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Sin vivienda ni salario seguros, con extenuantes jornadas de más de 16 horas, expuestos al maltrato y al abuso de enganchadores, capataces y empresarios, alrededor de 9 millones de jornaleros languidecen en plantaciones de todo el país. Las políticas públicas ignoran a esta población al grado de que ni siquiera se cuenta con un censo confiable

Su hermana parió en la calle, sobre la banqueta que da a la entrada del Centro de Salud José María Pino Suárez, de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Llegó al servicio de urgencias y la burocracia hacía de las suyas; le pedían su papeleo, que si había asistido a revisión médica, que sí traía carnet… los dolores se intensificaban, el bebé venía en camino.

Los encargados de brindarles atención médica pedían papeles, “pero hay mujeres jornaleras que no sabemos ni pedir ayuda en español, nosotros hablamos nu’ saavi, y a mi hermana no la atendieron aunque ya iba con dolor de parto”, relata Lucy, una jornalera agrícola que se ha visto obligada a bajar de la montaña de Guerrero en busca de mejores condiciones de vida.

Lucy Peña Four tiene 28 años y ha vivido en los campos agrícolas de otros estados desde que tiene uso de razón. Recuerda que desde niña se ha montado en camiones de redilas, con los suyos, para salir de la extrema pobreza que lastima la región. Ella creció entre los surcos de las agroempresas instaladas en Baja California, Zacatecas y Jalisco. Va y viene de un lado a otro, a donde haya trabajo. Vive donde mejor le convenga. A la montaña ya casi no sube, la ha ido dejando.

Es madre de dos niños, de ocho y dos años de edad, a quienes deja con su pareja mientras ella va a trabajar. “Nos turnamos por temporadas para cuidarlos; cuando él tiene trabajo, yo los cuido y al revés. Es la única forma en que podemos hacerle para trabajar los dos y no dejarlos solos”, dice en entrevista.

Sabe del riesgo que corren sus hijos en los campos agrícolas, ellos no tienen atención médica y ha habido muertes en el área de trabajo: “los han atropellado, y qué es lo que hace el patrón o el encargado, les compra el silencio a los padres, sólo les da unos cuantos pesos para que se callen y no haya justicia”, comenta.

Manuel Oliviera Anzueto, director de igualdad laboral para jornaleros indígenas, jóvenes y personas privadas de su libertad en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asegura que sí hay una política de atención para erradicar el trabajo infantil en la agricultura y dice que en 10 años se ha disminuido en 50 por ciento el trabajo infantil.

“Sin embargo, hace falta fortalecer las acciones y darles un enfoque más sistémico, porque sacamos de trabajar al niño de la agricultura y qué pasa, ¿hay fortalecimiento en la estructura de los sistemas para atenderlo en su educación, salud, alimentación? Habría que ver, ese es el área de oportunidad, fortalecer esa coordinación para poder dar alternativas”, comenta.

Sin garantías

Información del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, indica que la pobreza extrema, discriminación y exclusión son los patrones con quienes conviven día con día los jornaleros agrícolas desde sus lugares de origen.

La falta de trabajo y acceso a los derechos básicos a la alimentación, salud y educación obliga a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar en los campos agrícolas la oportunidad que les permita sobrevivir.

El forzado éxodo es el impacto de la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.

Según los registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los estados a los que migra la población jornalera de Guerrero son: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente) —por lo menos 90 por ciento de estas zonas enfrentan delincuencia organizada—.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indican que en México la población mayor de 15 años de edad ocupada en el trabajo agrícola es de 5 millones 538 mil 979 personas.

La ENOE muestra que de estos millones, el 56 por ciento son agricultores y el 44 por ciento trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros). Con respecto al género, entre los trabajadores agrícolas el 89 por ciento son hombres y 11 por ciento mujeres.

Entre el olvido y el peligro

Los migrantes del país, los más pobres, viajan hacinados en vehículos en mal estado. El peligro los acecha en las terracerías y las carreteras. Castro Solano, de la comunidad Colonia de Guadalupe, Tlapa, en la región de La Montaña de Guerrero denuncia el olvido que hay por parte de las autoridades y la falta de auxilio.

El hombre, originario de uno de los municipios más pobres del país, recuerda el accidente ocurrido el año pasado en el norte del país: “una camioneta grande, en la que viajaban cinco niños que pretendían cambiarse de trabajo (viajaban de Torreón, Coahuila, al municipio Escalón, en Chihuahua), se volcó”.

Luego, dice Castro Solano en el marco del foro: Jornaleras y jornaleros agrícolas. Presente y futuro, “este año (entre enero y abril) se murieron cinco de nuestro pueblo; una mujer y cuatro niños, en Sinaloa. Hasta ahorita no sabemos nada de nuestro gobierno. Solamente los de Tlachinollan [organización defensora de derechos humanos] son los que luchan por nosotros  y nos ayudan a regresar a algunos cuerpos a su origen. Cada año, de mi comunidad se mueren dos o tres niños y, a veces, se entierran donde estén o se los llevan al [lugar de] origen”, denuncia.

“En su traslado, los accidentes automovilísticos, los retenes policiales y militares son algunas de las arbitrariedades a las que las familias jornaleras se enfrentan”, documenta el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Mientras, el Catálogo de Localidades de la Secretaría de Desarrollo Social indica que Tlapa de Comonfort, lugar de origen de Castro Solano, evidencia que en esta región la pobreza existe en todas sus clasificaciones. El documento oficial indica que ahí viven 81 mil 419 personas, de las cuales 38 mil 122 sobreviven en “pobreza extrema”; es decir que el 45.76 por ciento de pobladores de ese municipio no tiene ni para comer.

