El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que la ejecución extrajudicial del joven indígena Antonio Vivar, a manos de policías federales, no sólo permanece impune, sino que el proceso de justicia se enfrenta a la indiferencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Antonio Vivar fue asesinado en Tlapa, Guerrero, el 7 de junio de 2015 y, a 2 años del crimen, la investigación a cargo de la PGR no tiene avances significativos, señala la organización. Agrega que dicha “dependencia no sólo mantuvo estancada la indagatoria por más de 1 año, sino que ha invertido la carga de la prueba hacia los familiares, a quienes les han exigido que ofrezcan pruebas para acreditar que fueron policías federales los que dispararon en contra del joven Ñuu Savi, omitiendo con esto su obligación de investigar”.
Para Tlachinollan, las autoridades se centran en la criminalización de las víctimas de los hechos sucedidos en la jornada electoral de 2015 guerrerense, por lo que aún no se establece siquiera la identidad y responsabilidad de los policías federales involucrados.
“La ejecución extrajudicial de Antonio Vivar forma parte del uso excesivo de la fuerza que realizan las autoridades en contra de las manifestaciones pacíficas de la población, y se suma a otros hechos lamentables como Tanhuato, Arantepacua, Nochixtlán e Ixmiquilpan. La intervención que en este caso hizo la Policía Federal también incluyó el uso de armas letales para contener una manifestación pública, lo que viola flagrantemente los estándares internacionales de derechos humanos.”
La organización de defensa de los derechos humanos recuerda que los días en los que se dio esa ejecución extrajudicial eran tensos en Guerrero y en todo el país, “pues derivado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa varias organizaciones sociales protestaban contra las elecciones y el sistema político corrupto que había dado pie a aquellos hechos”.
Indica que en Tlapa varios movimientos sociales protestaron contra las elecciones y fue en ese contexto que “la Policía Federal recorría las calles tratando de silenciar a los inconformes, con detenciones arbitrarias, golpes y torturando a más de una persona”.
Por ello, dice, “el pueblo vio preciso replegar a los efectivos en la capilla del Tepeyac para evitar más actos en contra de la población. Posteriormente, los policías federales sin la más mínima provocación abrieron fuego, impactando con precisión milimétrica una el pecho del joven Antonio”.
A 2 años del crimen, Tlachinollan solicita a la PGR agilizar las investigaciones, a fin de procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz.
A través de un comunicado también exige investigar ampliamente a la Policía Federal y fincarle responsabilidad a los altos mandos por el uso de armas letales en manifestaciones públicas y el uso desproporcionado de la fuerza pública; alto a los asesinatos de líderes sociales en el país, y hace un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que retome la queja iniciada y emita una recomendación considerando las graves violaciones efectuadas por autoridades federales y estatales con el fin de investigar, sancionar y reparar los daños a las víctimas.
Nancy Flores
