuenca Río Sonora; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali; DECA Equipo Pueblo; DH Rayoactivo; Barzón Chihuahua, Greenpeace México; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas; Oxfam México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros.
Nancy Flores