En lo que respecta al grado de marginación, según muestra la Sedesol, 15 mil 127 se encuentran en un muy alto grado de marginación (44.07 por ciento); 65 mil 774 (26.27) en un grado de marginación alto y apenas el 0.85 por ciento, que representan 39 personas, tienen un grado de marginación medio.

Migrar desde el sur

El norte, para miles, aparenta oportunidad. Pareciera que no es necesario salir del país cuando miras hacia arriba en busca de mejorar tus condiciones de vida. Abraham Gómez, de la Coalición de Indígenas Migrantes de Chiapas, ha sido uno de esos miles que buscan huir de la miseria que agobia a sus pueblos.

Cada viaje implicaba recorrer una distancia de más de 2 mil 200 kilómetros, aproximadamente. Los padecían con la precariedad en que viajaban y el hambre que tenían que aguantar. Y cuándo parece que las cosas cambiarán para mejorar llegan los abusos, violaciones laborales y explotación.

Abraham, quien empezó a migrar en el 2007 rumbo a los campos agrícolas de Sonora, se dio cuenta de que los problemas inician desde el momento mismo en que se entabla relación con un reclutador o enganchador, quien ofrece buenos empleos, pero cuando se llega a las plantaciones la realidad es otra.

“Llegas al campo y no tienes los servicios necesarios. Todo es una cadena de violaciones a los derechos de los jornaleros: somos explotados como migrantes y trabajadores, las condiciones de vida y de trabajo son de esclavitud”, relata.

Él mismo sufrió esta situación en un campo llamado Casas Grandes, en aquella entidad. “Fuimos contratados y, supuestamente, el camión que te lleva de Chiapas a Sonora te tiene que regresar y no pasó así. Se habla de un contrato pero no se hace un contrato formal y tú como jornalero si haces valer tu derecho, el patrón te desconoce, dice que no eres su trabajador”, comenta.

La esclavitud moderna

“Vivimos en condiciones infrahumanas”, suelta Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), originario de San Martín Itunyoso, Oaxaca (este municipio está catalogado con un “muy alto” índice de marginación. En él habitan 2 mil 460 personas).

El SINDJA es la primera organización constituida como sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y respalda a los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes incluso han parado labores y protestado por las condiciones de explotación en la que trabajan en la pisca de alimentos.

Es muy común que en este trabajo los patrones registren a los jornaleros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir con el requisito requerido por la Ley; pero son dados de baja en los primeros días para no pagar la cuota correspondiente, acusa el líder sindical.

No acaban de entender que “nadie deja su pueblo de origen por gusto o a sus hijos. Es por una necesidad, y esa necesidad no ha sido porque los jornaleros seamos personas flojas, que no les guste trabajar, que solamente estemos tendiendo la mano para que el gobierno nos de comer; sino que las políticas públicas del gobierno no han funcionado lamentablemente y los beneficios y proyectos productivos no han llegado a las manos de los campesinos del país”, dice en el marco del foro, llevado a cabo en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Lorenzo es jornalero activo, trabaja desde los 15 años en los surcos de Baja California “porque en mi pueblo no hay oportunidad para poder superarse, para poder llegar a tener una profesión”, dice.

El 17 de marzo de 2015 miles de jornaleros “nos cansamos de vivir todo este tipo de explotación; decidimos dejar el miedo a un lado, organizarnos y alzar la voz, porque todo el gobierno se ha hecho de oídos sordos, los sindicatos de protección y los empresarios”.

El líder de los jornaleros señala a los culpables de la miseria de estos trabajadores: “Los principales culpables son el gobierno, porque no crea políticas públicas que realmente puedan beneficiarlos, que puedan aplicar para que a un jornalero se le pueda vigilar que se respeten sus derechos mínimos, humanos y laborales establecidos en la constitución.

“El segundo culpable es el empresario, porque de acuerdo con la ley Federal del Trabajo, al momento de contratar a los trabajadores, tiene la obligación de afiliarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgarles todas las prestaciones que la misma ley establece.

“El tercer culpable son los sindicatos de protección que han sido cómplices durante años junto con el gobierno y los empresarios para que se den estas condiciones de esclavitud moderna, en pleno siglo XXI. El punto principal aquí es la corrupción, los delegados que nombra para que no se violenten esos derechos no han sido capaces de hacer su trabajo porque les encanta el dinero, hasta el día de hoy no hemos conocido un sindicato que luche por los trabajadores”, dice.

Las carencias

Isabel Margarita Nemecio, representante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, dice que la organización se ha enfocado en la demanda de cinco puntos principales:

  • Se necesita un registro actualizado de los jornaleros en México, para poder instrumentar políticas integrales que realmente atiendan a la población.
  • Se debe mejorar la articulación de las autoridades en los tres niveles de gobierno, para mejorar el impacto de los programas públicos
  • Se deben revisar las reglas de operación de los programas existentes para asegurar que tengan mayor potencial de impactar positivamente en la protección de los jornaleros agrícolas migrantes, principalmente el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), operado por la Sedesol.
  • También pidió contar con indicadores cualitativos y de impacto que permita medir los efectos en la población jornalera agrícola de estos programas.
  • La Red se unió a las exigencias del SINDJA en Morelos para que los dueños del ingenio Beta San Miguel (el más importante del país) y la Unión local de productores de caña de azúcar lleguen a una negociación con los cortadores de caña.

Contralínea 541 / del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2017

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2 Comments

  1. Margarita Rodríguez / Mayo 30, 2017 at 11:29 am

    Como en tiempos de Don Porfirio

  2. Arturo Tovar / Mayo 31, 2017 at 11:08 pm

    y qué hace su gobierno priista por defender sus derechos? NADA DE NADA. Prefiere las CASAS BLANCAS Y LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO A NOMBRE DE GAVIOTONES.

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