“En México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad”, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales en el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller.
A través del el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México, exponen las principales fallas de las políticas públicas instrumentadas por el Estado mexicano en esta materia.
El informe indica que la política hídrica en México “por un lado fomenta la sobreexplotación y contaminación del agua otorgando miles de concesiones a industrias extractivas y permitiendo contaminar mientras se pague”.
Entre los casos que menciona el documento se encuentra el derrame de desechos tóxicos de una mina del Grupo México en el Río Sonora. “El costo de remediación se evaluó en más de 20 mil millones de pesos, pero la empresa responsable pagó solo 23.5 millones –casi mil veces menos- de multa por el ‘accidente’”.
Contralínea (http://bit.ly/2lZmbGc) documentó que Buena Vista del Cobre, SA de CV, la misma que derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, han sido catalogada como una de las que incumplen con la legislación ambiental mexicana; así como con el pago de impuestos (Edición 529).
También menciona que “al crear estas presiones hídricas se fomenta entonces la industria de la construcción de mega obras, como los acueductos y mega-presas, para desplazar el agua de una cuenca a otra, como el caso de la construcción de la Presa El Zapotillo y su Acueducto Zapotillo León, en Jalisco, generando grandes conflictos sociales e impactos ecológicos, para entregarla a la agro-exportación y la industria extractiva”.
Con esta obra se pretenden desplazar a más de 800 personas de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para construir la presa El Zapotillo (http://bit.ly/2r1VRkw). No hay consulta pública ni estudios de impacto ambiental aún del proyecto, la construcción se planea sobre el Río Verde con la que se hundirán los pueblos de los altos de Jalisco.
El Informe, entregado a Léo Heller, presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95 por ciento de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.
Alerta sobre el hecho de que “la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.
Las organizaciones manifestaron que el ejercicio del derecho al agua en México “se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso”.
Las organizaciones denunciaron al relator de la ONU sobre la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la situación de sus fuentes hídricas.
Léo Heller realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En aquellos lugares, observó la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento.
En este contexto, las organizaciones y redes hicieron un “enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras”.
Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.
